Treinta fiscales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y España, como representantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), participaron ayer y hoy en Barcelona, España, del II Taller de trabajo “La dimensión de género en la relación entre narcotráfico y trata de personas. Fortalecimiento de las capacidades de los Ministerios Públicos para un abordaje integral de la problemática”.

Tanto la AIAMP como el anfitrión Programa de la Unión Europea de cooperación con América Latina y el Caribe (COPOLAD), liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) de España, impulsan un diagnóstico regional para abordar con perspectiva de género los casos de mujeres y personas LGTBIQ+ en situación de vulnerabilidad criminalizadas por la venta de drogas.

La AIAMP participó del encuentro con representantes de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM), la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y la Red Especializada en Género (REG).

La actividad desarrollada en Barcelona constituyó la continuidad del primer encuentro celebrado en Buenos Aires el año pasado y permitió profundizar el análisis del informe diagnóstico elaborado en aquella oportunidad para trabajar en lineamientos comunes.

El objetivo estuvo centrado en desarrollar estrategias desde los ministerios públicos de Iberoamérica que atiendan a la posible condición de víctimas de trata de mujeres que trafican con droga. Se trata de situaciones complejas que obligan a replantear las estrategias desarrolladas hasta el momento para poner el foco en esos dos delitos interconectados.

Durante la actividad participaron también representantes de los programas de cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe de EUROFRONT, el Programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en América Latina y el Caribe (PAcCTO) y el Programa de Apoyo de las fuerzas de la ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú.

Los y las fiscales reflexionaron sobre la protección de las mujeres que, en su condición de víctimas de trata de personas, muchas veces con fines de explotación sexual, resultan coaccionadas por redes criminales y se ven involucradas en el tráfico y venta de drogas.

El encuentro promovió el intercambio de conocimientos sobre soluciones y estrategias de detección temprana, como la formación a equipos multidisciplinares que apliquen desde el inicio un enfoque diferencial de género y de derechos humanos, investigaciones de contexto y la generación de herramientas para un abordaje integral.

Esta implicación en esas actividades delictivas comporta riesgos para su propia vida, dado que suelen ingerir narcóticos o los ocultan en su cuerpo, y, si son detenidas, afrontan penas de cárcel. Esta singular situación añadió al debate las medidas penales alternativas a la prisión que se pueden aplicar en estos casos.

En ese sentido, los y las fiscales trabajaron sobre posibles indicadores de vulnerabilidad en mujeres y personas LGTBIQ+ imputadas en delitos de narcotráfico y compartieron buenas prácticas sobre investigaciones en clave de crimen organizado que permitan superar la inercia de acusar a los eslabones más bajos de las organizaciones y logren ascender en la cadena de responsabilidad.

El encuentro promovió el intercambio de conocimientos sobre soluciones y estrategias de detección temprana, como la formación a equipos multidisciplinares que apliquen desde el inicio un enfoque diferencial de género y de derechos humanos, investigaciones de contexto, la generación de herramientas para un abordaje integral, el principio de no criminalización y la relevancia de la investigación patrimonial y el decomiso de activos como incentivos para guiar la política criminal hacia las líneas medias y jerárquicas de las organizaciones.

El acento en la cooperación

La fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga de España, Rosa Ana Morán, señaló al respecto que “el fenómeno del narcotráfico es fundamentalmente transfronterizo, así que la cooperación siempre está en el centro de una buena investigación”.

“El principal interés es articular la colaboración entre las redes de fiscales a uno y otro lado del Atlántico, de manera que puedan generarse soluciones compartidas para situaciones que representan un desafío global, como es el caso de las mujeres víctimas de trata que son explotadas por las mafias del narcotráfico", indicó el director de COPOLAD III, Borja Díaz.

Por su parte, la coordinadora de la REDTRAM de la AIAMP y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano, destacó la importancia de compartir información de casos entre la red de trata y la red de narcotráfico para dar inicio a casos estratégicos trasnacionales: “Los Estados tienen el deber de identificar a las víctimas de trata de personas y este desafío incluye pensar en un mecanismo práctico que permita a los fiscales identificar a las víctimas de trata que pueden verse involucradas tanto en la fase de producción, así como de transporte y distribución de drogas”, expresó.

En tanto, la coordinadora de la Red Especializada en Género (REG) de la AIAMP y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, agregó: “La violencia de género todavía se concibe en algunas instancias como exclusiva del ámbito doméstico, pero la violencia de género está presente en la esfera privada, pública y en el ámbito delictivo. Por eso es tan importante este trabajo en red: no debemos poner el foco en los eslabones más débiles, sino en las cabezas de las organizaciones”.

La articulación de las redes de AIAMP con COPOLAD facilitó la organización del encuentro y resultó clave para entender y abordar la problemática común desde diversas miradas. La iniciativa está liderada por la FIIAPP y por la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA), en estrecha colaboración con el Ministerio Público Fiscal de Argentina y la Fiscalía General del Estado de España.