En el debate, intervinieron los fiscales Abel Córdoba, a cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico, y Adrián García Lois, titular de la fiscalía federal de Tierra del Fuego. En diálogo con Fiscales, brindaron detalles acerca de la causa y las características principales del caso.
- ¿Por qué este caso es considerado emblemático?
García Lois: Porque es el primer antecedente en la provincia de una causa por trata de personas. Además, porque hay por lo menos tres causas más en etapa de instrucción, muy similares, de lugares que funcionaban como cabarets y que también eran promovidos por un líder junto a varios miembros familiares. Por lo cual está sentando un precedente por los casos que están por llegar a juicio en breve.
- ¿Qué rol jugaron los avisos clasificados a través de los cuales se publicitaban las falsas ofertas de trabajo?
García Lois: Fueron determinantes porque era la forma en que se captaba a las víctimas. Se buscaba mujeres que estuvieran en situación de vulnerabilidad extrema y la forma de engañarlas era a través de avisos clasificados publicados, sobre todo, en el diario Clarín. Se les ofrecía trabajo, casa, un montón de beneficios y sueldos fabulosos que después no se concretaban.
- ¿Cómo se concretaba de la captación?
Córdoba: Toda organización criminal siempre tiene un léxico propio, lo que define un modo de comunicarse específico. Este es uno de los elementos que permite dar cuenta que hay una organización y no una mera confluencia de voluntades generales. Los avisos que vimos publicados en el marco de este caso son absolutamente claros para quien conoce ese léxico, es decir, los tratantes y prostituyentes. Las víctimas, ya sea por falta de acceso a recursos culturales, de educación o por condiciones de vida de extrema vulnerabilidad, muchas veces no comparten el mismo código de comunicación con quien coloca los avisos. Entonces, hay para quienes la propuesta de un “club nocturno” y un sueldo de 15 mil pesos no les indica necesariamente la explotación de la prostitución. Esto es lo que da cuenta de una percepción muy clara de a quiénes iban a captar los tratantes. Ahí, es donde se consuma el engaño y el medio de publicación es un instrumento más.
Los fiscales destacaron que el Black and White no era un prostíbulo más. Tenía más de 15 años en funcionamiento en pleno centro de la ciudad de Ushuaia. Las mujeres que allí trabajaban provenían en su mayoría de República Dominicana, Colombia y Argentina.
El sistema de explotación que el clan Morales implementaba tenía que ver con la rotación y el cambio continuo de mujeres que ofrecían. La cantidad de víctimas que los fiscales llevaron a juicio son 17, pero durante la investigación se supo que fueron muchas más las mujeres que pasaron por Black and White.
- ¿Cuáles eran las características del funcionamiento de la banda?
Córdoba: Claramente el jefe y líder de esa organización era Morales. Pero una sola persona no puede mantener la sujeción de muchas mujeres y someterlas a la explotación sexual a lo largo de tanto tiempo. Con lo cual es un delito esencialmente colectivo. Tuvieron que organizar dónde iban a vivir las víctimas, desarrollar métodos de control absoluto durante las 24 horas, mantener el salón de explotación comercial y el manejo del dinero en todo momento. Por otro lado, la dinámica de captación y de retención de las victimas implicaba que ellos tuvieran vínculos con las agencias de viaje para comprar los boletos en todo momento y movilidad para ir a buscarlas al aeropuerto. Asimismo, la vinculación con los organismos municipales y con la policía era otro de los aspectos, así como también la tramitación de libretas sanitarias. Finalmente, debían determinar qué relación iban a tener las victimas con los prostituyentes y que, a lo largo de esa relación, estuvieran presentes las reglas que fijaba la organización tratante. Eso exige un control casi absoluto de todos los movimientos.
- ¿Cómo funcionaba la connivencia policial?
Córdoba: Hay una causa que está en instrucción en la que están investigando las responsabilidades penales de funcionarios públicos. La actividad prostibularia es abiertamente ilícita, desde 1937, pero no es clandestina. Entonces tenemos una ilicitud manifiesta pero publicitada y ubicada en un lugar céntrico. Ese doble carácter hace que la connivencia policial sea una de las condiciones que permiten ese doble juego. Las referencias que tuvimos del vínculo que tenía Morales con la policía es que los alimentaba. Les llevaba facturas y alimentos. Al prostíbulo acudían, además de las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, médicos de las principales clínicas de la ciudad y funcionarios municipales. Por eso nosotros insistimos en destacar esos datos, porque las mujeres no sólo fueron denigradas por los tratantes y por los prostituyentes sino también por los organismos públicos. Son víctimas de todo ese funcionamiento. Ahí es donde se cierra todo el círculo. ¿Dónde iban a ir a denunciar? Lo único que puede romper con todo eso es la justicia. Todos estos factores contribuyeron y le dieron la definición completa a la explotación en ese lugar.
- ¿Qué particularidades tienen las víctimas de este tipo de delito?
Córdoba: Hicimos mucho hincapié en la supresión de las potencialidades de la víctima. Desde que eran captadas hasta que fueron rescatadas tuvieron clausurada no sólo su esfera de la intimidad, que es uno de los derechos humanos fundamentales porque es donde uno deslinda el trabajo de la esfera privada, sino que también estuvieron suspendidos todos sus desarrollos personales, lo que que hacen a la gravedad del hecho. No tuvieron la posibilidad de un desarrollo económico autónomo, ni ciudadano, ni educacional. Su único rol económico era ser explotadas. La trata distorsiona la totalidad de políticas públicas planificadas, sostenidas y fomentadas para equiparar la condición de la mujer en la sociedad. El delito de trata nos demostró que el vínculo de lealtad es del tratante con los que considera sus clientes y en eso la víctima está al servicio. El impulso que llevó a las víctimas a participar, de algún modo, del plan delictivo de los acusados es el de mejorar sus condiciones de vida, de progresar, de que su familia tenga mayor sustento económico, de sacrificarse para mejorar las condiciones materiales como intenta hacer la mayor parte de la sociedad. La trata es ese impulso a mejorar esas condiciones.
- ¿Y respecto a las víctimas de este caso en particular?
Córdoba: Sobre el final hicimos hincapié en una diferencia clara: el lugar de mayor sufrimiento para los hombres en esa ciudad fue la Cárcel del Fin del Mundo, que fue cerrada y clausurada en 1947. En cambio, el lugar donde más sufrieron las mujeres en esa provincia fueron estos prostíbulos, que fueron encontrados abiertos en 2012. Ahí, tenemos el desnivel de desigualdad. El poder legislativo se había pronunciado clausurando esos lugares, el ejecutivo estaba controlando, lo que faltaba era que el poder judicial estableciera con valor de sentencia el criterio válido en ese lugar.
- ¿Cómo influyó en las víctimas el hecho de que, en su mayoría, provenían de países caribeños para luego ser trasladas hasta la ciudad más austral del mundo?
García Lois: La particularidad que tiene la ciudad de Ushuaia es que la forma de llegar es necesariamente por avión. Tierra del Fuego es una provincia muy aislada del resto del país. Además, es muy difícil y caro poder salir, lo cual hace que sea mucho más fácil tenerlas sometidas. Por otro lado, es un lugar chico, de mucho turismo, y la actividad prostibularia era muy habitual allá.
Córdoba: Cuando le preguntamos a la víctima que declaró en el juicio si alguna vez había pensado en ir a Ushuaia dijo que no conocía ni sabía dónde quedaba esa ciudad. Es un lugar que está fuera de las expectativas, posibilidades y horizontes de las personas que tienen que sobrevivir para que sus hijos o ellos no mueran de hambre. Las condiciones en las que se encontraron no sólo fueron duras como las que padece cualquier migrante que va a ese lugar, sino también sorpresivas porque no sabían a dónde estaban siendo llevadas. Eso nos pareció que contribuía a su situación de vulnerabilidad. De allí es imposible irse si no es con determinado tipo de ropa, con abrigos importantes y con recursos. Es una isla y por eso la fuimos calificando como una jaula territorial. No había modo de salir sino era por un lugar registrado y con documentos, que en este caso se los retenían los tratantes. Por lo tanto, la única opción que tenían las mujeres era haciéndose explotar y generándole más ganancias a los tratantes. Es un mecanismo perverso, que es la rueda infinita de la explotación.
- ¿Cómo fue la postura del Tribunal en cuanto al trato con las víctimas?
Córdoba: Nosotros destacamos los criterios del Tribunal. Un proceso penal implica siempre un nivel de exposición de las víctimas muy grande y un nivel de demanda judicial para que recuerden y relaten con precisión experiencias muy traumáticas. Los magistrados entendieron que eso había que considerarlo y valorar los informes profesionales para quienes no estaban en condiciones en declarar. Además, los jueces incorporaron las declaraciones de las mujeres durante la etapa de instrucción, lo cual habla de relevancia de una investigación bien formada y bien probada desde los primeros momentos. Luego, cuando declaró una de las víctimas, el pedido de la fiscalía fue que fue lo haga sin la presencia de público, ni de prensa ni de los acusados porque nos pareció que era lo más parecido a una Cámara Gesell. Eso permitió que pudiera explayarse y detallar con claridad y absoluta veracidad cuál era la dinámica de explotación y cuáles habían sido las conductas de los acusados. De esta manera, la víctima ve en el sistema de justicia un lugar donde poder comunicar sus vivencias y que esa comunicación sea una recepción respetuosa, donde se les da valor a su palabra y se las redignifique.
Otros de los aspectos señalados por los fiscales fue el hecho de que el Tribunal se mostró interesado en dar curso lo más rápido posible a cada uno de los temas. El trabajo en conjunto les permitió comunicarles que “en cualquier momento de las 24 horas la Fiscalía iba a estar presente y llevando adelante la acusación”. Eso se plasmó en audiencias que duraron hasta la madrugada de un sábado. En esa línea, los representantes del Ministerio Público también destacaron que luego de la declaración de la víctima, en la que relató que había sido amedrentada por Morales, el principal imputado quedó detenido por pedido del MPF.
- ¿Cómo continuó la situación de esa mujer?
García Lois: El día de hoy continúa con custodia y se inició un trámite por proceso penal por la denuncia de este nuevo hecho.
- ¿Cómo fue el trabajo articulado entre Protex, la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico y la Fiscalía Federal de Tierra del Fuego?
García Lois: Hubiese sido imposible llegar a una sentencia condenatoria en esta causa si no se hubiese habido un trabajo articulado y en equipo. En primer lugar, la colaboración de Abel Córdoba fue determinante por toda su experiencia. También fue enriquecedor y fundamental estar en contacto permanente con Protex, que colaboró en cuanto a jurisprudencia y a las formas de encarar determinadas circunstancias. Por otro lado, también contamos con las personas que intervinieron en la etapa instrucción, como el fiscal Fernando Rota. Los sumamos para preparar los alegatos, para ver cada detalle del expediente. La visión de todos los que participaron fue lo que llevó a lograr, mediante una acción unificada, una condena.
Córdoba: La disposición de la Fiscalía hacia el trabajo en equipo potenció la postura del Ministerio Público. En todo momento eso posibilitó posturas muy fundadas, muy claras y asentadas en una suma de experiencias. Todo eso hizo que los planteos del MPF hayan sido considerados como una postura sólida, unificada y asentada en un conocimiento que excedía a cada persona porque era un trabajo en equipo, muy sólido.