29 de enero de 2023
29 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen la Fiscalía Federal de Ushuaia y Protex
Ushuaia: juicio contra una red de trata que explotaba mujeres en un histórico prostíbulo
Los seis imputados habrían engañado a las víctimas a través de falsas ofertas laborales para explotarlas sexualmente en local nocturno denominado “Black and White. La colaboración de Protex se inició a raíz de una denuncia por avisos clasificados publicados en el diario Clarín.

La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Ushuaia solicitó la elevación a juicio de la causa contra Victor Antonio Morales, Cristina Patricia Ramírez, Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia, María Cristina Ledezma y Mauro Luciano Morales Ledezma, quienes están acusados de explotar sexualmente al menos a 15 mujeres oriundas de diferentes provincias y países limítrofes en situación de vulnerabilidad, en un histórico prostíbulo de la ciudad de Ushuaia, denominado “Black and White”.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, había iniciado una investigación a partir de una denuncia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que daba cuenta de avisos clasificados publicados en el diario Clarín que reclutaba mujeres para trabajar en un prostíbulo de la provincia. Con el tiempo, advirtieron que se trataba  de la causa que llevaba adelante la Fiscalía de Soria y por ello se unificaron.

Orígen de la causa

El 20 de marzo de 2010, una mujer denunció en una comisaría de la ciudad de Rosario, Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y que ese día le había enviado un mensaje de texto en el que la advertía a su madre de una situación sospechosa. La Fiscalía pudo establecer que no solamente esa mujer sería víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que habría otras que también habrían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para explotarlas en Black and White.

Paralelamente, el 7 de abril de 2010 se había recibido en Protex información del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre un anuncio publicado en el diario Clarín del día 4 de octubre de 2009 que daba aviso de la búsqueda de “señoritas para cabarets en Ushuaia” con un teléfono para comunicarse. A partir de ese momento, la Procuraduría dispuso una investigación preliminar ya que consideraron que podía tratarse de una oferta laboral engañosa.

Cuando Protex advirtió que ambas causas podrían ser parte de la misma organización criminal, envió su investigación preliminar a la Fiscalía Federal de Ushuaia para unificarlas y solicitó una serie de medidas para colaborar en el caso. De esta manera, se pudo establecer que la banda contaba con una conocida página web que recibía una gran cantidad de visitas diarias y donde se publicitaban los “servicios” que ofrecía el prostíbulo, con el detalle de la cantidad de mujeres de diferentes partes del país que se podía “elegir”.

A partir de las pruebas recolectadas, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, consideró que había indicios suficientes para considerarlo un caso de trata de personas y aportó nuevos elementos probatorios como escuchas telefónicas y la constatación, a través de información de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, de otros cuatro avisos publicados en el mismo diario entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

Entonces, el 27 de abril de 2012 se realizaron cinco allanamientos, tanto en el prostíbulo como en los domicilios particulares de los imputados y el lugar donde eran alojadas las víctimas. En esa oportunidad, se pudo secuestrar importantes sumas de dinero, un arma de fuego, medicamentos con la droga Oxapro 75 (utilizados para realizar abortos).

El 15 de mayo de ese mismo año, el juez Federico Calvete dictó el procesamiento de los seis imputados y el 3 de octubre el representante del Ministerio Público solicitó el requerimiento de elevación a juicio, firmado por el fiscal ad hoc Fernando Pedro Rota.

Funcionamiento de la banda

Según la prueba recolectada, Morales habría sido el encargado de captar víctimas en situación de vulnerabilidad, oriundas de diferentes provincias y países limítrofes, a través de falsas ofertas laborales o “recomendaciones” de personas allegadas para trasladarlas y explotarlas sexualmente en el histórico prostíbulo, ubicado en el centro de la ciudad de Ushuaia.

Por otro lado, la banda funcionaría con un sistema de multas por supuestas “infracciones” cometidas por parte de las víctimas tales como llegar tarde, no limpiar la casa o excederse del tiempo correspondiente en los “pases”. Todas las penalizaciones ascenderían a $300.

Cristina Patricia Ramírez, alias “Camila”, Daniela Alejandra Morales Ledesma, alias “Ale” y Mirta Jorgelina Puglia, alias “Marcela Rey”, “mami” o “mamá, habrían tenido a su cargo el funcionamiento del local y quienes llevaban el registro de la actividad de las mujeres en un libro de “pases”. Si bien las tres tenían el mismo rol, la última era quien inspiraba más temor a las víctimas ya que las amenazaba y ejercía el rol de “celadora”. Su participación resultaba esencial para el funcionamiento de la organización. No solamente vigilaba que nada se saliese del orden establecido por la organización criminal, sino que, además, sumaba infracciones para que se realizaran continuos descuentos. Si bien en la práctica, las chicas rara vez recibían dinero, esas multas servían de excusa para que los escasos montos se reduzcan.

De todas maneras, las tres eran las responsables de cobrar las cuotas de las deudas y multas y quienes les entregaban un comprobante del dinero que les correspondería, pero que, “por razones de seguridad”, las imputadas gentilmente guardaban. Esto se desprende de la declaración de las víctimas.

Con relación a María Cristina Ledesma, su rol consistía en cooperar con Víctor Morales (su ex pareja y padre de sus hijos) en la etapa del transporte de las víctima a la ciudad de Ushuaia. Si bien el hombre solía encargarse de todo, en muchas ocasiones ella actuaba como si fuese su secretaria. Para el fiscal “es evidente que ella no podía desconocer la actividad que realizaba Morales y sus hijos, ni su finalidad de explotación sexual”.

Finalmente, Mauro Morales Ledesma, servía las copas en la barra a los clientes aunque en ciertas ocasiones reemplazaba a alguna de las encargadas. Si bien su participación no era la misma que la del resto de los imputados, no podía desconocer la actividad ilícita que se realizaba dentro en el prostíbulo.