La fiscal federal Laura Mazzaferri, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, formalizó la imputación y promovió el dictado de la prisión preventiva para un hombre acusado de haber recibido y acogido, al menos desde 2016 y hasta el 5 de septiembre pasado, a una mujer que atravesaba múltiples condiciones de vulnerabilidad, con la finalidad de explotarla sexualmente. De acuerdo con la investigación, el acusado habría ejercido violencia y abusado de su situación de vulnerabilidad para someterla a explotación sexual, incluso durante un embarazo.
Según la hipótesis fiscal, el hombre también le habría suministrado estupefacientes y la habría sometido a abusos sexuales y lesiones de gravedad. Como consecuencia de los abusos sexuales sufridos en el contexto de explotación, la mujer habría quedado embarazada y, durante su internación hospitalaria, se le practicó una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), de acuerdo con el protocolo vigente.
En la audiencia de formalización, realizada el viernes pasado ante el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, la fiscal Mazzaferri, quien está a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del área de la unidad fiscal mencionada, estuvo acompañada por la auxiliar fiscal Diana Arias y parte de su equipo de trabajo. Allí solicitó que se impusiera la prisión preventiva por 90 días y que se estableciera un término similar para el desarrollo de la investigación. El magistrado hizo lugar a ambos pedidos.
La fiscal federal Laura Mazzaferri y la auxiliar fiscal Diana Arias durante la audiencia de formalización del caso de trata de personas. Foto: Belén Cano / MPF
La imputación
Tras exponer los hechos investigados, la fiscalía calificó la conducta atribuida al hombre como constitutiva del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber mediado violencia, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por encontrarse embarazada y por haberse consumado la explotación (artículo 145 ter, incisos 1 y 2 y anteúltimo párrafo, en función del artículo 145 bis del Código Penal).
Además, se le atribuyeron los delitos de lesiones graves (artículo 90 del Código Penal); abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño a la salud física y mental de la víctima (artículo 119, inciso “a”, del Código Penal); y suministro oneroso de estupefacientes agravado por haber sido cometido en perjuicio de una mujer embarazada y mediante violencia (artículo 5, inciso e, y artículo 11, incisos “a” y “b”, de la Ley 23.737 de persecución del narcotráfico).
El inicio de la investigación
La investigación se inició el 9 de septiembre, a partir de una declinación de competencia de la justicia provincial. El caso había comenzado a partir del relato de una joven que recibió atención en el Hospital Interzonal de Mar del Plata, donde refirió haber atravesado situaciones de abuso sexual, lesiones y explotación sexual.
El miércoles pasado por la noche se realizaron tres allanamientos y se libraron, además, dos órdenes de presentación en locales comerciales cuyos inmuebles serían propiedad del principal investigado, quien, en ese contexto, fue detenido.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina, con intervención de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas.
De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el imputado habría explotado sexualmente a la mujer con otros hombres de su entorno, se habría quedado con el dinero entregado por los clientes prostituyentes y, a cambio, le habría suministrado estupefacientes. También habría percibido y retenido los beneficios sociales correspondientes a la víctima.
Secuestros y medidas patrimoniales
Tras exponer la teoría del caso, la calificación legal y la evidencia reunida hasta el momento, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una serie de medidas destinadas a resguardar el patrimonio del imputado, con el objetivo de asegurar eventuales decomisos y la reparación de las víctimas, en los términos del artículo 23 del Código Penal y de los artículos 219 y 220 del Código Procesal Penal Federal.
“Es importante remarcar la importancia que poseen estas medidas de carácter patrimonial en pos de la reparación robusta de las víctimas”, sostuvo Mazzaferri al fundamentar el pedido.
En concreto, solicitó el secuestro preventivo y embargo de tres automóviles y el embargo de cinco inmuebles que habían sido allanados y de los que el imputado sería el verdadero propietario. También requirió la inhibición general de bienes y el bloqueo de las cajas de seguridad, cuentas bancarias y billeteras virtuales de su titularidad. El magistrado hizo lugar a la totalidad de las medidas.