En el marco de una reunión de trabajo celebrada el viernes pasado, la Unidad Fiscal Federal de Salta, que encabeza Eduardo Villalba, y la Procuración General de la Provincia de Salta, a cargo de Pedro García Castiella, acordaron medidas para un abordaje temprano y eficiente de los casos de trata de personas y sus delitos conexos. Ello, en cumplimiento del compromiso internacional asumido por el Estado Argentino contra la lucha de este tipo de criminalidad compleja, que establece la persecución de este tipo de delitos y la creación de protocolos de prevención, con especial atención en las víctimas mujeres, niñas y niños.

En el encuentro, en el que también participaron las auxiliares fiscales Roxana Gual y Mariana Gamba Cremaschi, el fiscal general Eduardo José Villalba celebró la continuidad de la cooperación entre fiscales federales y provinciales, que comenzó en noviembre de 2021, cuando se dispusieron medidas para un mejor abordaje de los casos de narcotráfico. La cooperación entre organismos “adquirió mayor fortaleza a partir del trabajo conjunto con la justicia ordinaria, una modalidad promovida por el nuevo código”, señaló el titular de la Unidad Fiscal Federal salteña.

Por su parte, el procurador García Castiella, quien asistió junto a los fiscales penales Gustavo Torres Rubelt y Pablo Rivero, también se mostró conforme en la articulación de tareas que ambos organismos llevan adelante, lo que no sólo afianza relaciones sino también permite un trabajo más eficaz.

La reunión de trabajo tuvo como eje central el abordaje integral del delito de trata y explotación de personas, la protección y asistencia a las víctimas. En ese sentido, el fiscal general Villalba destacó el grado de vulnerabilidad de las personas que son captadas por las redes de tratantes: “Como surge de los distintos informes estadísticos en torno a esta problemática, el factor económico es el principal componente de captación. No obstante, hay casos excepcionales, como el aprovechamiento sobre víctimas que padecen cierta discapacidad, lo que exige una atención integral, con profesionales especializados y también con la intervención del Estado, algo que en Salta se puede destacar”, señaló el representante del MPFN.

Complejidad

Dada la complejidad que presenta, en materia de investigación criminal, el delito de trata de personas, se destacó la facultad del trabajo conjunto con los fiscales provinciales, modalidad promovida por el Código Procesal Penal Federal, en su artículo 123.

Al respecto, tanto Villalba como García Castiella recalcaron los resultados positivos obtenidos a partir de la implementación de esta forma de trabajo entre la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (PROCUNAR) y la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), para la investigación de delitos de narcotráfico.

Con la ampliación a los casos de trata de personas, en tanto, se espera también establecer protocolos para un mejor tratamiento de los delitos conexos, tales como la facilitación y/o promoción a la prostitución, pornografía infantil, grooming, entre otros, los que son de jurisdicción ordinaria.

Sobre la importancia de este convenio, el Procurador General de la provincia de Salta resaltó la atención y dedicación que los Ministerios Públicos deben tener ante el crimen organizado, el cual está en una línea constante de aumento. Ante este desafío, “es cuando debemos avanzar en el trabajo conjunto y la articulación en contra de las organizaciones criminales”, concluyó.

“En este caso, y después de haber experimentado con éxito tareas conjunta en materia de delitos de narcotráfico, ahora vamos un paso más allá al incorporar a esta modalidad de trabajo los delitos de trata de personas, los que, muchas veces, tienen vinculación con hechos de competencia provincial”, agregó. De esta manera, “vamos a poder dar atacar el delito en todo su espectro, sin margen a zonas grises que pudieran surgir por cuestiones de tipicidad”.

Por su parte, Villalba recordó que “este delito es de los denominados complejos, ya que no suele ser advertido en primera instancia, por lo que es necesario definir un primer abordaje con todas los recursos procesales e investigativos, a fin de que esta conducta pueda ser visibilizada”.

El delito de trata de personas

La mayoría de las investigaciones por trata de personas encaradas por los Ministerios Públicos, proviene de las denuncias recepcionadas en la Línea 145. Durante el año 2021, dicha línea recibió 1.694 denuncias, lo que evidencia un incremento respecto a las 1.346 del año 2020.

De las estadísticas relevadas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), correspondientes a los años 2015 a 2021, surge que Salta se ubica en el sexto puesto del ranking de denuncias por casos de trata de personas con más de 58 casos al año.

Estas cifras constituyen una fuente representativa para encarar medidas en la materia. En vista a ello, ambos Ministerios Públicos acordaron la elaboración de un protocolo de trabajo, donde se establecerán estrategias de investigación mancomunadas tanto para la trata de personas como los delitos conexos, se consensuarán criterios de actuación, canales formales para compartir datos, actividades de capacitación a los agentes involucrados en la materia, y la especial atención a la protección y asistencia de las víctimas a través de una coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Salta.

Desde la implementación del sistema acusatorio en las provincias de Salta y Jujuy, el 10 de junio de 2019, la Unidad Fiscal Federal de Salta desarrollo varias investigaciones por trata de personas que derivaron en condenas.

Entre ellas se destaca la detención de una pareja, en diciembre de 2019, quienes explotaban sexualmente a mujeres en un prostíbulo ubicado a pocos minutos de la capital provincial. En aquella oportunidad, en el marco de un juicio abreviado, se los condenó a penas de 3 años y 4 años y seis meses de prisión, al tiempo que el fiscal Villalba solicitó el decomiso de la vivienda, lo cual fue admitido por el juez y permitió que el inmueble se destinase a una fundación que asiste a víctimas de trata de personas.

Por otra parte, el fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos, condujo la desarticulación de una organización que operaba a través de un sitio en la web de ofrecimiento de servicios sexuales, los que se concretaban en departamentos céntricos que eran alquilados por dos hermanos, quienes, en mayo de 2021, fueron condenados a penas de 3 y 6 años de prisión.

Más allá de los resultados, el fiscal Villalba calificó como clave el abordaje hacia la víctima. “Se trata de un tema central, pues de esa primera lectura surgen particularidades que afectan ciertos derechos, como la libertad individual, pero también otro bien jurídicamente protegido de mayor peso, como la dignidad humana”, explicó.

En razón de ello, sostuvo que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a “evitar que esa víctima sea cosificada, que el cuerpo de la mujer sea tomado como una mercancía y, en especial, que no sufra. Esa es la respuesta que los ministerios públicos debemos dar a la sociedad”.

García Castiella, por último, reconoció el esfuerzo de los fiscales provinciales y sus respectivos equipos, como así también la predisposición de parte de las fiscalías federales en la implementación de este trabajo articulado, el cual “está dando excelentes resultados”. “Sin dudas, es un gran ejemplo de esfuerzo coordinado entre ambos fueros, entre provincia y nación”, concluyó.