El Juzgado Federal N°3  de La Plata elevó a juicio oral una causa en la que se investiga el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de al menos de 237 trabajadores de la firma Expovictor S.A., que se desempeñaban en un campo ubicado a 15 kilómetros de la capital de la provincia de Buenos Aires. El requerimiento de elevación de la causa a debate oral y público había sido formulado por la titular de la Fiscalía Federal N°3 de la jurisdicción, Ana Miriam Russo, a fines del año pasado.

La resolución del juez Ernesto Kreplak alcanza a Víctor Enrique Mazur, Diego Matías Medina y Enzo Leonardo Camilletti. En el mismo escrito el magistrado dispuso el sobreseimiento de David Alexis Mazur, respecto a quien la fiscal federal también había solicitado que fuera enviado a juicio. Por ese motivo, Russo presentó un recurso de apelación que fue denegado por el titular del juzgado, y en consecuencia presentó un recurso de queja que actualmente se encuentra en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

La representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditado que Víctor Mazur es el máximo responsable de la empresa dedicada a la producción de verduras y hortalizas, en virtud de que fue su presidente desde el comienzo y quien aportó el 60% del capital inicial. En ese sentido, advirtió que era quien decidía sobre las condiciones de vida y laborales de los trabajadores. Actualmente se encuentra detenido.

Para fines de 2015 Expovíctor S.A. tenía una patrimonio de casi 24 millones de pesos, según el balance del acta de la asamblea general ordinaria realizada días antes del allanamiento.

En cuanto a Medina, se le reprocha que desde su rol de encargado conocía la precaria situación laboral y habitacional, además de recibir las instrucciones respecto a las actividades que debían desarrollarse en la quinta. Por su parte, Camilletti, a través de las tareas contables, administrativas y de supervisión, habría sido el encargado de retener un porcentaje del sueldo de las víctimas, que nunca les era entregado, sino que era descontado como “intereses de adelanto”. Finalmente, la Fiscalía le imputó a David Mazur -hijo de Víctor- tener dominio de los hechos como director suplente de la firma.

A otro de los hijos del dueño, Ivan Víctor Elías Mazur, se le dictó el procesamiento, que fue confirmado. Estuvo detenido con prisión preventiva y luego fue excarcelado. Tras la apelación de la Fiscalía Federal N°3 contra esa decisión, la Sala II de la Cámara Federal ordenó nuevamente su detención, pero no pudo ser encontrado y se lo declaró en rebeldía.

Las conductas de los imputados fueron calificadas como constitutivas del delito de “trata de personas agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por la participación de más de tres personas, por el número de víctimas, y por la consumación de la explotación”. Y en ese sentido, la participación de Mazur padre y Medina habría sido en calidad de autores, y secundaria en el caso de Camilletti.

Las víctimas, en su mayoría oriundas de Paraguay y Bolivia, declararon que cobraban 30 pesos por hora, no tenían francos ni feriados, y que se les descontaban los momentos que no trabajaban por ir a comprar comida.

El caso

En la causa se busca determinar la presunta explotación laboral de al menos 237 trabajadores rurales en las tareas vinculadas a la producción, recolección y empaquetamiento de verduras y hortalizas. A lo largo de la investigación, se estableció que lo hacían en horarios y condiciones que excedían las permitidas por las leyes y que, además, se alojaban junto a sus familias en casillas precarias que se encontraban dentro del predio.

La resolución expresa que esa situación le generó “importantes beneficios económicos a los responsables de la firma Expovictor S.A.”, que para fines de 2015 tenía una patrimonio de casi 24 millones de pesos, según el balance del acta de la asamblea general ordinaria realizada días antes del allanamiento.

Según la declaración de las víctimas -en su mayoría oriundas de Paraguay y Bolivia- cobraban 30 pesos por hora, no tenían francos, ni feriados, y se les descontaban los momentos que no trabajaban por ir a comprar comida. La resolución judicial resaltó además, con relación al ingreso y egreso de los empleados a la quinta Expovictor S.A., que “existía una falta de relación de estos con el ambiente exterior. Esto impidió seriamente la interrelación de las víctimas con personas ajenas al ámbito laboral de explotación, hecho que acentuó la situación de dependencia y por lo tanto de vulnerabilidad que, a través de su aprovechamiento, permite configurar las conductas investigadas”.

Origen de la investigación

La causa se inició a raíz de una denuncia formulada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, a partir de la declaración del apoderado legal de la Delegación Buenos Aires del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). En esa oportunidad, el organismo describió que en la finca señalada se encontraban personas en situación de explotación laboral así como también escasa registración de los trabajadores por parte de la empresa empleadora.