El titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, interpuso un recurso de Casación contra la resolución que dispuso la prescripción de una causa por la cual se investiga a un hombre acusado de haber administrado, sostenido y regenteado el histórico prostíbulo Doly’s, ubicado en el barrio porteño de Flores.

Los hechos habrían tenido lugar desde al menos el  14 de agosto de 2006 hasta el 17 de julio de 2010, día en que se llevaron adelante los allanamientos en los tres domicilios en los que funcionaba el prostíbulo como spa, bar y un último destinado a la realización de pases “vip”. En esa oportunidad, once mujeres fueron rescatadas.

En la investigación se determinó el valor de los "pases" así como que el pago a las víctimas se realizaba al finalizar la jornada, y que de las copas y los pases realizados les correspondería el 50%.  La mayoría de las mujeres rescatadas señalaron que cobraban con la modalidad de ticket, es decir, finalizada la noche debían presentar los tickets que se les fueron entregando de forma proporcional a los pases y copas realizados. Incluso algunas señalaron que en caso de perderlos no les abonaban a pesar que los encargados del lugar cuenten con un registro propio de lo "trabajado" por cada mujer. Finalmente, algunas expresaron que si no se cumplía con el tiempo de los pases abonado por cada cliente, les descontaban un porcentaje o la totalidad del valor del pase.

De acuerdo a las evidencias reunidas a lo largo de la investigación impulsada por Protex, se estimó una ganancia ilícita de entre 9.155.567 y  10.037.921 pesos durante el período imputado, esto es, agosto de 2006 a julio de 2010.

En septiembre de 2012, la Procuraduría especializada requirió al juez interviniente la elevación a juicio del principal imputado, el verdadero dueño del prostíbulo, y dos de los encargados identificados durante el allanamiento de 2010. En febrero de 2014, el magistrado hizo lugar.

Sin embargo, en agosto de ese año, la defensa de los imputados solicitó la suspensión del proceso a prueba, que fue rechazada por el juez interviniente ya en la etapa de debate, Gabriel Omar Guirlanda; en octubre de ese mismo año, la defensa interpuso recurso de Casación contra dicha resolución y finalmente, en abril de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió declarar inadmisible el recurso  interpuesto y el 31 de mayo la causa volvió a manos del juez de primera instancia.

Finalmente, el 9 de agosto de 2016 el magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional n°3 dispuso declarar extinguida la acción penal por prescripción respecto de este hecho.

Argumentos

Para Colombo, la prescripción de esta casusa no solo impide la persecución de este caso sino que también “pone en riesgo la continuidad de otros procesos” que se le siguen al principal imputado como la promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución de dos menores de edad, cohecho, y lavado de activos.

“Se trata de hechos cometidos con anterioridad y simultáneamente a los que aquí pretende juzgarse, conocidos y denunciados con posterioridad al inicio de este proceso, y por cuya comisión esta parte ha sostenido la calificación vigente en aquel momento, sin pretender, en ningún momento de esa imputación, propulsar un proceso contra el imputado por infracción a ninguna de las leyes nacionales que tipificaron y reprimen dicho delito en este país”, sostuvo el representante del MPF en su escrito. Y continuó: “Entonces, ante la existencia de causas en trámite en las que se ha instado la acción contra el aquí imputado y que tienen por objeto una hipótesis delictiva más gravosa –sobre lo que reiteramos, no implica una excepción a las disposiciones del debido proceso-, sumado al hecho de que no pueda descartarse sin más que en el desenvolvimiento del debate surja prueba que incluso permita calificar en un delito más grave los hechos aquí imputados, y correspondiendo a este Ministerio Público estar a la interpretación de los hechos que mantenga vigente la acción penal  es que estimo que una resolución como la que pretende V.S. impondría una solución definitiva y, posible y eventualmente contradictoria con el juzgamiento de los hechos investigados ante la Justicia Criminal, a riesgo de dejar impune hechos tan graves como los que se le imputan al nombrado en esa causa que opera actualmente como fuero de atracción”, señaló Colombo.

El representante del MPF precisó que  “los hechos bajo pesquisa de la Justicia Criminal tienen por objeto la prostitución de dos menores de edad, el homicidio de una de ellas como consecuencia de esta actividad, la compra de un barco entre el imputado y el por entonces comisario de la Seccional 38ª de la PFA entendida esta transacción como una ‘coima’ a cambio de protección entre aquél y este último, y maniobras destinadas a la inserción en el mercado de bienes de origen ilícito, algunas de ellas, incluso concretadas con posterioridad al período de imputación que aquí se le reprocha”.

“Es por ello que entendemos que resolver la prescripción por los hechos que tienen por objeto estos autos sin tener certeza sobre la responsabilidad que le cabría al aquí imputado por la comisión de otros delitos más graves y que guardan estrecha vinculación con los que aquí se le reprochan, iría contra lo normado por el art. 67, párrafo 4to. inc. “a” del CP.”, finalizó.

Otros antecedentes del caso

En línea con dichos argumentos, como consecuencia de otra investigación también iniciada por la PROTEX, se denunció la complicidad de la cúpula de una comisaría porteña por encubrir el funcionamiento del prostíbulo durante otro período. En esa casusa, los fiscales Fernando Fiszer  y Colombo  solicitaron la confirmación de los procesamientos, en junio de 2013, y luego la elevación a juicio, en mayo de 2014.