09 de agosto de 2020
09 de agosto de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal
Salta: rescataron a siete jóvenes explotadas sexualmente y detuvieron a dos mujeres imputadas por trata de personas
A una de las dos detenidas se la considera líder de la organización. En la investigación previa se realizó el seguimiento por redes sociales e intervino la figura del “agente revelador”. El fiscal Ricardo Toranzos destacó el trabajo articulado de las fuerzas de seguridad.

Dos mujeres, una de ellas sindicada como la líder de una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, fueron detenidas como resultado de una serie de procedimientos realizados el viernes 17 por la noche en distintos domicilios del centro de la capital salteña. Siete jóvenes fueron rescatadas y se logró el secuestro de valiosos elementos de pruebas, entre ellos 19 teléfonos celulares, dos dispositivos de cobro electrónico, lencería erótica y la suma de 90 mil pesos.

Los allanamientos de viviendas señaladas como lugares donde las jóvenes eran explotadas sexualmente se realizaron de manera simultánea y estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional y de la División Trata de Personas de la Policía de Salta.

Coordinados por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, y a partir de las órdenes de allanamiento del juez federal de Garantías, Miguel Medina, las fuerzas intervinientes allanaron siete domicilios, dos de ellos ubicados en un edificio situado a pocas cuadras de la plaza principal de la ciudad.

En ese lugar los efectivos allanaron dos departamentos, situados en un primer y segundo piso. En uno de ellos, se rescataron a dos víctimas y se procedió a la demora de un cliente, como así también al secuestro de dinero y otros elementos de prueba.

A pocas cuadras de allí, en el allanamiento a una vivienda, fue rescatado el resto de las víctimas y se procedió a la detención de una mujer, quien fue sindicada como la líder de la organización desbaratada a partir de la investigación en marcha.

Otra mujer, considerada cómplice, fue detenida en el allanamiento realizado en un domicilio en la zona este de la ciudad. Según surge de la investigación, tendría la función de “captadora”. En su poder se secuestró un teléfono celular, dinero en efectivo y lencería erótica.

Respecto al resto de los domicilios allanados, se informó que en algunos de ellos se secuestraron teléfonos celulares, lencería, fotografías y otros elementos de pruebas. En otros lugares, los propietarios indicaron que los inquilinos se marcharon, o bien que ellos mismos les pidieron cesar la locación debido a quejas de los vecinos.

Agente revelador

Al referirse al resultado de los procedimientos y la investigación en curso, el fiscal Ricardo Toranzos resaltó el trabajo en equipo realizado por las fuerzas de seguridad intervinientes.

También se refirió a la utilización de herramientas especiales al momento de llevar adelante las pesquisas, entre ellas el seguimiento virtual por redes sociales y la figura procesal del “agente revelador” -es decir, el miembro de una fuerza de seguridad que, de incógnito, muestra interés y/o ejecuta las conductas desplegadas por la organización ilícita con el objeto de identificar a sus miembros- en el comienzo de la investigación del caso.

Toranzos señaló que el éxito de los procedimientos no sólo se vio reflejado en las detenciones y elementos de pruebas obtenidos, sino también en el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia de Covid-19, las que estuvieron presentes durante el amplio despliegue operativo. Tanto en el caso de las víctimas como de las detenidas, se aplicaron los protocolos de seguridad sanitarios, informó.

El fiscal precisó que además se tomaron las medidas para contener y asistir a las jóvenes rescatadas en los procedimientos.

El representante del MPF explicó que el delito de “trata de personas” se encuentra claramente establecido en el artículo 145 bis del Código Penal, el cual prevé una escala penal de cuatro a ocho años de prisión para aquel que “ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

Toranzos indicó que los elementos de prueba reunidos antes y después de los allanamientos llevan a la fiscalía a avanzar sobre la hipótesis de una organización dedicada a ese delito. Por ejemplo, la lencería, la cual era utilizada para la toma de fotografías que luego eran usadas para la captación de clientes. Entre otros indicadores, el fiscal mencionó el secuestro de dos dispositivos de cobro electrónico, el dinero secuestrado y demás documentación, la cual ahora será motivo de estudio y análisis.