El titular de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales de Córdoba requirió diez años de prisión para un hombre acusado de explotar laboralmente al menos a 29 trabajadores -cinco de ellos menores de edad- en un ladrillero ubicado a la altura del kilómetro 5 de la ruta 19, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió además el decomiso de una serie de bienes propiedad del imputado, con el objeto de obtener una reparación a las víctimas.

Al exponer su alegato, la Fiscalía General mantuvo la acusación por la que llegó a juicio el único imputado, a quien le endilgó los delitos de trata de personas -agravada por la pluralidad de víctimas, la existencia de menores de edad, abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación laboral-, y por la facilitación de la permanencia habitual de extranjeros en situación migratoria irregular, agravada por la minoridad de las víctimas.

El fiscal consideró que a lo largo del debate, iniciado a fines de agosto, logró acreditarse no sólo las graves condiciones en que se llevó adelante la explotación -las víctimas vivían hacinadas, sin calefacción ni ventilación, con escasas posibilidades de comunicación con el exterior,- sino también la responsabilidad del imputado en el acogimiento de las víctimas, en su mayor parte de nacionalidad boliviana y en situación migratoria irregular.

El fiscal consideró acreditado no sólo las graves condiciones en que se llevó adelante la explotación, sino también la responsabilidad del imputado en el acogimiento de las víctimas.

Reparación a las víctimas

El MPF pidió que el decomiso de una serie de bienes, entre ellos el establecimiento rural donde se fabricaban ladrillos y varios vehículos con acoplados, a los que consideró instrumento y efecto de los hechos ilícitos traídos a debate, todo ello en función de brindar una reparación económica a las víctimas, tal como lo exige el artículo 29 del Código Penal. Para ello se tuvo en cuenta una investigación patrimonial elaborada con la colaboración de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). Fundamentó tal pedido en base a jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos, que contemplan la situación de víctimas vulnerables.

Asimismo, la Fiscalía requirió el decomiso de un conjunto de bienes generados por el acusado con anterioridad a los hechos analizados en la presente causa, con el objeto de que se proceda a su ejecución y se pague la indemnización correspondiente a las víctimas. De acuerdo a la estimación brindada ante el Tribunal, lo adeudado a los trabajadores alcanzaría la suma de 5 millones de pesos, cifra establecida a partir del cálculo de los salarios registrados laboralmente bajo el convenio de la actividad de cortadores de ladrillos. El MPF pidió el embargo preventivo de todos estos bienes hasta tanto la eventual sentencia se encuentre firme.