28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino el fiscal federal Marcelo Rapoport
Río Grande: rescataron a tres ciudadanas dominicanas en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual
Una mujer de la misma nacionalidad que las víctimas fue imputada de ser la responsable del circuito de captación, traslado, alojamiento, explotación sexual y endeudamiento económico a mujeres que eran captadas de provincias del norte del país.

Tres mujeres de ciudadanía dominicana, víctimas de explotación sexual, fueron rescatadas por personal de la Gendarmería Nacional como resultado del allanamiento a un “privado” ubicado en la ciudad de Rio Grande. La orden había sido emitida por la jueza federal Mariel Borruto, tras un requerimiento del fiscal federal Marcelo Rapoport, quien está a cargo de la Fiscalía Federal de Rio Grande.

Como resultado del operativo quedó imputada la encargada de regentear el lugar, también de nacionalidad dominicana, a quien se le impuso la prohibición de salir del país, mientras que por disposición del Juzgado Federal de esa ciudad fueron secuestrados teléfonos celulares, siete pendrives, dinero en efectivo y elementos de interés para la investigación. En prinicipio, se considera a la imputada responsable del circuito de captación, traslado, alojamiento, explotación sexual y endeudamiento económico a mujeres que eran captadas de provincias del norte del país.

Asimismo, las tres mujeres rescatadas quedaron bajo la protección y el acompañamiento de la Oficina de Políticas de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego.

La causa

La investigación fue llevada a cabo por la fiscalía a partir de una denuncia anónima realizada en el 2018 en la línea telefónica gratuita 145 del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Delito de Trata de Personas. En esa comunicación, la víctima relató su historia, dio datos del lugar y contó cómo operaba la tratante.

En su denuncia contó que las mujeres eran captadas desde distintas localidades del norte del país por medio de otras chicas, que recibían 1500 pesos a cambio, y que eran trasladadas en avión. Después -agregó- eran obligadas a quedarse en el “privado” hasta que abonaran la totalidad del pasaje y saldaran la deuda, lo cual nunca llegaba a suceder, ya que la imputada incrementaba los montos de forma constante.

A partir de la denuncia, la fiscalía comenzó con la investigación, en la que pudo constatar que la mujer que regenteaba el lugar se hacía pasar por otra persona y que además estaba procesada en una causa iniciada en el 2017, justamente por el delito de trata de personas agravado por abuso de vulnerabilidad.

A su vez, a través del análisis de otras pruebas la fiscalía pudo dilucidar que en el domicilio investigado se estaban ofreciendo "servicios sexuales" y expendio de bebidas alcohólicas, indicios compatibles con el modus operandi de los llamados “privados” que se han registrado en la provincia.