La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Alejandro Cantaro y revocó los sobreseimientos de un intendente y un policía involucrados en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Ambos imputados están acusados, junto a otras personas, de ser cómplices de una red que explotaba sexualmente a mujeres en un local nocturno denominado “Good Night”, ubicado en la localidad de Lonquimay, de la Provincia de La Pampa. Rogers no sólo se había pronunciado en contra del cierre, sino que también fue el encargado de otorgar la habilitación bajo el rubro “servicios de salones de baile” y de firmar las libretas sanitarias de las mujeres prostituídas, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV. Por su parte, como subcomisario, Alanis se encontraba en conocimiento de la situación de las víctimas y refrendó acusaciones por parte de una de ellas, quien había denunciado las amenazas que recibió del dueño del local, Carlos Fernández.

Además, se debe sumar la relación fluida que poseían el intendente, el policía y el propietario del cabaret, reflejada no sólo en los dichos de las testigos, sino documentado a través de las comunicaciones telefónicas acreditadas en el expediente.

El mayo de 2014, los imputados fueron procesados. Sin embargo, el 14 de noviembre de ese año, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al pedido por la defensa y revocaron la decisión. En esa línea, el fiscal Alejandro Cantaro y el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, presentaron un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para que revierta el fallo de la Cámara Federal bahiense que luego fue mantenido por el fiscal de Cámara, Raúl Plee.

Finalmente, el máximo tribunal penal federal dispuso declarar la nulidad del pronunciamiento dictado por la Cámara Federal de Bahía Blanca por considerarlo “arbitrario” respecto a los procesamientos del intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Enrique Rogers, y del subcomisario Carlos Adrián Alanis. Además, consideraron que la alzada “se ciñó en formular diversas afirmaciones de carácter dogmático, sin analizar los elementos probatorios reunidos hasta el momento ni profundizar en la valoraciones de los mismos”.

Para los magistrados, el pronunciamiento dictado por la Cámara Federal de Bahía Blanca “luce carente de fundamentación” por lo que hicieron lugar al planteo de la defensa. En esa línea, y atentos a los compromisos internacionales institucionalmente asumidos, ordenaron la profundización de la investigación de los hechos investigados”.

El caso

La causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alanis y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal.

Desde entonces, el fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Pampa, Juan José Baric, y el titular de la Protex, Marcelo Colombo, solicitaron la indagatoria de los dos funcionarios debido a la gran cantidad de pruebas recolectadas a lo largo de la investigación. Sin embargo, obtenían como resultado la permanente negativa del juez Marcelo Piazza.

En octubre del año pasado, luego de varios pedidos realizados por los dos representantes del Ministerio Público, la justicia federal de Santa Rosa ordenó el llamado a indagatoria del edil y del uniformado.

No obstante, el 24 de abril de 2014, Colombo, Baric y Cantaro tuvieron que solicitar la inmediata resolución procesal de ambos funcionarios públicos debido a que cinco meses de haberse tomado las declaraciones indagatorias, el juez no había resuelto sus situaciones procesales.

Finalmente, en mayo de 2014, los imputados fueron procesados. Sin embargo, el 14 de noviembre, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al pedido por la defensa y revocaron la decisión. En esa línea, el fiscal Cantaro presentó el recurso en queja ante la Cámara Federal de Casación.

"Es un lugar de contención"

La definición sobre el local nocturno Good Night es de autoría del intendente de Lonquimay en declaraciones a los medios. Rogers afirmó: "El cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento". El jefe comunal dijo que no encontraba motivos para cerrar el prostíbulo, aun contando con denuncias del INADI y de la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa.

Una de las víctimas, contó que en Good Night las mujeres estaban privadas de su libertad, no podían salir del lugar, ni disponer de la totalidad del dinero. Una de ellas declaró que aún estando enferma, no pudo recibir asistencia, ni medicamentos y que el dueño del lugar le dijo que "no le importaba, que ella tenía que hacer plata".

Otra mujer afirmó que había un fuerte vínculo entre Fernández, el dueño del local nocturno, el intendente y el subcomisario Alanis.