La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) participó el 16 y 17 de octubre pasados del XXII Encuentro del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación.

Representada por sus titulares, los fiscales María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, junto con los auxiliares fiscales Victoria Sassola y Rodrigo Coto Araujo, y el secretario Marcos Parera, la procuraduría especializada presentó avances vinculados a la persecución penal, la evaluación de reparaciones a víctimas y el decomiso de bienes provenientes de estos delitos, así como propuestas de fortalecimiento de la cooperación judicial y la actualización de protocolos de investigación.

El Consejo constituye un ámbito de articulación federal en el que están representadas todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos nacionales con competencia en la materia y organizaciones de la sociedad civil. Además, participan como organismos invitados permanentes la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de OIM, el Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Durante las dos jornadas, los y las representantes de los diferentes organismos abordaron en comisiones aspectos específicos de las formas de intervención frente a este fenómeno criminal:

• Persecución penal y bienes decomisados: en la Comisión Permanente para la Supervisión de la Unidad de Bienes Embargados y Sujetos a Decomisos y en la Comisión de Persecución y Sanción a los Responsables del Delito de Trata de Personas, que sesionaron de manera conjunta, se analizaron los avances en investigaciones patrimoniales en paralelo al trámite penal y se compartieron insumos sobre reparaciones integrales ordenadas por tribunales federales desde la vigencia del nuevo marco normativo, la ley 27.508. En ese contexto, se subrayó la necesidad de capacitación conjunta entre fuerzas de seguridad y operadores judiciales, y de actualizar protocolos para mejorar la detección temprana y el abordaje integral de los casos.
• Protección y asistencia a las víctimas: en tanto, en la Comisión de Asistencia y Restitución de Derechos se revisaron los avances en la implementación de instrumentos orientados a la asistencia económica y la reinserción laboral, y se trabajó sobre mecanismos de articulación interjurisdiccional para asegurar respuestas oportunas y coordinadas. Se destacó, además, la prioridad de garantizar abordajes respetuosos en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, asegurando la toma de declaraciones bajo condiciones especializadas y evitando su reiteración innecesaria. 
• Principales consensos y línea de trabajo: entre los consensos alcanzados, se puso de relieve la conveniencia de evitar mecanismos conciliatorios como forma de finalización de procesos penales en casos de trata de personas, por su potencial impacto en la responsabilización penal de los tratantes. También se consideró valioso publicar periódicamente información sobre la implementación de programas de reparaciones integrales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y el seguimiento de resultados.

Durante el encuentro, el Ministerio de Justicia de la Nación presentó los ejes de trabajo previstos en el Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas 2024-2026, centrados en el fortalecimiento del Programa Nacional de Restitución de Derechos a las Víctimas, la consolidación del sistema de seguimiento de bienes decomisados y la articulación federal para la implementación efectiva de las políticas de asistencia y acceso a la justicia.

El XXII Consejo Federal reafirmó la coordinación entre organismos nacionales, de las provincias y de la sociedad civil, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. En ese ámbito, la PROTEX ratificó que mantendrá su acompañamiento técnico en materia de persecución penal, cooperación interinstitucional y protección de derechos, con el objetivo de fortalecer el sistema federal de lucha contra la trata y la explotación de personas.