El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano, y Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), solicitaron la elevación a juicio de un hombre acusado de haber captado, trasladado desde Colombia y acogido a un mujer con el fin de reducirla a la servidumbre, desde mediados de 2016 a mayo de 2019. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también pidieron una reparación económica para la víctima en el caso de una eventual sentencia condenatoria. El imputado está detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

A raíz del material probatorio recabado, Taiano y Mángano tuvieron por acreditado que el imputado llevó adelante la captación, traslado y acogimiento de la víctima en un contexto de encierros, amenazas, manejo de sus comunicaciones con terceras personas, golpes, ataduras, cortes producidos con diferentes herramientas, abusos sexuales y obligación de consumir sustancias estupefacientes. Esto último “para provocarle la pérdida de control sobre sí misma y la obligación de cometer acciones normativamente típicas, generando una deshumanización de la víctima al punto tal de convertirla en un mero objeto a disposición del imputado”.

La denuncia

El 1 de febrero de 2018 el Consulado de la República de Colombia en Buenos Aires denunció ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) el llamado telefónico de una mujer, ciudadana de ese país, advirtiendo de una situación de explotación en esta ciudad  de la cual resultaba víctima su hermana.

El caso quedó radicado en el Juzgado Federal Nº 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención de Taiano y la colaboración de los cotitulares de la PROTEX, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. Luego de numerosas tareas desarrolladas por la Unidad Operacional Control del Narcotráfico y el Delito Complejo Central de la P.S.A., se allanó la vivienda del imputado y aquél resultó detenido. Además, se obtuvo la declaración testimonial de la víctima por videoconferencia en cámara gesell, la cual fue llevada a cabo en la ciudad de Medellín por profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Dicha medida se articuló junto con la asistencia de la Diana Consuelo Hoyos Gómez, titular de de la Fiscalía N°16 ante los Jueces Penales Especializados de la República de Colombia.

Redes sociales, violencia y amenazas

De acuerdo a la pesquisa, el acusado se contactó con la víctima a través de Facebook y WhatsApp. La primera conexión fue a mediados de 2016 y continuó hasta el 17 de mayo de 2019, momento en el cual la víctima logró escapar del domicilio donde estaba privada de su libertad. Para ejecutar la maniobra, el acusado se valió de engaños, violencia, abuso de la situación de vulnerabilidad y amenazas a familiares y amigos.

Mediante un vínculo amoroso virtual, explica el requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía, la víctima se trasladó por primera vez desde Medellín a la República Argentina a través de falsas promesas de concretar la relación, conocer la ciudad de Buenos Aires y obtener una suma de dinero y un teléfono celular. Esos engaños se extendieron durante parte de la etapa de acogimiento: la finalidad, según señaló el MPF, era convencerla de que aplazara su vuelta a la República de Colombia.

Por otra parte, la Fiscalía determinó que a medida que avanzaba la estadía de la víctima en el país, el imputado ejerció violencia física, psicológica, sexual y económica contra la mujer, y en dos ocasiones la habría utilizado para llevar adelante diversas actividades ilícitas.

“Continuamente amenzaba a la víctima con infundirle un mal o causarle la muerte a su hijo menor. De esa manera logró, tras su primer viaje, que regresara en otras tres oportunidades a la Argentina con el fin de someterla a la explotación”, explicaron Taiano y Mángano.  Y agregaron que “el imputado se aprovechó de su condición de migrante, económica y de género”, sumado a que no contaba con redes socio-afectivas locales de contención para salir de la esfera de la dominación del imputado.

Variedad de delitos y reparación económica

Hacia el final de la presentación se enumeraron otros actos delictivos presuntamente cometidos por el acusado. Entre esos hechos se cuentan falsificaciones de tarjetas de crédito -junto a otras personas que aún no fueron individualizadas- y operaciones a través del uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito pertenecientes a terceras personas. También se le imputa la falsificación de documentos nacionales de identidad y la tenencia de un sello y recetarios con el objeto de prescribir fármacos.

En el petitorio, además de solicitar la elevación a juicio, los fiscales recordaron que el juzgado dispuso embargos sobre bienes y/o dinero del imputado hasta cubrir el monto de tres millones de pesos, y que dicha resolución fue confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en julio del año pasado. En ese sentido, Taiano y Mángano requirieron que, en el caso de obtener una sentencia condenatoria, los bienes y las sumas embargadas fuesen destinadas para la reparación económica de la víctima.