El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó hoy a 15 años de prisión a Elida Mambrín por considerarla coautora del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de 70 víctimas; de un caso de abuso sexual gravemente ultrajante; y de un caso de abuso sexual simple, todos en concurso real. También condenó a Lorena Quintana, quien recibió la pena a tres años en suspenso como partícipe secundaria del delito de trata de personas. Además, el tribunal ordenó el decomiso de un vehículo y el dinero encontrado al momento de los allanamientos.

El veredicto del tribunal resultó en línea con el requerimiento formulado en el alegato por el fiscal general Federico Carniel y la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano.

Con respecto al monto de reparación a las víctimas, el tribunal señaló que se va a definir de acuerdo a "los considerandos" que se van a publicar en la lectura de los fundamentos, que se darán a conocer el próximo 13 de septiembre.

Las dos mujeres fueron consideradas culpables de reclutar a las víctimas a través de la asociación civil No me olvides y de explotarlas sexualmente con hombres vinculados al poder chaqueño, a cambio del acceso a “becas” o planes pagos con dinero público de los que también se beneficiaban aquellos. En vez de serles exigidas como contraprestación actividades ligadas a la función pública, se les exigía a las víctimas que tuvieran relaciones sexuales y otras prácticas humillantes con funcionarios públicos. Los hechos habrían ocurrido entre marzo de 2018 y marzo de 2020.

Según la investigación, Mambrín y Vallejo captaban a las víctimas con ofrecimientos de trabajos para el Estado a través de las redes sociales y avisos radiales. Una vez seleccionadas, les exigían buena presencia, físico y vestimenta y las exhibían en distintos organismos públicos donde funcionarios podían elegir a alguna y ofrecerle “otro tipo de encuentro”. De esta manera, las personas acusadas obtenían a cambio influencia políticas.

El debate, presidido por Eduardo Belforte, Juan Manuel Iglesias y Delfina Denogens, había comenzado el 12 de agosto. El 26 de agosto las partes pronunciaron sus alegatos.