18 de mayo de 2022
18 de mayo de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene el fiscal general Federico Carniel con la asistencia de la PROTEX
Resistencia: comenzó el juicio contra dos integrantes de una asociación civil acusadas de reclutar mujeres para explotarlas sexualmente
Están acusadas de captar a las víctimas a través de una entidad donde les ofrecían becas laborales en el Estado a cambio de que realizaran "favores sexuales" a funcionarios públicos de distintas dependencias del gobierno provincial. A una de las mujeres imputadas también se le atribuyen dos casos de abuso sexual.

El Tribunal Oral de Resistencia inició ayer el juicio contra Elida Mambrin y Lorena Quintana, acusadas -la primera como autora y la segunda como partícipe secundaria- de reclutar mujeres a través de la asociación civil No me olvides, dedicada a gestionar becas, y de exigir a las víctimas “favores sexuales” con hombres vinculados al poder chaqueño a cambio del acceso a las becas. Los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2018 y marzo de 2020.

Mambrín se encuentra imputada como autora del delito de captación, ofrecimiento y posterior explotación sexual de unas setenta víctimas, de un caso de abuso sexual gravemente ultrajante y de un caso de abuso sexual simple, todos en concurso real. La misma acusación pesaba respecto de Rolando Vallejo (alias "Kilo"), quien se suicidó el año pasado luego de permanecer prófugo de la justicia durante dos meses. Por su parte, Lorena Quintana se encuentra imputada como partícipe secundaria en la captación, ofrecimiento y explotación sexual. Mambrín llegó a juicio con prisión domiciliaria mientras que Quintana se encuentra en libertad.

Según la investigación, Mambrín y Vallejo captaban a las víctimas con ofrecimientos de trabajos para el Estado. Una vez seleccionadas, les exigían buena presencia, físico y vestimenta y las exhibían en distintos organismos públicos donde funcionarios podían elegir a alguna y ofrecerle “otro tipo de encuentro”. De esta manera, las personas acusadas obtenían a cambio influencia políticas.

En la audiencia de ayer las dos acusadas se negaron a declarar. Luego se les tomó testimonio a seis personas: dos profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, dos médicas, el subsecretario de Transporte de la provincia y una licenciada en psicología de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia.

Una vez seleccionadas, las víctimas eran exhibidas en distintos organismos públicos donde funcionarios podían elegir a alguna y ofrecerle “otro tipo de encuentro”.

“Las mujeres eran llevadas a oficinas públicas en las que eran exhibidas: oficina de Vialidad,Policía, Casa de Gobierno. Kilo ingresaba y decía: ‘Aca traigo a mis chicas’, y los hombres presentes hablaban de las chicas de Kilo. (Una de las víctimas) dijo que Kilo las hacía desfilar y dar vueltas, que las humillaba frente a esos hombres”, dijo la psicóloga en su declaración.

“Las becas se sostenían si accedían a lo que se les pedía, pedidos de funcionarios que le hacían a Kilo”, agregó.

Por su parte, una de las profesionales del Programa de Rescate resaltó la situación de vulnerabilidad no solo socioeconómica de las víctimas sino también física y psicológica.

En la próxima audiencia, prevista para el 28 de agosto, se realizarán los alegatos. En el juicio interviene el fiscal general de Resistencia, Federico Carniel con la asistencia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

El caso

La investigación se inició en marzo de 2020 a raíz de la declaración de cuatro mujeres ante la Secretaría de Derechos Humanos y Género de Chaco. En esa oportunidad, denunciaron que un grupo de 70 mujeres habrían sido víctimas de los responsables de la Asociación Civil No Me Olvides.

Según la investigación, las víctimas tomaban conocimiento de la existencia de la asociación a través de otras mujeres ya becadas y de publicidad y avisos radiales que detallaban la dirección del lugar. Una vez que enviaban sus currículums, eran entrevistadas por Vallejos y Mambrín. En la selección tomaban en cuenta su apariencia física, situación sentimental y familiar. Se les indicaba que debían cuidar su imagen y estar siempre arregladas porque trabajarían para políticos.

Las chicas con estas características pasaban a formar parte de la asociación como socias activas, debiendo realizar un aporte de una cuota mensual de 300 pesos, que era para el pago del alquiler del local.

Algunas de las víctimas fueron obligadas a prostituirse por la necesidad de mantener la beca, debido a que era el único ingreso económico que tenían.

Los relatos de las víctimas coinciden en que al prestar funciones en la sede de la asociación eran acosadas y abusadas. Varias de ellas señalaron que tanto Vallejo como Mambrín les hacían chistes con contenido sexual, tratándolas como sus amantes y les hacían preguntas específicas sobre la situación sentimental en la que se encontraban. Además señalaron que les hacían exigencias sobre su vestimenta y apariencia, que les pedían que usen ropas “seductoras y llamativas”, que fueran maquilladas y que les exigían que no aumentaran de peso. También aseguraron que Vallejo y Mambrín las tocaban, por ejemplo, cuando pasaban a su lado.

Agregaron que eran “exhibidas” a distintos hombres, a quienes eran ofrecidas como secretarias. Para ello, las hacían “pasear” en la camioneta de la asociación y las trasladaban a las oficinas del Correo Argentino, de Vialidad y distintas áreas del gobierno, para mostrarse ante funcionarios públicos. En esas circunstancias debían mostrarse “dando la vuelta”.

Asimismo, y particularmente con el ex subsecretario de Transporte, señalaron que el ofrecimiento de chicas era a cambio de dinero, vales de nafta y vehículos para la asociación.

De acuerdo con la acusación, todos esos mecanismos operaban manipulando a las mujeres como un bien disponible para sus propósitos. Cuando las víctimas no querían acceder a estos ofrecimientos, los imputados trataban de convencerlas diciéndoles que ese dinero les iba a servir para sus familias. De esta manera, algunas fueron obligadas a prostituirse por la necesidad de mantener la beca, debido a que era el único ingreso económico que tenían.

La acusación detalla que Vallejo y Mambrín se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad económica en la que se encontraban esas mujeres así como de la concesión de beneficios –las becas, motos o departamentos- para obtener el consentimiento de aquellas para mantener encuentros sexuales con los “amigos” de Vallejo. Una de las víctimas refirió en la pesquisa que Kilo “piensa que somos su propiedad, sus esclavas, que él es nuestro dueño y nos puede hacer cualquier cosa”.