18 de junio de 2024
18 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Jornadas "Mar del Plata le dice No a la Trata"
Los fiscales Colombo y Gonella expusieron sobre trata y lavado de dinero
Los titulares de las procuradurías de Trata y de Lavado refirieron a los aspectos principales que deben guiar la actuación de los investigadores sobre estos delitos, que se encuentran ligados. Los objetivos deben ser desbaratar grandes organizaciones y preservar a las víctimas.

El fiscal Marcelo Colombo,  a cargo de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas  (Protex), y su par, Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), disertaron en el marco de las jornadas “Mar del Plata le dice NO a la trata”, que se desarrollaron entre el jueves y el sábado pasado.

En primer lugar, Colombo hizo mención a los avances que se lograron en distintos estamentos del Estado y en la sociedad civil a partir de la Ley de Trata (ley 26.364), sancionada en 2008, hasta la actualidad y mencionó como ejemplo el aumento exponencial de la cantidad de causas abiertas por este delito.

“Aquella primera  política criminal que diseñamos desde el Ministerio Público Fiscal apuntaba a ser mucho más proactivos en la detección de esta problemática.  Eso se logró estableciendo relaciones formales e informales con el sector civil, ONG’s, con los consulados, es decir, con los departamentos que tienen los primeros contactos con las víctimas, lo que dio buenos resultados en términos cuantitativos”, indicó Colombo.

En ese sentido, describió: “Hoy, la Argentina tiene, aproximadamente, 240 procesamientos dictados por el delito de trata en sus dos versiones, con finalidad sexual y explotación laboral. De ese número, un 70 por ciento corresponde a la trata con finalidad sexual. Estamos alrededor de las 75 sentencias condenatorias dictadas en todo el país y unas ochenta y pico en general, ya que hay muchas sentencias absolutorias”.

Colombo se refirió también a los dispositivos que creó el Estado para el acompañamiento y asistencia a las víctimas desde que son rescatadas de las redes hasta el momento de la declaración testimonial.

“Además, se diseñó una secretaría de niñez, adolescencia y familia que intenta dar protección a lo que, a mi juicio, es la parte más dura y compleja que es la restauración de los derechos de esa victima afectada”, describió.

El fiscal además mencionó, al igual que la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, en el panel que dio comienzo a las jornadas, lo importante que es el seguimiento día a día de esas víctimas: “Lo que nosotros podemos ver  es que cada una reclama cosas muy distintas entre sí. El Estado debería tener distintos dispositivos listos para poder darle a cada una lo que necesita”, apuntó.

Finalmente, Colombo describió también los avances en torno a explotación laboral, a la cual definió como “un campo muy difícil de abordar debido a la existencia de una discusión muy fuerte en la doctrina y la jurisprudencia respecto a cuándo empieza a haber un caso de explotación laboral en términos de trata y cuándo sólo hay una relación abusiva laboral. Son dos mundos diferentes y con consecuencias mucho más distintas todavía”.

“Sin embargo, a través de un esquema de instrucción que diseñamos nacieron varias acciones del Estado que fueron directamente responsables de la generación de muchos casos de trata con finalidad de explotación laboral y por ende de muchos más procesamientos por dicho delito”, aseguró el fiscal.

“Ampliar el lente”

Colombo también señaló algunos de los aspectos que quedan por corregir. En ese sentido, resaltó la tendencia que existe a capturar los hechos más torpes y fáciles. “El gran desafío es lograr desbaratar organizaciones y para eso es necesario  producir buenas investigaciones en las que se amplíe el lente. Cuando uno ingresa a investigar un caso lo hace por el eslabón más sensible pero detrás hay mucho más”, afirmó.

“Un segundo punto importante tiene que  ver con involucrarse en la investigación de funcionarios públicos. Este tipo de delitos necesitan sí o sí de la cooptación de algunos de los elementos del Estado  para poder existir y perdurar en el tiempo”, añadió.

“Nos hemos encontrado también con problemas serios respecto a la competencia, si es federal u ordinaria y, en muchos casos, esa disputa se generaba en estadios muy prematuros de la investigación. Lo que vamos a intentar proponer  es que el fiscal federal o fiscal local desarrolle todos los actos que tenga que hacer hasta llegar a las instancias de resquisa con una información más consolidada respecto a la hipótesis que está trabajando para evitar empezar a discutir competencias cuando no hay nada de información sobre el caso. Sabemos que es muy complejo pero creo que hay que tener en cuenta no desligarse de la investigación penal en tiempos prematuros y antes de realizar todos los pasos”, aseguró Colombo.

Y continuó: “Se debe cumplir a raja taba con el artículo 49 del Código Procesal Penal que dice que la discusión de la competencia no interrumpe para nada en la causa y que es responsabilidad del juez que intervino seguir actuando en esa causa para seguir avanzando y que esto no demore en la marcha de la investigación. El incumplimiento del artículo 49 es algo que vemos casi como una constante”.

Otro de los aspectos en que el fiscal hizo hincapié es en el rol de las resquisas y allanamientos. “Hay una idea de intentar equipararlas con las que se realizan en una causa por narcotráfico pero apuntan a encontrar cosas absolutamente distintas. Por eso, se debe analizar la manera en que se ordena una resquisa. En los casos de trata no vamos a buscar algo estático, sino algo dinámico. Saber si en ese lugar se están explotando personas. Para eso hay que trabajar mejor en  combinación con las fuerzas de seguridad para avisarles qué es lo que tienen que probar. Además, las actas tienen que ser más ricas y extensas en cuanto a la información de lo que está pasando en ese momento”.

“Cuando se va a un allanamiento, el acta, la policía y el fiscal tienen que estar coordinados y saber qué es lo que tienen que ir a buscar. El fiscal tiene que estar permanentemente diciéndole al policía lo que tienen que secuestrar, tiene que invadir la escena para ayudar al agente policial”, aseguró Colombo.

En cuanto a la declaración testimonial de la víctima, Colombo sostuvo que  “es una obligación que se la escuche como un menor de edad, es decir, en cámara gesell, con una entrevista hecha por un psicólogo y sin la participación de las partes directas en ese interrogatorio. Para que esto suceda, desde nuestro punto de vista, debe ser el juez quien  lleve adelante esa entrevista o quien comande esa cámara gesell”.

La trata y el lavado

Por su parte, el titular de la Procelac, Carlos Gonella, dio a conocer su función como fiscal a cargo de la unidad de delitos económicos del Ministerio Público Fiscal. Para ello, definió primero que “el lavado de activos significa la aplicación de dinero proveniente de fuentes ilícitas, una de ellas es la trata pero también existen  otras como el narcotráfico”.

“Es difícil brindar una definición sobre criminalidad organizada ya que es algo dinámico, que se va adaptando y perfeccionando.  Pero sí podemos aproximarnos a un concepto que estudie rasgos típicos de la criminalidad organizada: se trata de un fenómeno colectivo, ya que interviene un grupo de personas; no es un fenómeno ubicable en un determinado período de tiempo sino que tiene un desarrollo a través del tiempo; tiene una finalidad económica; y hay jerarquías en las tomas de decisiones”, describió.

Y continuó: “Se puede trazar un paralelismo entre crimen organizado y empresas. El primer componente de identificación es el producto que desarrollan. Una mafia lo hace con un  producto ilícito como, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes mientras que una empresa se identifica con un producto o servicio que ella presta.

Otro elemento que comparten es la versatilidad ya que ambos se van adaptando a los tiempos. “Las organizaciones mafiosas van viendo hasta donde pueden desarrollar su actividad. Cuando no les reditúa cambian y se diversifican en su actividad ilícita. La empresa produce bienes y servicios y los vende. De repente el estado de ánimo del consumidor apunta para otro lado y la empresa tiene que diversificar la actividad y va a desarrollar otro tipo de productos”,  detalló.

Otro componente que destacó Gonella fue el de la profesionalización, estructuración y niveles de toma de decisiones. “Una sociedad anónima tiene un presidente, un gerente, etc. Una organización criminal también. Está estructurada en niveles con parámetros rígidos.

Por último, el otro rasgo que comparten es la finalidad,  “que es la generación de dinero”.

De esta manera, el titular de la Procelac  indicó que su finalidad es “modificar los estándares de juzgamiento de la criminalidad económica pero no de condenas. Porque el juzgamiento es la solución jurídica, no necesariamente es  la condena porque puede haber absoluciones”.

“Y lo que yo le agrego a eso es el objetivo de tratar de promover que haya un reparto más equitativo de la violencia del estado porque vemos que el 90 por ciento de las cárceles están pobladas de sectores vulnerables y nunca de personas que cometieron grandes fraudes fiscales que provocaron un gran daño social. Por eso, promovemos  investigaciones serias que traten de equilibrar la balanza”, concluyó Gonella.