21 de mayo de 2024
21 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato del fiscal general Federico Carniel y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas
Resistencia: solicitaron nueve años de prisión para un exfuncionario provincial acusado de trata de personas con fines de explotación sexual
El representante del MPF acusó al exsubsecretario de Transporte de la provincia de Chaco, Roberto Medina, de haber participado de una organización que, a través de una asociación civil, ofrecía becas laborales a mujeres para desempeñarse en dependencias del Estado a cambio de explotarlas sexualmente con funcionarios públicos del gobierno provincial. Además de la pena de prisión, requirió que se le trabe embargo por 1 millón de pesos y que se le inicie una investigación patrimonial.

El fiscal general Federico Carniel solicitó ayer al Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado de manera unipersonal por el juez Enrique Bosch, que imponga la pena de nueve años de prisión a Roberto Medina, exsubsecretario de Transporte de la provincia de Chaco, a quien acusó de haber participado de una organización que, a través de la asociación civil “No me Olvides”, ofrecía becas laborales a mujeres para desempeñarse en dependencias del Estado a cambio de explotarlas sexualmente con funcionarios públicos del gobierno provincial.

Carniel contó durante el alegato con la colaboración de la auxiliar fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) Valeria Torcetta. En su exposición, consideró acreditada la participación del imputado en calidad de partícipe necesario del delito de trata de personas agravado por el uso de violencia, amenazas, abuso de la situación de vulnerabilidad, por haber sido más de tres las víctimas y por la participación de más de tres personas en los hechos. La fiscalía además solicitó trabar al acusado un embargo por 1 millón de pesos y que se le inicie una investigación patrimonial.

Este proceso que tiene a Medina acusado se desprendió de una causa principal por la cual en septiembre de 2021 Elida Mambrín y Lorena Quintana fueron condenadas a 15 y 3 años de prisión por el mismo tribunal, por resultar coautora y partícipe secundaria, respectivamente, del mismo delito. También estuvo imputado de participar en la organización Rolando Vallejo (alias "Kilo"), quien se suicidó en 2020 luego de permanecer prófugo durante dos meses.

La jornada de ayer continuó con el alegato de la defensa. El juicio comenzó el el miércoles 15 de marzo y a lo largo de las audiencias declararon nueve testigos. El 30 de marzo se conocerá el veredicto.

El alegato

En el inicio de la exposición, Carniel aseguró que este proceso no es diferente al que culminó con las condenas a Mambrín y Quintana: “Son los mismos hechos, pero acá se va a analizar cuál fue el rol de Medina para la consumación de esos hechos. La génesis de esta causa nace del análisis probatorio que se analizó en el juicio anterior. De la producción de la prueba surgieron elementos indubitables que hicieron la necesidad de notificar a la Fiscalía Federal para que continuara la investigación en relación a la participación de Medina. Esta causa no está cerrada. Van surgiendo distintos actores en función de las pruebas que se van produciendo”, afirmó.

Carniel señaló que “no quedan dudas” de que Medina, mientras estuvo en funciones, “colaboró de manera esencial” y “creó las condiciones necesarias” para que la organización comandada por Vallejos, Quintana y Mambrín “pudiera captar a las chicas para luego explotarlas sexualmente”.

Para el fiscal, a lo largo del debate quedó demostrado que el aporte de Medina era brindar la colaboración necesaria para colocar a las víctimas en una situación en la que podían perder su fuente laboral, que era la única razón por la cual se acercaban a la asociación civil “No me Olvides”.

Luego explicó que en la época en que Medina se desempeñaba como subsecretario de transporte, él era la única autoridad que permitía, dentro de la administración pública provincial, la tercerización de las becas. “Medina permitía que una asociación civil le suministrara personal, que eran las víctimas, para la realización de tareas dentro de su órbita”, explicó el fiscal.

Carniel señaló que “no quedan dudas” de que Medina, mientras estuvo en funciones, “colaboró de manera esencial” y “creó las condiciones necesarias” para que la organización comandada por Vallejos, Quintana y Mambrín “pudiera captar a las chicas para luego explotarlas sexualmente”.

También aseguró que la asociación civil reclutaba a las chicas que se encontraban en situación de vulnerabilidad, las extorsionaba a través de amenazas y luego las explotaba sexualmente. Añadió que las mujeres conocían la relación que existía entre Vallejos y Medina y entendían que por decisión de ambos podían perder las becas y el trabajo “que tanto necesitaban”. Reparó en que, para eso, Medina puso a disposición de Vallejo toda su estructura, como los materiales y el lugar para extorsionar a las mujeres. “Medina le generó a Vallejos la telaraña para que las chicas cayeran en la trampa”, enfatizó Carniel. “Sin Medina esas becas eran cáscaras vacías”, puntualizó.

El fiscal también hizo hincapié en la extrema vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas de este caso. “Eran mujeres que no tenían trabajo y que tenían muchas necesidades económicas. Eran chicas jóvenes con hijos que necesitaban tener un sustento y un trabajo para salir adelante. Para estas chicas las becas eran la vida, no tenían otro medio de vivir”.

Carniel detalló que la convocatoria para el acceso a estas becas se realizaba a través de la red social Facebook y de avisos radiales, que detallaban la dirección del lugar al que debían concurrir. Explicó que, una vez que las víctimas enviaban sus currículums eran entrevistadas por Vallejos y Mambrín que, en el proceso de selección, tomaban en cuenta su apariencia física y les realizaban interrogatorios del tipo sentimental y de índole sexual. “Se les indicaba que debían cuidar su imagen y estar siempre arregladas porque trabajarían para políticos”, indicó. Si pasaban esta fase debían pagar una cuota de 300 pesos por el alquiler del local de la asociación civil. Si se atrasaban con el pago les decían que había muchas otras chicas interesadas en esas becas.

“Los miembros de la organización las exhibían en distintos lugares y las obligaban a ir al cumpleaños de Mambrín para bailar con hombres mayores. Siempre bajo la amenaza de que si no iban y no hacían eso la iban a pasar mal y les iban a sacar las becas. Les decían que tenían contactos con la policía y con el procurador de la provincia. Vallejos siempre ostentaba, a través del vínculo que tenía con Medina, la posibilidad de sacarles la beca en el momento que él quisiera”, describió el representante del MPF en su alegato

El fiscal también hizo referencia a los distintos testimonios que dan cuenta que hubo distintos lugares donde fueron exhibidas y ofrecidas las víctimas de este caso. “Con la exhibición, él ganaba poder, esta es la contraprestación que él recibía”, marcó.

Por último, Carniel formuló la siguiente pregunta: “Sin el aporte de Medina, ¿se hubiesen podido cometer los hechos que fueron probados a Mambrín y Vallejos? ¿Hubiera sido posible llegar a una condena en la causa anterior? La respuesta es no. Medina ocupaba un rol de poder y les brindó un lugar para poder reclutar a las víctimas y darle una pantalla de legalidad a los hechos. Desde ese rol jerárquico amedrentó a las víctimas”, concluyó.

El fiscal hizo hincapié en la extrema vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas de este caso. “Eran mujeres que no tenían trabajo y que tenían muchas necesidades económicas. Eran chicas jóvenes con hijos que necesitaban tener un sustento y un trabajo para salir adelante. Para estas chicas las becas eran la vida, no tenían otro medio de vivir”.

Luego fue el turno de la auxiliar fiscal de la PROTEX, Valeria Torcetta, quien basó su exposición en las cuestiones de género y corrupción. “Un caso de estas características no puede no pensarse sin la perspectiva de género”, afirmó. Para eso, señaló que es importante reconocer las desigualdades estructurales e identificarlas en los elementos fácticos del caso.

“Medina no necesitaba recurrir directamente a violencia física, verbal, psicológica, ni siquiera a mantener contacto personal y cotidiano con las mujeres. Su rol jerárquico, su aparición en determinados actos o reuniones, la evocación de su nombre y su carácter eran más que suficientes para lograr la intimidación requerida para la concreción de la explotación sexual”, describió la auxiliar fiscal.

Torcetta consideró que el caso dejó en evidencia cómo se relegó a las mujeres a roles estereotipados y discriminatorios. “A ello se sumó que, el ámbito en que ocurrieron los hechos funcionó como un fuerte de intimidación suficiente para que las víctimas fueran obligadas o forzadas a prostituirse y se mantuvieran en esa situación sin animarse a denunciarlo ni hacerlo público por temor a las represalias, que incluían el juzgamiento público, el riesgo para sus familias o la quita de quizás el único sostén económico que tenían: las becas”.

Por otro lado, describió que “la acción criminal estaba inserta en un plan desplegado por un grupo de personas cuyos roles fueron diferenciados y con aportes fundamentales para la comisión del delito”.

En línea con las valoraciones realizadas por el fiscal Carniel, Torcetta consideró que Medina realizó un aporte fundamental para la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual consumada. “Medina, en su carácter de subsecretario de Transporte de la provincia de Chaco, brindó la cobertura necesaria para que Mambrín, Quintana y el fallecido Vallejos sometieran a un grupo de mujeres a explotación sexual y abusos en diferentes ámbitos de poder”, aseguró.

La auxiliar fiscal detalló que se trata de un caso de criminalidad organizada y compleja, inserto en un histórico contexto de desigualdad estructural y violencia contra las mujeres, en el que la corrupción estatal adquiere un rol protagónico.

Torcetta sostuvo que las víctimas de este caso fueron sometidas con un manto de protección particularmente intimidatorio como lo es la cobertura y complicidad del funcionario, que resultó ser un eslabón más de la organización.

“Cuando hablamos de trata de personas no podemos no referirnos a la violencia de género porque, más allá del delito, la trata constituye una problemática sociocultural, fuertemente arraigada en nuestra sociedad con causas que son históricas y que tienen que ver con relaciones de poder desiguales entre los géneros”, señaló.

Y continuó: “La trata de personas con finalidad de explotación sexual afecta principalmente a las mujeres y en ella confluyen todos los tipos de violencia por motivos de género que señala la ley de protección integral a las mujeres (Ley 26.485): física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional”.

Luego, Torcetta se refirió a la vinculación que existe entre la corrupción y la trata. Para ello, citó un extracto de la declaración conjunta entre la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción, la Red de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y el Área de Gobernanza de EUROsociAL + en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas de España (FIIAPP) que, con motivo del día Mundial contra la Trata, el 30 de julio de 2020 declaró:  “La corrupción, como abuso de poder para beneficio privado, es un factor fundamental para el funcionamiento de las redes de trata de personas, dado que facilita que se produzca el delito y que las estructuras criminales actúen con impunidad. Además, contribuye a que estas conductas permanezcan soterradas y se perciban como normalizadas. Las prácticas corruptas fomentan, por tanto, una mayor victimización –por la vía de la trata en sí misma y por la vía de la corrupción de las instituciones que deberían combatirla y proteger a sus víctimas–, siendo las mujeres y niñas quienes sufren esta lacra de manera mayoritaria”. En esa línea, aseguró que “el Estado Argentino debe actuar con la debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de hechos de estas características, garantizando en primer lugar el acceso efectivo a la justicia de sus víctimas”.

Torcetta sostuvo que las víctimas de este caso fueron sometidas con un manto de protección particularmente intimidatorio como lo es la cobertura y complicidad del funcionario, que resultó ser un eslabón más de la organización.

Por último, advirtió que “la impunidad en este tipo de hechos dejaría como mensaje que la violencia contra las mujeres es tolerada, que puede ser perpetrada y perpetuada, que debe ser aceptada, que es encubierta por los responsables de prevenirla, denunciarla, investigarla y juzgarla, y que las mujeres deberíamos por ello, no denunciarla”.