El fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, Fernando Alcaraz, le solicitó al responsable del Juzgado Federal N°1 de dicha jurisdicción, Walter Bento, el archivo de la investigación iniciada en 2014, para establecer si las jóvenes Soledad Olivera y Johana Chacón fueron captadas por una red de trata de personas.

Desapariciones

Soledad Olivera fue vista por última vez, por su hermana el 18 de noviembre de 2011. Meses después, el 4 de septiembre de 2012, Johana Chacón desapareció tras bajar del micro que la llevaba a la escuela. Ambas vivían en la localidad de Tres de Mayo, en el departamento mendocino de Lavalle. Nunca más se supo de ellas. La justicia local inició sendas investigaciones para dar con el paradero de las jóvenes. Así, las pruebas señalaron un punto de conexión entre ambas: Mariano Luque, un peón rural que mantuvo una relación con Olivera, y que vivía en la casa de Chacón.

Investigación por trata de personas

En marzo de 2014, la comunidad educativa de la escuela Virgen del Rosario denunció ante la justicia federal que las jóvenes habían sido captadas por una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Dicha investigación quedó a cargo del fiscal Alcaraz, quien solicitó colaboración a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y ordenó una serie de medidas de investigación, que incluyeron allanamientos en otras provincias, sin resultados positivos. Para ello, se comisionó a un grupo cerrado de investigadores, a cargo de la División Escuchas Telefónicas y Antisecuestros de la Policía de Mendoza, al tiempo que se dio intervención a la Gendarmería Nacional Argentina en las pesquisas realizadas en otras provincias. En tal sentido, los investigadores abordaron la línea de investigación propuesta en la denuncia inicial, y también analizaron otras hipótesis que surgieron durante el proceso de investigación. En su presentación, los denunciantes hicieron especial hincapié en la vulnerabilidad de las víctimas por su condición de mujeres, de pobreza, de bajo nivel de educación y falta de empleo. Asimismo, dejaba entrever que el departamento mendocino de Lavalle constituiría una zona de “ablande” de mujeres para la introducción en las redes de trata de personas.

En virtud de ello, los investigadores realizaron una serie de medidas probatorias, con el fin de corroborar las doce hipótesis del caso que eran compatibles con el delito de trata de personas, aunque todas estas líneas de trabajo fueron fundadamente descartadas, no pudiéndose probar que ambas desapariciones se vinculasen con tal delito, previsto en el artículo 145 bis del Código Penal.

Revelación

Posteriormente, en el marco de la pesquisa desarrollada por Alcaraz, la hermana de Chacón, Beatriz, declaró que su ex pareja, Mariano Luque, asesinó a Johana, quemó su cuerpo, lo enterró en la vivienda que ocupaban y luego lo trasladó a otro sitio. Dicho testimonio permitió la aprehensión del hombre, quien quedó imputado por la privación ilegítima de la libertad de Olivera, y por el homicidio de Chacón. Próximamente, el acusado comparecerá a un segundo juicio –ya que el primero fue anulado por la Corte Suprema de Justicia- en orden a los delitos que se le imputan.

Pedido

Oportunamente, y teniendo en cuenta que ambas mujeres continúan desaparecidas, el fiscal Alcaraz había solicitado la incorporación de este caso al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.