El jefe municipal de la localidad de Lonquimay, Luis Rogers, se negó a declarar ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa en el comienzo del primer juicio contra un intendente y un comisario involucrados en un caso de trata de personas. Idéntica decisión tomaron Carlos Javier Fernández y su hermano, Eduardo Mauricio Fernández, quienes optaron por guardar silencio en el momento de ejercer su defensa material ante la acusación de ser el dueño del local nocturno y uno de los encargados, respectivamente, donde se desarrollaban las actividades ilícitas.

Por su parte, el ex subcomisario de esa jurisdicción, Carlos Adrián Alanis, y otro de los encargados del prostíbulo “Good Night”, Brian Martín Saxs, declararon pero negaron todas las acusaciones en su contra.

Rogers y Alanis están acusados de realizar un “blindaje” para el sostenimiento del local nocturno, dedicado a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, en la jornada de ayer declararon Gloria Liliana Abrate, una trabajadora adscripta a la comisaría de la zona y Jesica María Belén Pérez Fassi, una oficial de la policía de la provincia que intervino en el allanamiento.

El debate se reanuda esta mañana y proseguirá el lunes próximo.

El ex intendente Rogers y el subcomisario Alanis están acusados de realizar un “blindaje” para el sostenimiento del local nocturno.

El caso

La causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alanis y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernández.

El 12 de septiembre de 2009, un hombre nacido en la provincia de Santiago del Estero denunció ante las fuerzas policiales que su novia era retenida por el dueño del cabaret “Good Night”. Dijo que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral y que ahora no se le permitía irse del lugar por mantener una deuda con el dueño, quien le había facilitado dinero para adquirir medicamentos.

La mujer logró salir del lugar y dijo en una presentación espontánea ante la Policía de Santiago del Estero que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. En declaraciones ante la Fiscalía Federal de Jujuy refirió que aun estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que "no le importaba, que ella tenía que hacer plata".

El 24 de octubre de 2009, se realizó otra denuncia. En esa ocasión, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, contó ante la justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Alanis. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.

Como consecuencia de las denuncias, el 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en el "Good Night" en el que se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados las “copas” y los “pases” que realizaban.

En su declaración indagatoria durante la instrucción, Rogers había declarado: "el cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento".

A partir de la declaración de otras víctimas, se determinó que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo, obligándolas a entregar el 50 por ciento del dinero.

Otro testimonio en la causa fue el de Neli Haydeé Penzotti, quien se desempeñaba como viceintendenta de Lonquimay en el año 2009. La mujer declaró que Fernández concurrió a una sesión del Concejo Deliberante en cuyo transcurso debía decidirse la renovación de la habilitación, sin que hubiera solicitado estar presente previamente, como correspondía. En esa ocasión dicha persona hizo uso de la palabra y defendió la existencia del llamado cabaret.

Por todas las pruebas reunidas y luego de los reiterados pedidos, fueron procesados Carlos Fernández, acusado de ser el dueño del prostíbulo y otros dos hombres, uno de ellos hermano de Fernández, señalados como encargados del local nocturno.

Finalmente, la jueza Iara Silvestre ordenó el llamado a indagatoria del intendente y el subcomisario.

En su declaración indagatoria en la fase de instrucción, Rogers explicó: "el cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento". El intendente dijo que no encontraba motivos para cerrar el prostíbulo, aún contando con oportunas denuncias del INADI, y de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.