En el marco de la causa que investiga la explotación laboral de al menos 150 personas en campos de producción de frutos rojos, el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti le confirió intervención al Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, a fin de que, en el marco de sus competencias, realizara el seguimiento de la situación de las víctimas detectadas. El organismo efectuó inspecciones en los predios dedicados a la producción de frutillas y arándanos de la firma “El Frutillar” -que tiene a cuatro directivos procesados por el delito de trata de personas- ubicados en Mar del Plata y Bella Vista, provincia de Corrientes.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, en la que interviene en colaboración la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan el fiscal Marcelo Colombo y la fiscal Alejandra Mángano. Luego de que Santiago Inchausti, a cargo interinamente del Juzgado Federal N°1, dictara el procesamiento de las cuatro personas imputadas, dispuso la intervención del Comité. El organismo realizó inspecciones en los predios para determinar la situación de las víctimas y garantizar la restitución de derechos.

En el caso se encuentra procesados sin prisión preventiva el presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de la firma por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. La resolución fue dictada luego de haberse acreditado la situación de vulnerabilidad de trabajadores y trabajadoras, pagos inferiores a los establecidos por las normas laborales, y jornadas que llegaban a las 16 horas, entre otras circunstancias.

El Comité realizó en febrero la primera inspección en el predio que la empresa tiene en Mar del Plata; y la segunda se concretó días atrás en la ciudad correntina. De ambos operativos participaron además distintos organismos nacionales como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Migraciones, el Registro Nacional de Trabajadores Rurarales y Empleadores (RENATRE).

Según informó el Comité, en la ciudad balnearia más de 60 inspectores relevaron los predios durante 10 horas de manera coordinada y evaluaron la situación migratoria, las condiciones de contratación, la jornada de trabajo, el nivel de retribución salarial, las condiciones del entorno y, en el caso de RENATRE, las condiciones de sindicalización. El abordaje se hizo teniendo presente los criterios establecidos en la “Guía para investigar y detectar la trata laboral”, publicada de manera conjunta por el Ministerio Público Fiscal y la Organización Internacional del Trabajo en 2017.

“Durante el relevamiento se detectaron parcialmente condiciones de entorno indignas para los trabajadores en uno de los campamentos de trabajadores temporarios; niveles de retribución por debajo del mínimo legal establecido y algunas situaciones de pago a destajo y fraude laboral. También se detectaron jornadas de trabajo de lunes a lunes que superan lo máximo legal permitido. En cinco casos se detectó una situación migratoria irregular”, establece el informe confeccionado por el Comité.

Si bien también establece que “no se detectaron casos de explotación infantil y en el campamento principal las condiciones eran aptas”, el informe concluyó que “las condiciones objetivas que llevaron al Juzgado a procesar a los directivos de la empresa no habían sido subsanadas”. A fin de garantizar la protección de las víctimas, se sugirieron medidas que fueron ordenadas oportunamente por el juez federal.

Desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que dirige Gustavo Vera, remarcaron que “el operativo conjunto demostró que la cooperación inteligente entre la Justicia Federal y los organismos inspectivos del Gobierno nacional es decisiva para tramitar seriamente y en profundidad las causas judiciales evitando la impunidad y garantizando la reparación y el restablecimiento de derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.