El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, suscribió junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la “Guía de buenas prácticas para la realización de allanamientos en la investigación de los delitos de trata y explotación de personas”. La firma del documento tuvo lugar esta mañana, en el Salón de Cuadros de la sede de la Procuración General de la Nación, sita en la calle Tte. Gral. Perón 667, en el microcentro porteño.

En el acto estuvieron también presentes los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); María Fernanda Rodríguez, Subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y, por el Ministerio de Seguridad asistieron Pablo Noceti, secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad; Diego Arenas, Director Nacional de Articulación y Enlace; Rodrigo Bonini, Director Nacional de Investigaciones y Carolina Barone, Directora Nacional de Políticas de Género.

La “Guía” tiene como finalidad “generar lineamientos básicos acerca de la importancia que el actor del allanamiento reviste en las investigaciones judiciales por los delitos de Trata y Explotación de Personas, así como aquellos aspectos que debe ser especialmente considerados al momento de su preparación y realización, relativos al estudio previo y a la identificación de las personas involucradas” consigna el documento.

La elaboración de la misma fue propuesta por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en el marco de la VII Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas -realizada en la ciudad de Neuquén en abril pasado- y de la Comisión Permanente para la Investigación, Persecución y Sanción de los responsables del delito de Trata de Personas, con el objetivo de resaltar el acto del allanamiento como procedimiento central en los casos de este tipo de delito y ante la necesidad de establecer, de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “pautas mínimas para que dichos actos sean realizados de la manera más eficaz posible y con el objetivo específico de que los funcionarios intervinientes logren, entre otros aspectos: tomar contacto adecuado con las víctimas, procurar un correcto abordaje de las situaciones de urgencia y emergencia que pudieran presentarse, tomar en consideración su posible situación de vulnerabilidad preexistente, reconocer la no punibilidad por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata, obtener una adecuada y razonable identificación del lugar y objetos utilizados con motivo de la comisión del delito, identificar y asegurar los bienes que pudieran ser objeto de secuestro”.

Los firmantes coincidieron en la importancia del allanamiento del lugar de explotación del delito de trata de personas, a los fines de obtener todo tipo de pruebas, identificar y detener a los presuntos imputados/as, identificar y asistir a las eventuales víctimas que allí se encuentren, e individualizar aquellos bienes que podrían haber sido utilizados para la comisión del delito o producto de este; al tiempo que reconocieron que la identificación y el aseguramiento de los bienes es crucial para que se vuelva a cometer el delito y para garantizar las eventuales reparaciones a las víctimas, preferentemente en el marco del proceso penal que se lleva adelante contra sus tratantes, o a través de la conformación del fondo de asistencia previsto en el art. 27 de la Ley 26.364.

La Guía brinda lineamientos sobre cuatro ejes: “Etapa previa de investigación”, “Importancia y objetivo del allanamiento, registro y secuestro”, “Operativo del allanamiento” y “Atención y Protección de víctimas y testigos en el lugar del hecho”