La Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán -con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX)- solicitó penas de nueve años de prisión para un varón y de seis años de prisión para dos mujeres por el delito trata con fines de explotación sexual, por sus diferentes grados de participación en la explotación de cuatro víctimas en dos prostíbulos ubicados en la capital provincial. En el juicio, el MPF está representado por el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina Garcia Salemi, con la colaboración del representante local de la PROTEX, Daniel Weisemberg.

En su alegato, el MPF solicitó para Hugo José Antonio “Bicho” Díaz una pena de nueve años de prisión por haberlo considerado partícipe necesario del delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual en las fases de captación y acogimiento en perjuicio cuatro víctimas, con la explotación sexual consumada en todos los casos, agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por pluralidad de autores y víctimas y por haber estado embarazada a la fecha de los hechos una de ellas. Las otras dos imputadas en la causa, María Antonia Peñaflor e Isabel Usandivaras, fueron señaladas como partícipes secundarias de los mismos delitos y la fiscalía solicitó para ellas la imposición de penas de seis años de prisión.

Díaz, Peñaflor y Usandivaras llegaron a juicio junto al fallecido Hugo Ramón “Gato” Díaz acusados de haber conformado una red destinada a la explotación sexual de mujeres, previamente captadas y acogidas con esa finalidad. La investigación comenzó el 30 de marzo de 2014 y se extendió hasta el mismo mes de 2015, cuando se produjeron cinco allanamientos. La fiscalía consideró probado en el juicio oral que la organización funcionaba desde al menos una década antes de esas fechas y que manejaba dos prostíbulos en San Miguel de Tucumán llamados “Night Club” (en la zona de El Bajo) y “El Límite” (en calle Alsina al 700).

En el proceso se constató que cuatro víctimas (nominadas TV1, TV2, TV3 y TV4 en el juicio oral) fueron captadas mediante engaños y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, para ser explotadas sexualmente en estos establecimientos. Una de ellas cursaba un embarazo en el transcurso de la explotación, mientras que otra residía en el prostíbulo junto a su hijo de dos años. En todos los casos, la explotación sexual fue consumada, llegando las mujeres a concretar más de veinte “pases” por noche.

La fiscalía pidió que se declare a los hechos como constitutivos de formas de discriminación y violencia contra las mujeres, tal como lo establecen la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

El caso comenzó a partir de una denuncia efectuada por la Fundación María de los Ángeles en contra de Hugo Ramón Díaz y otras personas, señalando que poseían dos prostíbulos en la ciudad de San Miguel. Luego de recibida la denuncia, el Ministerio Público Fiscal puso en conocimiento al Poder Judicial, que ordenó una investigación reservada a cargo del Centro de Reunión de Información (CRI) de la Gendarmería Nacional.

Durante el debate oral, la fiscalía consideró probada la existencia y funcionamiento de los dos prostíbulos donde eran explotadas las víctimas, así como el rol en la organización criminal de los tres acusados. En particular se probó que Hugo José Antonio Díaz (“Bicho”) se encargaba de regentear y administrar “El Límite” por el que pasaron las víctimas antes de recalar en “Night Club”. El MPF indicó que María Antonia Peñaflor (“Mary”), esposa del principal acusado, tenía a su cargo el bar contiguo al prostíbulo, se encargaba de la gestión de los locales, su locación mediante negociaciones con los propietarios y del control del giro económico de la empresa criminal. Para la fiscalia, María Isabel Usandivaras (“Chela”), por su parte, administraba el kiosco lindante, abría y cerraba el prostíbulo, controlaba a las víctimas, retransmitía órdenes del grupo, recibía a los prostituyentes y recibía la recaudación de los turnos para luego entregársela al fallecido “Gato” Díaz, quien se quedaba con el 50 por ciento de la recaudación.

Durante el debate, las cuatro víctimas pidieron al tribunal prestar una nueva declaración, remarcando que en la primera oportunidad (en 2015) estaban muy condicionadas por el temor a sus explotadores. Por pedido del MPF y la querella, los testimonios fueron recibidos en formato de Cámara Gesell, por vía virtual, reservando sus datos personales y su imagen, con el acompañamiento de psicólogas del programa de Acompañamiento a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán y de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

El juicio oral llevó un total de seis audiencias en las que además de las víctimas declararon los oficiales del CRI de la Gendarmería Nacional a cargo de la investigación inicial, testigos de los allanamientos y profesionales del programa de acompañamiento. Se incorporaron también mediante su reproducción los resultados de las intervenciones telefónicas practicadas a los acusados y varios documentos de importancia para la resolución del caso.

En su alegato, Camuña y García Salemi solicitaron además que se declare a los hechos como constitutivos de formas de discriminación y violencia contra las mujeres, tal como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para). Además del pedido de penas, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el decomiso del inmueble donde funcionaba el local “Night Club”, y que se fije a Peñaflor, Díaz y Usandivaras la obligación de pagar una suma de un millón de pesos a cada una de las damnificadas, en concepto de reparación económica del daño.