22 de agosto de 2019
22 de agosto de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En el debate intervienen la Fiscalía General N°2 con la colaboración de Protex
El MPF pidió penas de hasta 17 años de prisión en el juicio a cinco acusados de explotar un prostíbulo vip en Palermo
Además, solicitaron el decomiso del local, del estacionamiento lindante -propiedad de los imputados- y del dinero que fue encontrado en una cuenta en Suiza. Están acusados de explotar sexualmente al menos a 17 víctimas en situación de vulnerabilidad en el local que funcionaba bajo la fachada de “confitería” sobre la avenida Córdoba.

Ante el Tribunal Oral Federal N°4, los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo solicitaron ayer por la tarde penas de entre 10 y 17 años de prisión en el marco del juicio oral y público a cinco personas acusadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de al menos 17 mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo “Río Cabaña”, ubicado en avenida Córdoba 4937, en el barrio porteño de Palermo. En el debate interviene la Fiscalía General N°2 a cargo de Abel Córdoba, con la colaboración la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Además, requirieron el decomiso del dinero de una cuenta que los dueños abrieron en Suiza equivalente a un millón de dólares, del inmueble donde funcionaba el prostíbulo y del estacionamiento que se encontraba al lado del local y que también es propiedad de los acusados. Los representantes del MPF pidieron asimismo que se restituya a las víctimas la suma de 16 millones de pesos y que luego se destine el remanente al Fondo de Asistencia a las Víctimas del delito de trata de personas. Por último, solicitaron como medida reparatoria la publicación de un extracto de la sentencia en el diario Clarín, ya que los avisos de oferta laboral engañosa que posibilitaron la captación fueron publicados en ese medio.

Los principales acusados son los dueños del local Horacio Alejandro Saran y Graciela Tomasi, para quienes la Fiscalía solicitó penas de 17 años de prisión y la pena máxima de multa, de $125.000, por considerarlos coautores del delito de trata de personas. Otro de los integrantes de la red es el hermano de Horacio, Silvio Ángel Tomasi, que habría funcionado como la mano derecha de la pareja y encargado de la barra de Río Cabañas. Por su parte, Gerardo Alberto Ketterer también habría oficiado como encargado general del local. Para ambos, el MPF solicitó penas de 12 años de prisión y el máximo de pena por multa por considerarlos coautores. Finalmente, Juan Carlos Milla habría tenido una función menos jerárquica dentro de la red, pero también se habría desempeñado como otro de los encargados. Los fiscales solicitaron 10 años por considerarlo partícipe necesario. Todos ellos se encuentran detenidos desde septiembre de 2018.

Como medida reparatoria, los fiscales pidieron la publicación de un extracto de la sentencia en el mismo diario que publicó las ofertas laborales engañosas que posibilitaron la captación.

Todos fueron acusados en orden al delito de trata de personas agravado por la utilización de medios comisivos y por la explotación económica del ejercicio de la prostitución de dos personas, y por el sostenimiento, administración y regenteo de una “casa de tolerancia”. Para los fiscales, los cinco imputados se involucraban con distintos grados de responsabilidad y poder de decisión. “Se trata de una organización criminal aceitada conducida por el matrimonio. Las ganancias comerciales estaban concentradas en ellos dos”, afirmaron.

En sus alegatos, los fiscales señalaron que en las planillas secuestradas durante el allanamiento que se realizó en el 2014 contabilizaron un total de 57 mujeres diferentes que estuvieron entre enero y febrero de 2013. Además, destacaron que a través de la investigación se estableció que los dueños abrieron una cuenta en Suiza que al 2017 tenía un valor (entre efectivo y valuación de acciones y bonos) de más de un millón de dólares.

En primer lugar, el fiscal Colombo hizo referencia al local, su ubicación y sus principales características. En ese sentido, describió la forma en que se publicitaban sus "servicios" y aseguró: “Este comercio estaba dirigido al género masculino para que acudieran a este lugar a consumir sexo como si fueran camisetas de fútbol. La sociedad patriarcal permite la existencia de este tipo de lugares. De esta forma se naturaliza este fenómeno y se inhibe a las víctimas, las deja en un lugar de menor acceso a la justicia”.

También se puso de relieve la gran cantidad de mujeres que había en el prostíbulo: “Había un nivel de captación y rotación muy importante. Todos los testimonios coincidieron con este punto”. Y continuó: “Este prostíbulo también tenía estacionamiento propio. Así lo indicaban los avisos publicitarios. Y había un pasaje secreto entre dicho lugar y el prostíbulo. El punto central de lo que nosotros sostenemos es que estaba arreglado con un hotel llamado Rampa Car, ubicado a pocas cuadras de Río Cabañas, donde se realizaban los 'pases' de manera segura. En ese sentido, la documentación secuestrada en el allanamiento es muy gráfica y luminosa. Se trataba de un prostíbulo con cama afuera”.

Sobre el proceso de captación, el fiscal dijo que se daba mayoritariamente por avisos publicados en el diario Clarín y/o por referencia de personas conocidas. “Los avisos fueron todos engañosos respecto de lo que iban a hacer verdaderamente en el lugar”, señaló.

También hizo referencia a la “altísima” vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas y al estricto control que ejercían sobre ellas, ya que en los “libros de pases” se pudo verificar el registro de la cantidad de salidas que realizaban las mujeres con sus respectivos horarios de ingresos, salidas, cantidad de copas por cada noche junto a las multas que les aplicaban por llegadas tarde y/o ausencias. “También existía un sistema de control de los ‘pases’ realizados en Rampa Car. A su vez, existía la posibilidad de entregar a las mujeres por plazos más largos o toda la noche”, añadió el representante del MPF. Asimismo, hizo hincapié en el maltrato que muchas víctimas dijeron haber recibido por parte de los “clientes”.

El fiscal Colombo hizo referencia a la “altísima” vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas y al estricto control que los acusados ejercían sobre ellas.

Finalmente, Colombo aludió a la disposición del lugar, que describió como un “laberinto”, según el relato de varios testigos: contaba con una puerta secreta que, bajo la fachada de una pared espejada en uno de los baños, conducía a las oficinas de los dueños y una habitación con lockers donde las mujeres debían cambiarse.

Por su parte, Mángano sostuvo que este caso fue llevado adelante por "una organización criminal que tiene distintas escalas de responsabilidad”. La fiscal resaltó los hechos de violencia física, psicológica, las amenazas y la coerción económica de la que fueron víctimas las mujeres que allí se encontraban. “Hace falta destacar que el endeudamiento inducido es una forma de completar el abuso de la situación de vulnerabilidad”, resaltó.

Alejandra Mángano resaltó los hechos de violencia física, psicológica, las amenazas y la coerción económica de la que fueron víctimas las mujeres.

Finalmente, la fiscal introdujo el concepto de "control de la sexualidad ajena" para referirse al sistema establecido a través de estas planillas y cuadernos en los que se dejó asentado cuál iba a ser la retención, la constancia de haber realizado el "pase" y el hecho de no poder negarse a realizarlos. "En definitiva, también es descontarle los días que no iban o las llegadas tarde y los mil pesos que se les retenía cuando no concurrían al lugar de trabajo", graficó.

Un café-bar “exclusivo”

El local, que funcionaba bajo la fachada de confitería, estaba catalogado como “exclusivo” y “lujoso”, según los testigos que declararon en la etapa de instrucción y durante el juicio. Estaba orientado, en su gran mayoría, a “clientes” de origen asiático y de perfil empresarial. Abría sus puertas de 13 a 6 am, y las mujeres debían dividirse entre dos “turnos”.

El lugar disponía de una gran cantidad de cámaras de seguridad dentro y fuera del local y tenía la particularidad de contar con sitios ocultos y una puerta “secreta”, camuflada con espejos vidriados adentro de uno de los baños, a la que solamente se accedía a través de un botón automático que se encontraba debajo de la barra del lugar. Una vez que se abría, había una escalera que conducía a otro cuarto donde las mujeres se cambiaban y donde los dueños tenían sus oficinas con cajas fuertes. El día del allanamiento, una vez que se localizó este acceso, fueron encontradas tres víctimas más que estaban allí encerradas.

Según testigos, el local  estaba catalogado como “exclusivo” y “lujoso”, orientado, en su gran mayoría, a "clientes" de origen asiático y de perfil empresarial.

La investigación

La investigación se inició en julio de 2013, a través de una denuncia anónima al 911 en la que una persona indicó que dentro de la confitería “Río Cabañas” habría trata de personas y prostitución. Luego, se realizaron otras tres denuncias de manera independiente y todas confluyeron en la causa principal.

A partir de la pesquisa se estableció que los dueños del lugar captaban mujeres a través de anuncios publicitarios en medios gráficos que enunciaban la búsqueda de “meseras” o “efectuar presencias” en discotecas. Una vez allí, les indicaban que debían ejercer la prostitución. Los denominados “pases” debían realizarlos en albergues transitorios de la zona o en casas particulares.  Luego los encargados se quedaban con un porcentaje y además les descontaban “comisiones” y otros rubros como “multas”, que las aplicaban por ausencias, llegadas tarde u otras sanciones. El local funcionaba desde las 13 hasta las 6 am y las mujeres debían dividirse en dos turnos. Si se ausentaban debían presentar un certificado médico y no podían retirarse antes del horario establecido. Además, a las víctimas les descontaban el valor de las prendas que utilizaban para “trabajar”.

El juicio

El debate comenzó el 21 de marzo y a lo largo de las audiencias -de las que participaron los fiscales a cargo de la PRotex, Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, y el fiscal a cargo de la Fiscalía General n° 2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Abel Córdoba-, declararon 16 testigos, entre ellos policías que participaron del procedimiento, profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) y del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación.

Uno de los policías que declaró en el juicio describió al local “Río Cabañas” como un lugar “muy coqueto” y agregó que “adentro, casi siempre había chicas de otras nacionalidades”. Acerca de los "servicios" dijo que el precio “era más elevado que en cualquier otro lugar”.

Otras de las declaraciones más relevantes fue la de una gendarme que participó del allanamiento. La mujer relató que ingresaron sin hacer uso de la fuerza “porque era una whiskería” y que esa misma noche se realizaron varios procedimientos simultáneos que incluyeron el estacionamiento y un hotel cercano. La testigo recordó que en ese momento había 13 mujeres, dos “clientes”, un mozo y un responsable a cargo. Describió al lugar “como un laberinto”.