07 de diciembre de 2024
07 de diciembre de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En el debate intervino el fiscal subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina Garcia Salemi, con asistencia de la PROTEX
Tucumán: dictaron penas de entre cuatro y nueve años de prisión para tres personas por el delito de trata con fines de explotación sexual
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal ordenó además la reparación económica para cada una de las cuatro víctimas de este caso y el decomiso del inmueble de la zona de El Bajo en la capital tucumana donde funcionó el prostíbulo "Night Club", lugar en el que fueron explotadas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, en línea con el pedido de la fiscalía en su alegato, condenó hoy a Hugo José Antonio “Bicho” Díaz a la pena de nueve años de prisión por considerarlo partícipe necesario del delito de trata de personas en las fases de captación y acogimiento agravada por la consumación del hecho en perjuicio de las cuatro víctimas del caso.

Las otras dos imputadas en la causa, María Antonia Peñaflor e Isabel Usandivaras, recibieron las penas de cinco y cuatro años de prisión respectivamente en calidad de partícipes necesarias en las mismas fases del mismo delito. El fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina Garcia Salemi -quienes actuaron en el debate con la colaboración del representante local de la PROTEX, Daniel Weisemberg- habían pedido la imposición de penas de seis años de prisión para las dos mujeres.

El tribunal, integrado por Carlos Enrique Jiménez Montilla, Enrique Lilljedahl y Jorge Basbus, dará a conocer los fundamentos el 13 diciembre.

En el veredicto dictado hoy, los jueces además revocaron la excarcelación de Díaz, dispusieron el arresto domiciliario con implementación de la vigilancia electrónica, mantuvieron la excarcelación de las dos mujeres condenadas y ordenaron el impedimento de acercamiento por cualquier medio a las víctimas de esta causa.

También dispusieron el decomiso del inmueble de la zona de El Bajo, en la capital tucumana, donde funcionó el prostíbulo "Night Club", lugar en el que fueron explotadas las víctimas. Los magistrados hicieron lugar al pedido de reparación e instó a las personas condenadas a pagar solidariamente una suma equivalente a 1 millón de pesos a cada una de las víctimas.

El tribunal hizo lugar al pedido de reparación e instó a las personas condenadas a pagar solidariamente una suma equivalente a 1 millón de pesos a cada una de las víctimas.

Finalmente, mantuvo la inhibición general de bienes y dispuso comunicar la sentencia al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación para que se les brinde asistencia médica y/o psicológica a las víctimas de este caso a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y se hagan efectivas las políticas tendientes a la revinculación social y laboral.

Para el tribunal, en línea con el pedido de la fiscalía y la querella de la Fundación María de los Ángeles, los hechos delictivos juzgados constituyeron una forma de discriminación y de violencia contra las mujeres tal como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Para).

En el proceso se constató que las cuatro víctimas fueron captadas mediante engaños y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, para ser explotadas sexualmente en dos boliches de la capital provincial llamados “Night Club” y “El límite”. Una de ellas cursaba un embarazo en el transcurso de la explotación, mientras que otra residía en el prostíbulo junto a su hijo de dos años. En todos los casos, la explotación sexual fue consumada, llegando las mujeres a concretar más de veinte “pases” por noche.

El juicio comenzó el 1 de noviembre y a lo largo de las seis audiencias declararon las victimas del caso, a través de Cámara Gesell por vía virtual; oficiales del Central de Reunión de la Gendarmería Nacional, a cargo de la investigación inicial; testigos de los allanamientos; y profesionales del programa de acompañamiento.