La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, elaboró un nuevo informe sobre las denuncias recibidas durante el año 2020 a través de la Línea 145 -que coadministra junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Victimas Damnificadas por el Delito de Trata desde julio de 2015-, en el que analiza el impacto de la pandemia del virus COVID-19 respecto a la gestión del centro de llamadas, el tratamiento de las denuncias recibidas por esa vía, y la aparición de nuevas modalidades delictivas relacionadas con la explotación de personas.

¿Cómo se gestiona la Línea 145?

Profesionales especializados del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reciben los llamados telefónicos y transcriben la información de las denuncias en un formulario que remiten, vía correo electrónico, a la PROTEX, que revisa su base de datos para detectar sí hay antecedentes de denuncias previas en el centro de llamadas o investigaciones judiciales.

Luego se analizan los hechos denunciados y se entrecruza la información para establecer el grado de verosimilitud, para así determinar si se judicializa el caso, se derivan a un organismo administrativo, se instruyen investigaciones preliminares, o se archivan las actuaciones ya sea porque se agotaron todos los recursos institucionales para verificar el presunto ilícito, o por que falta información que impide iniciar la investigación. En los casos de archivo de las actuaciones, se registran los datos en la base de datos de la procuraduría, conforme lo establece la ley.

Al judicializar las denuncias, se evidencia el rol de la PROTEX en la articulación de la política criminal en materia de trata y explotación de personas, ya que las denuncias recibidas son procesadas en atención a los criterios y enfoques específicos necesarios para enfrentar este tipo de criminalidad compleja, ya sea desde la misma procuraduría, las distintas fiscalías federales del país o -cuando son derivados- los organismos administrativos que fiscalizan las diferentes actividades, para evitar criminalizar injustificadamente aquellas situaciones de trabajo que no cumplan con condiciones legales y convencionales, que podrían ser corregidas a través de la aplicación de sanciones administrativas.

Asimismo, en aquellos casos que se da curso a la denuncia, se analiza el tipo penal de cada situación, para determinar la intervención judicial que corresponda, al tiempo que se proponen medidas probatorias y/o de asistencia a las víctimas, tendientes a realizar una investigación criminal eficaz y efectiva. También, y de acuerdo a las particularidades de cada caso, la PROTEX da intervención a otras procuradurías especializadas que funcionan en el ámbito de la Procuración General de la Nación, a las Unidades Temáticas de las distintas jurisdicciones provinciales u organismos administrativos, para asegurar un abordaje multifocal de los casos.

Por otra parte, la línea 145 también recibe denuncias por persona desaparecidas, aunque en la mayoría de los casos estás sean radicadas previamente en la policía o en la justicia correspondiente. Aquí, la intervención de la PROTEX resulta fundamental para la activación de protocolos de actuación específicos que permitan dar con la persona buscada. Asimismo, en aquellos casos en los que se constata que no se ha registrado en el Sistema Federal de Comunicaciones Federales (SIFCOP) la búsqueda de paradero, se notifica al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) -que funciona en la órbita de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial- para que activen el alerta. También, en caso de que corresponda, se da aviso al Sistema de Comunicación de Emergencia Rápida denominado “Programa Alerta Sofía” -que coordina el SIFEBU y el Comité Nacional Interinstitucional del “Programa Alerta Sofía”, que la PROTEX también integra- para los casos de desapariciones de personas menores de edad en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física.

El impacto de la pandemia

El informe de la PROTEX también señala que, a raíz de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) decretadas en marzo de 2020 con el objeto de prevenir la propagación del COVID-19, se produjeron algunos cambios en las características de las denuncias recibidas en la Línea 145 y su gestión por parte de la procuraduría, que avanzó en la digitalización de los procesos de trabajo, lo que implicó la introducción de cambios estructurales y la realización de informes específicos para el análisis de fenómenos criminales particulares que surgieron de las denuncias recibidas.

Así, en el “Primer reporte sobre denuncias con víctimas con discapacidad y/o padecimiento mental en el proceso de gestión de la Línea 145” se plasmó el compromiso de la PROTEX en garantizar el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad o padecimiento mental y su abordaje con las consideraciones de la Ley Nacional N°26.647 de Salud Mental. También, el aumento de denuncias sobre ofertas laborales engañosas dio pie al “Reporte de denuncias por ofertas laborales engañosas y posibles captaciones Recibidas en la línea 145 durante el período 2019 – 2020” el cual refleja algunos datos y conclusiones sobre las dinámicas advertidas, que vulneran especialmente a mujeres y disidencias, porque las propuestas laborales refieren principalmente a roles asignados socialmente a mujeres: niñeras, trabajos de limpieza, masajistas, camareras, entre otros, y porque la precarización laboral, la feminización de la pobreza y el mayor riesgo de ser víctimas de ataques sexuales, de acoso laboral o de extorsión sexual colocan a las mujeres en un punto de extrema vulnerabilidad. Todo ello se potencia ante la consideración que en el entorno laboral hay una relación desigual de poder (por la diferencia de condiciones entre empleador/a y empleado/a) que puede ser aprovechada por varones que ofrecen trabajo a mujeres.

Finalmente, el “Reporte de casos ingresados en la Línea 145 durante el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” evidencia la disminución de las denuncias recibidas en los primeros meses del ASPO, producto de la disminución de la circulación de personas, y cómo cambió la situación cuando se flexibilizaron las medidas preventivas, lo que también reflejó la mutación en las distintas formas de explotación de personas y el aumento de la utilización de medios informáticos para su perpetración.

Recientemente, la PROTEX junto a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) presentó las “Pautas para la investigación de casos de desaparición de mujeres y población LGTBIQ+”, que aporta un enfoque interseccional de este tipo de casos ingresados a la línea 145, donde se identifican patrones en las desapariciones de mujeres y niñas que las distinguen de las de varones. Se trata de un trabajo complejo por cuanto, en lo que respecta a población LGTBIQ+, hay un importante déficit de materia de datos, por lo que se dificulta identificar los casos que tienen como víctimas a estas personas.

El informe de la PROTEX concluye que la pandemia por el virus COVID-19, impactó en el caudal y características de las denuncias recibidas en la Línea 145, y la aparición de nuevas variables y modalidades criminales cuyo abordaje fue considerado en la gestión del canal de denuncias, para dar una pronta y efectiva respuesta. También, la transformación de las formas en que operan las organizaciones criminales y las personas que llevan a cabo este tipo de maniobras delictivas para poder realizarlas en contexto de pandemia, ha acarreado diferentes desafíos en la respuesta a las denuncias, lo que generó la adaptación de la administración y la gestión judicial, para poder enfrentar las nuevas demandas.

Cifras del año 2020

De acuerdo al informe, de las 1.346 denuncias recibidas en la línea, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, lo que evidencia una disminución en comparación a las 1.796 registradas el año anterior. De esas 1.346 denuncias, 892 fueron remitidas para que intervenga la PROTEX. De las restantes, 215 fueron enviadas en copia a la procuraduría luego de que interviniera una fuerza de seguridad por su urgencia. Asimismo, 186 denuncias fueron enviadas al equipo jurídico del Programa Nacional de Rescate y, en 45 denuncias, intervino una fuerza de seguridad en conjunto con dicho equipo jurídico. Además, se enviaron en copia 8 formularios que fueron registros de orientaciones. Por otra parte, se efectuaron 523 derivaciones para intervención de la justicia federal y 194 para intervención de las justicias provinciales. Dentro de estos 717 casos, en 16 oportunidades se dio intervención a organismos administrativos.

La disminución en la cantidad de denuncias realizadas por la ciudadanía guarda relación con las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia del virus COVID-19, que implicó que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares y que ciertos lugares o establecimientos donde se registra explotación de personas, debieran cerrar sus puertas. Tal como surge del último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y de la declaración, de julio de 2020, de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (REDTRAM) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), esta disminución en las cifras no implica un decrecimiento en los hechos criminales sino que, existe la posibilidad de que el contexto de pandemia haya dificultado su visibilización. Esta dinámica también fue advertida por la PROTEX, en su “Reporte de casos ingresados en la Línea 145 durante el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.

De las 1346 recibidas en el centro de llamadas, 642 de ellas hacían referencia a explotación sexual, 250 a explotación laboral, 145 a posible captación por falsas ofertas laborales, 87 a búsqueda de personas y 76 a otros delitos relacionados. Asimismo, 34 casos estaban relacionados con privaciones de libertad, 33 con pornografía infantil, 19 con publicidad de ofertas sexual, 18 con traslado de personas, 18 con grooming, 14 referentes a abusos sexuales y 5 sobre venta de bebés o niños. En las 642 denuncias sobre explotación sexual, 327 referían a la existencia de prostíbulos, whiskerías, o locales nocturnos, 172 a domicilios particulares donde había explotación de personas, 89 a oferta de servicios sexuales y 53 a prostitución callejera. El documento destaca que en comparación al año 2019, se evidencia una disminución en las denuncias sobre locales nocturnos, mientras que las de domicilios particulares se incrementaron, lo cual guardaría relación con las restricciones impuestas por la pandemia.

Respecto a las 249 denuncias de explotación laboral recibidas, 119 fueron por explotación en establecimientos rurales -cifra que aumentó respecto al año anterior-, 41 en comercios, 36 en talleres textiles, 31 en casa particulares, 12 en industrias, 6 en construcción y 4 por mendicidad.

Por otra parte, el informe destaca que la Línea 145 se afianzó como un canal de denuncias seguro, que protege el anonimato de los denunciantes, y contribuye a alertar sobre hechos criminales. En cuanto al género de las víctimas, el documento señala que 366 de las víctimas eran mujeres cis, 145 varones cis y sólo 6 personas transgénero, lo que no implica que las víctimas trans estén menos vulnerables, sino que existen diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de aquellas y sus derechos.