Tres mujeres de ciudadanía dominicana, víctimas de explotación sexual, fueron rescatadas por personal de la Gendarmería Nacional como resultado del allanamiento a un “privado” ubicado en la ciudad de Rio Grande. La orden había sido emitida por la jueza federal Mariel Borruto, tras un requerimiento del fiscal federal Marcelo Rapoport, quien está a cargo de la Fiscalía Federal de Rio Grande.
Como resultado del operativo quedó imputada la encargada de regentear el lugar, también de nacionalidad dominicana, a quien se le impuso la prohibición de salir del país, mientras que por disposición del Juzgado Federal de esa ciudad fueron secuestrados teléfonos celulares, siete pendrives, dinero en efectivo y elementos de interés para la investigación. En prinicipio, se considera a la imputada responsable del circuito de captación, traslado, alojamiento, explotación sexual y endeudamiento económico a mujeres que eran captadas de provincias del norte del país.
Asimismo, las tres mujeres rescatadas quedaron bajo la protección y el acompañamiento de la Oficina de Políticas de Género, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego.
La causa
La investigación fue llevada a cabo por la fiscalía a partir de una denuncia anónima realizada en el 2018 en la línea telefónica gratuita 145 del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Delito de Trata de Personas. En esa comunicación, la víctima relató su historia, dio datos del lugar y contó cómo operaba la tratante.
En su denuncia contó que las mujeres eran captadas desde distintas localidades del norte del país por medio de otras chicas, que recibían 1500 pesos a cambio, y que eran trasladadas en avión. Después -agregó- eran obligadas a quedarse en el “privado” hasta que abonaran la totalidad del pasaje y saldaran la deuda, lo cual nunca llegaba a suceder, ya que la imputada incrementaba los montos de forma constante.
A partir de la denuncia, la fiscalía comenzó con la investigación, en la que pudo constatar que la mujer que regenteaba el lugar se hacía pasar por otra persona y que además estaba procesada en una causa iniciada en el 2017, justamente por el delito de trata de personas agravado por abuso de vulnerabilidad.
A su vez, a través del análisis de otras pruebas la fiscalía pudo dilucidar que en el domicilio investigado se estaban ofreciendo "servicios sexuales" y expendio de bebidas alcohólicas, indicios compatibles con el modus operandi de los llamados “privados” que se han registrado en la provincia.