En el marco del Día Mundial contra la Trata, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo de Sergio Rodríguez, puntualiza que la corrupción de funcionarios públicos como policías, agentes migratorios, inspectores municipales es un elemento central que permite que las redes de trata de personas operen y perduren en el tiempo.

Esta situación puede darse en cualquiera de los eslabones de la cadena delictiva, ya sea en la captación, traslado, acogida y explotación así como en la cadena de justicia por encubrimiento o incluso obstrucción, y en las dependencias encargadas de la protección de víctimas y testigos.

La PIA trabaja sobre la corrupción facilitadora de la trata en el ámbito de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP y a nivel local para construir información diferenciada sobre participación de funcionarios públicos en hechos de trata y explotación de personas, generar articulaciones institucionales con gobiernos y organismos de control locales para combatir la corrupción asociada a la trata en el nivel provincial y municipal, ampliar la detección temprana de casos de corrupción administrativa asociada a la trata y explotación de personas e intervenir en casos.

Estas acciones forman parte de un trabajo articulado que se realiza junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), para fortalecer con herramientas y estrategias conjuntas un abordaje amplio contra el delito de trata.

Datos sobre la corrupción en la trata de personas en Argentina
El análisis de la jurisprudencia de la Casación Federal entre 2012 y 2021 en casos de trata de personas con participación de funcionarios públicos muestra que en el 96% de los casos quienes se ven involucrados son fuerzas de seguridad y agentes municipales, principalmente en el eslabón de explotación (93% de los casos).

Respecto de las conductas se observa una preeminencia de tareas de seguridad y protección de lugares de explotación sexual y el otorgamiento de licencias de habilitación de locales, así como de libretas sanitarias con controles ginecológicos periódicos a mujeres que se encontraban en esos locales. También la omisión de controles o la ejecución controles deficientes, ya sea de inspecciones de organismos municipales como de fuerzas de seguridad.

En menor medida, se identificaron conductas activas como falsificación de actas y documentación, así como ignorar deliberadamente medidas de clausura sobre locales de explotación o poner de sobreaviso a tratantes de medidas investigativas.

En ese sentido, la PIA publicó un informe sobre este relevamiento y mantiene una base de jurisprudencia actualizada sobre casos de trata con participación de funcionarios públicos.

En algunos casos, se hace mención a la percepción de una retribución económica por parte de los funcionarios, por lo que se ha investigado posible cohecho pasivo, y en otros casos se alude a que se retribuiría en “pases”, sugiriendo formas de ejercicio de la sextorsión.

Este término fue popularizado por la Asociación internacional de Juezas (IAWJ) como “forma de corrupción en la que el sexo, en lugar del dinero, es la moneda del soborno”. En algunas ocasiones se usa el término “corrupción con moneda de cambio sexual” o directamente “corrupción sexual” para evitar equívocos debido a que en algunos países la palabra sextorsión se utiliza para referir al chantaje sobre exhibición de imágenes sexuales de manera no consentida por medios digitales.

La sextorsión se da en distintos contextos: desde la trata y el tráfico de personas, el ámbito laboral de la administración pública, contextos de encierro y sistema penitenciario, en la entrega de planes sociales y en el sistema de salud. En particular, los contextos de ocurrencia de la sextorsión en mercados criminales de delincuencia compleja como la trata de personas presenta particularidades que requiere previsiones especiales respecto de las víctimas.

En la última reunión de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la AIAMP, que organizó el Ministerio Público Fiscal de la Nación y se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de marzo en Buenos Aires, se acordó elevar una recomendación para ser aprobada por la Asamblea de la AIAMP sobre la tipificación de la sextorsión en los ordenamientos jurídicos internos de los países iberoamericanos teniendo en cuenta las peculiaridades legislativas de cada Estado.

También la AIAMP junto a EUROsociAL trabaja en avanzar en la elaboración de políticas conjuntas que releven la necesidad de incorporar la corrupción y la ruta del dinero de organizaciones criminales en investigaciones relacionadas con la trata de personas. En ese sentido y en el marco del Día Mundial contra la Trata, la AIAMP presentó un material audiovisual con testimonios del fiscal anticorrupción y titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, la fiscal de la PIA Andrea Garmendia Orueta, la fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Marcelo Colombo, ambos cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, PROTEX.

Articulación con niveles provinciales y locales en campañas de sensibilización y capacitación

La información sistematizada por la PIA respecto de la participación de funcionarios públicos en casos de trata, demostró que en muchos casos se involucran agentes municipales o provinciales, por lo que intervienen distintos organismos y regímenes de control, por lo que resulta fundamental articular y fortalecer la capacitación con múltiples dependencias.

La PIA preside el Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción y coordina en su seno un grupo para generar acciones a nivel local para combatir la corrupción que facilita la trata de personas, replicando los lineamientos discutidos en el ámbito de la Red de Corrupción de la AIAMP.

Este grupo, integrado por las FIA de Chaco, La Pampa y Río Negro, las OA de Jujuy y Chubut y el municipio de Rosario y coordinado por la PIA, ha publicado un informe con recomendaciones sobre la temática.

Actualmente se encuentra desplegando actividades de sensibilización y capacitación con municipios, policías locales y dependencias de los ejecutivos provinciales en las distintas jurisdicciones que participan del proyecto.