29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Requerimiento del fiscal Pablo Mansilla
Río Gallegos: un hombre de la comunidad gitana ira a juicio por trata con fines de explotación sexual contra su pareja
Está acusado de haber captado a la víctima con la falsa promesa de formar una familia, para explotarla sexualmente, y de haberla reducido a la servidumbre aprovechando su situación de vulnerabilidad. De acuerdo con la investigación, el imputado ejerció violencia física y psicológica sobre su víctima, retuvo su DNI y restringió su autonomía, pues no la dejaba salir sola de su casa.

En línea con el requerimiento del responsable de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, Pablo Mansilla, el juez federal de esa jurisdicción, Claudio Vázquez, elevó a juicio oral la investigación seguida contra un hombre, miembro de la comunidad gitana, por trata con fines de explotación sexual contra su pareja entre los meses de julio y diciembre de 2019 y hasta el 7 de agosto de 2020, fecha en que la víctima fue rescatada.

En su requerimiento, el fiscal federal encuadró la conducta desplegada por el imputado en el delito de trata de personas mayores de edad –en sus etapas de captación, traslado y acogimiento- con fines de explotación sexual y de reducción de servidumbre, agravada por aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y por haber mediado engaño, violencia, intimidación y amenazas, en calidad de autor.

Mansilla describió que el imputado captó a la víctima -oriunda de la provincia de Santa Fe- mediante engaños, con la falsa promesa de formar una familia y de vivir juntos, y que luego de lograr que ella se fuera a vivir con él, a la ciudad de Rio Gallegos, la explotó sexualmente y la redujo a la servidumbre, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

Señaló además que, durante todo ese tiempo el acusado ejerció violencia sobre ella, tanto física como psicológica, que retuvo su documento y que monitoreaba sus comunicaciones, bajo la amenaza constante de ofrecerla a terceros como prostituta para generar dinero.

Durante la investigación, colaboraron la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El tío de la víctima declaró que durante una conversación el acusado le exigió el pago de 300 mil pesos a cambio de devolverle a su sobrina y amenazó con mandarla en “pedacitos” si no efectuaba el pago.

Investigación

La madre y el tío de la víctima realizaron la denuncia el 7 de agosto de 2020 ante el Centro Territorial de Denuncias de Rosario, de la provincia de Santa Fe. La madre manifestó que su hija le había comunicado telefónicamente que su pareja la estaba “maltratando”, que quería que se “prostituya para que coma” y que era golpeada.

También expresó que ella se había enterado mucho después que su hija había escapado con su pareja hacia Rio Gallegos, ya que las mujeres gitanas por costumbre no suelen hablar de cuestiones referidas al noviazgo, por considerarse una falta de respeto dentro de la comunidad. Añadió que su hija había conocido al hombre por la red social Facebook, por donde mantuvieron conversaciones y comenzaron una relación de noviazgo, hasta que en enero de 2019 el acusado la fue a buscar a Rosario para llevársela a Río Gallegos.

Por su parte, el tío de la víctima declaró que durante una conversación el acusado le exigió el pago de 300 mil pesos a cambio de devolverle a su sobrina y amenazó con mandarla en “pedacitos” si no efectuaba el pago.

A partir de ahí, la fiscalía dispuso la intervención de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, que se entrevistó con la víctima, la cual manifestó que se sintió engañada por el imputado, quien le había dicho que la quería y que la había llevado a esa ciudad a fin de formar una familia. La víctima describió que, al arribar a Río Gallegos, el hombre le sustrajo dos anillos de oro, con la excusa que le debía “pagar” el viaje de traslado y de pasaje.

La mujer añadió que, a los dos meses aproximadamente, el imputado comenzó a golpearla, a amenazarla con que la iba a prostituir y que debía conseguirle dinero. Expresó que el denunciado ejerció violencia física en tres oportunidades y que le profería amenazas de muerte ante la posibilidad de regresar a su ciudad de origen. También contó que le retuvo su documento nacional de identidad, que no la dejaba que saliera sola de la casa y que, si bien le permitía comunicarse con su familia, luego le revisaba el teléfono.

En el informe, citado por la fiscalía en la acusación, la División de Trata describió que evaluaba sobre la víctima “indicadores de vulnerabilidad", que enumeró: "analfabeta funcional; enfermedad preexistente; escases de recursos económicos para la cobertura de necesidades; ciclo vital individual en la segunda etapa de adultez, existiendo ideas y necesidades de conformar una familia nuclear en el marco de su identidad cultural (es gitana), siendo un factor protector la existencia de recursos sociales a nivel familiar que le permiten salir de su situación actual”.

En el caso además intervino el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que entrevistó a la víctima y dejó constancia de su malestar y su deseo de dejar la ciudad de Río Gallegos.

La fiscalía repasó que, luego de comprobarse indicios que permitían sospechar la presunta comisión del delito de trata de personas, se solicitó el 7 de agosto del 2020 el rescate de la víctima y su resguardo en un hospedaje, al que el denunciante irrumpió el 2 de septiembre, desobedeciendo una orden judicial que lo intimaba a mantenerse alejado de ella.