El fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mángano, titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, participaron este lunes de la presentación de la versión editada en español del documento Mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual como acusadas, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en coordinación con la Coalición Regional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (CORET) y la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes REDTRAM.

El documento fue producido por la Sección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la UNODC, dirigida por Ilias Chatzis, bajo la dirección sustantiva de Morgane Nicot y Zoi Sakelliadou. La publicación fue redactada por Lori Mann (consultora). El proyecto contó con el financiamiento del Gobierno del Reino de Suecia.

En la presentación -realizada por medios virtuales- también participaron Shamere McKenzie, CEO de la Sun Gate Foundation, activista y sobreviviente de trata de personas; Ingrid Vanessa Fuentes, jueza de primera instancia de Guatemala, especializada en trata de personas; la coronela Francia Hernandez, jefa del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional de la República Dominicana; y Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata en Argentina.

En octubre de 2020 tuvo lugar una consulta informal de expertos, a distancia, en la que se revisó el borrador de este análisis de jurisprudencia. La PROTEX participó activamente en esa instancia, brindando valiosos aportes de seguimiento. También participaron estudiantes de la Universidad Queen Mary de Londres, que contribuyeron con la investigación, recopilación y análisis de jurisprudencia.

“El principal hallazgo de este estudio es que los tratantes utilizan a las víctimas para protegerse del enjuiciamiento”, refiere el documento.

El resumen ejecutivo describe que el documento “analiza la jurisprudencia sobre la trata de personas con fines de explotación sexual en la que participan mujeres acusadas, que habían sido o estaban siendo explotadas en ese momento como víctimas de la trata. Se analizaron 53 casos de 16 jurisdicciones diferentes, con un enfoque en la región europea. Estos casos se recopilaron, en su mayor parte, utilizando el Portal de conocimientos sobre la trata de personas de UNODC. El trabajo empleó un análisis textual temático y cualitativo de las decisiones judiciales, enriquecido con referencias bibliográficas y aportes de expertos. Los resultados preliminares de este análisis fueron discutidos con expertos en dos reuniones”.

Refiere que “el principal hallazgo de este estudio es que los tratantes utilizan a las víctimas para protegerse del enjuiciamiento”. Es decir, se pudo establecer que en varios de los casos analizados “los tratantes utilizaron a las víctimas para cometer actos próximos a la explotación misma”. Ello implica exponer a las víctimas “a un mayor riesgo de ser detectadas por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Utilizar a las víctimas de esta manera es un medio por el cual los tratantes evaden la responsabilidad penal y gozan de impunidad”.

También se llega a la conclusión de que “a menudo existe un nexo entre la trata de personas y la violencia de género”. En efecto, podrá observarse en el documento que aproximadamente en el 25 por ciento de los casos estudiados las víctimas procesadas por delitos de trata de personas habían sufrido una o múltiples formas de violencia de género, manifestadas en agresión sexual infantil y esclavitud sexual, violencia doméstica y de pareja íntima y matrimonio forzado e infantil. El documento afirma que “los casos de trata en el contexto de las relaciones familiares y la violencia de género previa, en particular los que involucran a la niñez, revelaron escenarios en los que la violencia se normalizó en la medida en que las mujeres desconocían su condición de víctimas y / o el carácter delictivo de sus actos”.

“Los casos de trata en el contexto de las relaciones familiares y la violencia de género previa, en particular los que involucran a la niñez, revelaron escenarios en los que la violencia se normalizó en la medida en que las mujeres desconocían su condición de víctimas y/o el carácter delictivo de sus actos”.

La publicación destaca las complejidades a las que se enfrentan las víctimas de la trata de personas, con el fin de ayudar a las autoridades y a los servicios de apoyo a las víctimas que se ocupan de estos casos. El informe analiza, también, la aplicación de los elementos del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en este contexto, la aplicación del principio de no castigo y las prácticas de condena. La investigación tuvo como objetivo, asimismo, identificar patrones o tendencias consistentes en los casos examinados.

A grandes rasgos, el análisis de los casos estuvo guiado por los interrogantes vinculados a establecer si las mujeres acusadas fueron previamente victimizadas; cuál fue el papel de la mujer víctima-acusada en la comisión del acto y en la jerarquía criminal; cuál fue la relación entre las mujeres víctimas-acusadas y otros co-acusados; cómo se sentencia a las mujeres víctimas-acusadas y cómo afecta la victimización previa a la sentencia; si las mujeres víctimas-acusadas son absueltas; cómo se aborda el principio de no castigo a las víctimas de la trata; y a si están las mujeres víctimas involucradas en otras áreas delictivas.

Para la PROTEX, este documento es de vital importancia para continuar visibilizando y aplicando correctamente en nuestro país el denominado principio de "no punibilidad" contenido en el artículo 5 de la ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que establece que "las víctimas de la trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata" y que "tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara".

En este sentido, la Procuraduría especializada se encuentra en las etapas finales de edición de un documento específicamente destinado al estudio de la aplicación práctica del principio de no punibilidad en las causas de trata y explotación de personas. De su validación han participado fiscales federales, así como especialistas en asistencia y protección de víctimas de trata y explotación de personas.