La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) mantuvo una reunión virtual con la División Coordinación contra el Trabajo Ilegal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de un proceso de trabajo que vienen llevando adelante ambos organismos con el fin de detectar e investigar casos de explotación laboral. Fue el 12 de agosto y por la procuraduría especializada participaron sus cotitulares, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, y por la dependencia del Poder Ejecutivo hizo lo propio Luis Irigoyen junto a Juan Pablo Pérez Millán de la Subdirección General de Técnica Legal, ámbito en el cual se creó la División.

PROTEX, AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación se encuentran desarrollando un protocolo con el objetivo de trabajar de manera articulada la detección, persecución y juzgamiento de la trata de personas con fines de explotación laboral. A este grupo se ha sumado recientemente la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal, a cargo del fiscal Diego García Yomha.

Los responsables de la División contra el Trabajo Ilegal realizaron en la reunión la presentación formal del área creada por medio de la Disposición 112/2020 DI-2020-112-E-AFIP-AFIP, de los responsables de las acciones que se llevarán adelante y de las tareas de su competencia, para articular con la PROTEX el cumplimiento de algunos de los siguientes objetivos que surgen de la disposición AFIP mencionada:

•Elaborar estrategias para la detección de situaciones de posible trata laboral en el territorio nacional;

•Elaborar un protocolo de trabajo sobre las actividades conjuntas;

•Trabajar en forma conjunta con los organismos competentes en la materia;

•Participar en la supervisión funcional de las tareas inherentes a investigación y fiscalización de los recursos de la seguridad social en casos donde se detecte la existencia de explotación laboral y/o trata con tales fines;

•Priorizar el uso inteligente de datos y tecnología, tendiendo a la sistematización de las investigaciones en materia de explotación laboral para su fiscalización por las áreas de seguridad sociales;

•Recibir e investigar “per se” o a través de las áreas de investigación respectivas las denuncias que formulen los particulares u otros organismos;

•Impulsar ante los organismos competentes las denuncias que pudieran corresponder en relación con los casos detectados;

•Realizar el seguimiento de la asistencia a las víctimas llevada a cabo por los organismos competentes, que tuvieron origen en el organismo.

Asimismo, la División Coordinación contra el Trabajo Ilegal manifestó su interés en articular el trabajo con las y los fiscales federales de todo el territorio nacional, con el principal objetivo de colaborar en causas de explotación laboral o trata de personas con dicha finalidad. Es por ello que dichas dependencias se encuentran desarrollando un mecanismo que permita potenciar las capacidades de ambos organismos.