Catorce y once años de prisión le fueron impuestos hoy a Sandra Roxana Coman y Ramón Gabriel Castillo, respectivamente,  por el delito de trata de personas agravado por la minoridad de la víctima y por haberse consumado la explotación sexual, en perjuicio de una niña de 13 años. La pena fue dictada  por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado  por Juan Manuel Iglesias, Rocío Alcalá y Eduardo Belforte, y fue en línea con lo postulado por el Ministerio Público Fiscal. El fiscal general Federico Carniel trabajó el caso junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y contó con la colaboración de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

El MPF alegó de manera remota ayer, y tuvo por acreditado que Coman y Castillo participaron, de común acuerdo, en la captación, traslado y recepción de la niña con el fin de obtener provecho económico prostituyéndola. La víctima vivía en el barrio “La Matera” de Quilmes, provincia de Buenos Aires, y la trasladaron hasta Charata en Chaco. Logró escapar cuando le buscaban “nuevos clientes” en un local bailable.  El fiscal solicitó las mismas penas que hoy se dictaron, tras poner especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de la víctima. El Tribunal también dispuso el decomiso de un inmueble propiedad del ahora condenado.

El caso                                     

De acuerdo a la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal de Resistencia, entre los días 21 y 24 de febrero de 2014, Coman engañó a la víctima para trasladarla desde su domicilio en el barrio “La Matera”, de la localidad bonaerense de Quilmes, hasta la ciudad chaqueña de Charata, donde fue recibida por Castillo, quien la explotó sexualmente.

Según se tuvo por probado, en la vivienda de Castillo la niña fue sometida por un hombre apodado “El Gordo”, mientras era sostenida por otras dos personas para vencer su oposición. Tras ello, el imputado devolvió a la víctima al domicilio de Coman, advirtiéndole que la chica se había resistido y le pagó 100 pesos por la explotación. La imputada reprendió a la joven y le dijo que si se quería quedar debía trabajar.

En otra oportunidad, Castillo llevó a la víctima a un local bailable para buscar “nuevos clientes”, ocasión que fue aprovechada por la niña para huir de sus captores. La joven fue ayudada por una mujer que la refugió en su vivienda hasta el 8 de marzo de 2014, cuando fue encontrada por la Policía.

En base a las pruebas colectadas durante la investigación, la Fiscalía solicitó que los imputados Coman y Castillo fueran sometidos a juicio oral como coautores del delito de trata de personas agravado por la minoridad de la víctima y por haberse consumado la explotación. Las primeras audiencias del juicio comenzaron  en noviembre del año pasado.

Reconocer la condición de víctima y reparación por parte del Estado

La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) está integrada por profesionales de diferentes disciplinas sociales. En el caso intervinieron las licenciadas en Trabajo Social Luz Martínez y Agustina Moñino, la licenciada en Psicología Andrea Vázquez  y la abogada Eugenia Borroni.

Desde la Dirección explicaron que la DOVIC acompañó al grupo familiar de la joven desde el 2015. Sobre su participación y trabajo explicaron que “debido a la magnitud del delito del cual fue víctima, y con solo 15 años al momento del hecho, las entrevistas y seguimientos fueron realizados con su grupo familiar más próximo: madre y hermanes. Ella y su familia ya habían sido vulneradas socialmente antes de este episodio".

“Ha transitado con mucho sufrimiento las consecuencias de aquel delito que, como en el caso de otros delitos, se siguen cometiendo hasta tanto exista una reparación por parte del Estado", agregaron. "Las condiciones de pobreza extrema en que ha vivido ella y su familia tornan aún más importante que sea reconocida su condición de víctima y los procesos reparatorios que emanen de dicha instancia”, resaltaron las expertas.