16 de junio de 2024
16 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Explotación sexual
Indagan a un intendente en La Pampa por complicidad con una red de trata
Luego de varios pedidos realizados por el fiscal Juan Baric junto con el titular de la Procuraduría de Trata de Personas, Marcelo Colombo, la justicia federal de Santa Rosa ordenó el llamado a indagatoria del intendente de la localidad pampeana de Lonquimay y de un subcomisario.

La causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces Jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local nocturno “Good Night”, ubicado en la provincia de La Pampa. La averiguación llevada adelante también vinculo al subcomisario Carlos Alaniz y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernandez.  

Desde entonces, los fiscales Baric y Colombo, habían solicitado el pedido a indagatoria de los dos funcionarios debido a la gran cantidad de pruebas recolectadas a lo largo de la investigación, sin embargo, obtenían como resultado la permanente negativa del juez. Marcelo Piazza

Finalmente esta semana, el juez puso fecha para la declaración de Rogers y Alaniz en el caso que se investiga la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. .

Las denuncias

El 12 de septiembre de 2009, un hombre oriundo de la provincia de Santiago del Estero, denunció ante las fuerzas policiales que su novia había sido secuestrada por el dueño del cabaret “Good Night”. Agregó que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral en dicho prostíbulo de La Pampa y que ahora estaba cautiva en el lugar siendo víctima de amenazas.

Finalmente, la víctima logró escapar y en su declaración relató que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. Añadió que aún estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que "no le importaba, que ella tenía que hacer plata".

El 24 de octubre de 2009 se realizó otra denuncia. En esta ocasión, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la Comisaría de Lonquimay, relató ante la justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario, Carlos Alaniz. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.

Como consecuencia, el 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en el local nocturno a partir del cual se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotados los “pases” que realizaban.

A partir de la declaración de otras víctimas se pudo determinar que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo Good Night. Luego, ellas debían abonarle el 50% de lo obtenido.

Otro testimonio importante en la causa fue el de Neli Haydeé Penzotti, quien se desempeñaba como vice intendenta de Lonquimay. La mujer declaró que Fernández mantenía un estrecho vínculo con el intendente de esa localidad, Luis Rogers, y que el hombre había defendido la existencia de prostíbulo.

En declaraciones a los medios cuando las autoridades ordenaron el cierre del local, Rogers afirmó: "El cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento". El intendente enfrentaba además denuncias del INADI y del Secretario de Derechos Humanos de la Provincia.

Por todas las pruebas reunidas y luego de los reiterados pedidos, el 7 de mayo fueron procesados Carlos Fernández, acusado de ser el dueño del prostíbulo y otros dos hombres, uno de ellos hermano de Fernández, señalados como encargados del local nocturno

Finalmente, el juez Piazza ordenó el llamado a indagatoria del intendente y el subcomisario para los próximos 7 y 8 de noviembre por el apoyo que brindaban para el sostenimiento del prostíbulo Good Night desde su condición de servidores públicos.

Además, hay otros tres hombres imputados, uno de ellos acusado de ser el dueño de un prostíbulo y los otros de ser los encargados.