En el marco de una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual llevada a cabo por el fiscal federal Marcelo Rapoport junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) fueron rescatadas siete mujeres en allanamientos realizados en tres domicilios de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Como consecuencia de los procedimientos, el Juzgado Federal de esa ciudad dispuso la detención de una persona relacionada con los hechos.

Los procedimientos fueron realizados el 22 de abril por efectivos del Escuadrón 62 de la Gendarmería Nacional, por disposición de la jueza Mariel Borruto. La persona detenida, acusada como responsable de regentear los lugares donde estaban las mujeres rescatadas, ya había sido investigada en otras causas por el delito de trata de personas.

La causa

El caso tuvo inicio el 7 de abril de este año, cuando una mujer se comunicó a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate para denunciar una posible situación de trata con fines de explotación sexual en la ciudad de Río Grande. Allí advirtió que hacía dos meses en un domicilio del barrio AGP funcionaba un “prostíbulo”, que abría diariamente desde las 23.30 hasta las 08.00.

La instrucción de la causa fue delegada a la fiscalía, que solicitó a la Gendarmería Nacional la realización de tareas de observación respecto del domicilio señalado. En aquellas jornadas de tareas investigativas, los efectivos habían observado la entrada y salida concurrente de gran cantidad de hombres y el ingreso habitual al lugar de seis mujeres con bolsas, mochilas y carteras, dentro de las cuales, según la investigación, llevaban elementos de aseo personal y ropas para cambiarse dentro del lugar y estar acorde a los “servicios” que brindaban a sus “clientes”.  En la pesquisa también se encontró gran cantidad de envases vacíos de diferentes bebidas alcohólicas, como también numerosos profilácticos usados, geles íntimos y envases vacíos que contenían líquidos incoloros, descartados junto a papeles higiénicos usados.

De ese relevamiento surgió que, tanto los movimientos como los elementos informados, serían compatibles con lo habitual en los casos de trata de “personas y/o prostitución”. A ello se sumaba el hecho de que en aquel domicilio no había “cartelería o anuncios” visibles que indicaran que allí se encontraba funcionado un local comercial como bar, club nocturno o algo similar, que justificara el constante movimiento de personas y de bebidas que se consumían.

A su vez, otro domicilio -al igual que el primero, una casa- fue denunciado con hechos y características similares. En ese lugar se investigó y se constató la presencia de cuatro mujeres, presuntas víctimas, y se identificó a una persona que concurría a los dos domicilios y que había sido investigada por el delito de trata en otras causas. Al inferir que esta persona siguió en el desarrollo de la actividad ilícita y la explotación de víctimas, la fiscalía solicitó su detención y el allanamiento de los dos lugares relacionados con los hechos investigados en la causa y de un tercero que aparecía en documentación personal que le fue secuestrada. Este último es un local y, al momento del procedimiento, estaba deshabitado.