La Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento del vicedirector de la firma Expovictor S.A., que posee un campo ubicado en la localidad de Abasto, Provincia de Buenos Aires, acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en el predio dedicado al cultivo de hortalizas, que había sido allanado en diciembre de 2015. Además, el tribubal de alzada confirmó el embargo por 10 millones de pesos que había ordenado el juez de primera instancia Ernesto Kreplak.

El empresario formaba parte de la firma junto a otras siete personas, entre quienes se encuentran el padre y tres hermanos. Por el caso, ya hay otras tres personas procesadas con prisión preventiva: el padre y titular de la compañía; un hermano, y el responsable de la “conducción empresarial".

El juez Kreplak había dispuesto el procesamiento sin prisión preventiva, pero la decisión fue apelada por la fiscal federal Ana Russo, quien consideró que el imputado debía estar detenido. Para la representante del MPF, el acusado “estaba lejos de ser un recién iniciado en la actividad empresarial de la familia y, por lo tanto, no podía desconocer las características generales de la producción y, muy particularmente, las inocultables condiciones en las cuales se desarrollaba la explotación de la quinta de Abasto: la captación o cuanto menos acogida de tamaña cantidad de trabajadores, la presencia de sus hijos, su calidad de migrantes, etc., de modo que su rol como partícipe de la conducta está fuera de toda discusión, asimismo que su aporte en la operatoria del desarrollo comercial era sustancial e insustituible”.

Y agregó: “En base a estos fundados motivos, considero que la elevada pena en expectativa, como así también la capacidad financiera de la firma, sumada a la disponibilidad económica que posee, pueden coadyudar a la posible a la posible elusión” del imputado, o al menos “frustrar el éxito de la investigación”.

Finalmente, la fiscal hizo referencia al hecho de que el imputado permaneció prófugo. “Ello induce a pensar que podría nuevamente eludir el accionar de la justicia, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad económica ya eludida, lo que facilitaría burlar los controles migratorios fronterizos, evadiendo así las consecuencias que pueden acarrearle a su situación procesal el avance de este proceso y su consecuente sentencia”, concluyó.

Por su parte, la Cámara tuvo en cuenta los argumentos de la fiscal y añadió que “es necesario privar de la libertad al imputado, no solo por el alto peligro de su fuga y entorpecimiento de la justicia que existe a su respecto, sino también para evitar que se siga cometiendo el delito de explotación laboral que se le atribuye”.

En el caso hay otras tres personas acusadas de formar parte del presunto  desarrollo de este delito. El dueño de la firma, que se encuentra detenido y procesado; otros dos hermanos del último imputado; y  su tío, a quienes se les dictó la falta de mérito. Por su parte, los encargados dedicados a controlar la producción de la finca se encuentran procesados, confirmados por la Cámara. Asimismo, se investiga el patrimonio y actividades de las empresas y personas acusadas.

El caso

En la causa, se busca determinar la presunta explotación laboral de al menos 300 trabajadores rurales en las tareas vinculadas a la producción, recolección y empaquetamiento de verduras y hortalizas. A lo largo de la investigación, se estableció que lo hacían en horarios y condiciones que excedían las permitidas por las leyes y que, además, se alojaban junto a sus familias en casillas precarias que se encontraban dentro del predio.

Según la declaración de las víctimas -en su mayoría oriundas de Paraguay y Bolivia- cobraban 30 pesos por hora, no tenían francos, ni feriados, y se les descontaban los momentos que no trabajaban por ir a comprar comida.

La fiscal Federal Ana Russo contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Origen de la investigación

La causa se inició a raíz de una denuncia formulada por la Protex, a partir de la declaración del apoderado legal de la Delegación Buenos Aires del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).

En esa oportunidad, el organismo describió que en la finca señalada se encontraban personas en situación de explotación laboral así como también escasa registración de los trabajadores por parte de la empresa empleadora. Asimismo, aportaron imágenes que dan cuenta que las víctimas residirían en la finca en condiciones indignas.