En una inspección realizada por AFIP el pasado 6 de febrero en la finca “Los Ávalos”, en la localidad de El Carmen, provincia de Jujuy, se constató que por lo menos ocho niños de entre 9 y 15 años se encontraban realizando actividades laborales relativas al encañado de tabaco en condiciones de profunda precariedad, y por lo que no percibían salario. Algunos de los menores manifestaron “colaborar con sus madres, pasándoles hojas de tabaco para que ellas encañen”. Sin embargo, pudo observárselos trabajar sin la compañía de ningún mayor de edad.

Del relevamiento realizado en el mismo operativo, y del efectuado en el posterior allanamiento, se desprende que en la finca viven más de treinta familias en condiciones extremas de falta de higiene y que evidencian el riesgo sanitario en el que se encontraban inmersos. Además, quedó demostrado, de acuerdo a lo descripto por los funcionarios de AFIP, “una marcada desatención o ausencia de los caracteres que permitan calificar esas condiciones como propias de la dignidad humana”. El predio cuenta solamente con seis baños para todas las personas que realizaban actividades laborales y aquellas que aún se encuentran alojadas allí.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) tomó conocimiento de la formación de la causa a través de los medios periodísticos y del contacto con el fiscal general a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Eduardo José Villalba, quien fue designado como fiscal coordinador de distrito de esa jurisdicción. De esta manera, se realizó un trabajo articulado.

El viernes 21 de febrero el fiscal elevó al juzgado el pedido de medidas de investigación que la Protex venía refiriendo, entre ellas, la del orden patrimonial respecto de los posibles responsables de la explotación, así como también la identificación de las presuntas víctimas, y la determinación de los costos de producción y otras particularidades de la actividad comercial del predio rural allanado.

La AFIP se presentó como querellante en la causa lo que resultó ser una fuente de información  muy importante para la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas para la elaboración de medidas para la investigación, orientadas a determinar, por un lado, las condiciones en las que se encontraban viviendo y trabajando todas víctimas de este caso, y a brindarles la correspondiente contención, y por el otro, a verificar quién es el administrador del campo que obtiene ganancias con el trabajo de los menores y sus familias.