26 de septiembre de 2020
26 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Alegato de los fiscales Adrián García Lois y Abel Córdoba
Juicio por trata en Ushuaia: pidieron siete años de prisión para el principal acusado
En una audiencia que culminó en la madrugada del sábado, los representantes del MPF pidieron también cinco años de prisión para el resto de los cinco imputados, integrantes del clan familiar acusado de explotar al menos a 18 mujeres. La semana que viene se conocerá el veredicto.

Los fiscales generales Adrián García Lois y Abel Córdoba requirieron que se condene a siete años de prisión al principal acusado y dueño del prostíbulo“Black and White” de Ushuaia, Víctor Morales, y a cinco años de prisión a los restante cinco acusados, todos integrantes de un clan familiar acusado de trata de personas con fines de explotación sexual.

La solicitud de los fiscales se dio en el marco de la audiencia de alegatos del debate oral y público que se realiza ante Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego y que, tras comenzar el viernes a las 20.00, culminó en la madrugada del sábado.

Además de las penas para los seis acusados, los fiscales requirieron el decomiso de todos los bienes de la organización y enmarcaron el delito como trata de personas agravado.

El juicio, que había comenzado el 26 de agosto, culminaría con el veredicto la semana que viene. Morales, el principal acusado, se encuentra detenido desde el miércoles pasado a la noche, luego de que los jueces hicieran lugar al pedido de los fiscales en ese sentido.

Morales está acusado de engañar, a través de falsas ofertas laborales publicadas en el diario Clarín, trasladar y explotar sexualmente al menos a 18 mujeres en situación de vulnerabilidad en el histórico y conocido prostíbulo denominado “Black and White”, ubicado en la ciudad de Ushuaia. Los demás integrantes del clan familiar, para quienes la fiscalía requirió cinco años de prisión, son su ex esposa María Cristina Ledezma, su pareja Cristina Patricia Ramírez, sus hijos Alejandra y Mauro Morales y una mujer de nombre Mirta Jorgelina Puglia, quienes fueron acusados de cumplir diferentes roles para llevar adelante el funcionamiento de la organización.

Funcionamiento de la banda

Según describieron los fiscales en la acusación, Morales habría sido el encargado de captar víctimas en situación de vulnerabilidad, oriundas de diferentes provincias y países limítrofes, a través de falsas ofertas laborales o “recomendaciones” de personas allegadas para trasladarlas y explotarlas sexualmente en el histórico prostíbulo, ubicado en el centro de la ciudad de Ushuaia. Las víctimas residirían en otro domicilio por el cual los imputados les descontaban 300 pesos mensuales en concepto de alquiler.

El prostíbulo habría funcionado todos los días desde las 00:00 hasta las 6:00, aproximadamente. Contaba con dos habitaciones destinadas a la realización de los denominados “pases”, por un valor de entre 600 y 800 pesos del cual percibirían entre un 60 y un 70 por ciento del total, ya que el resto se lo apropiaban los imputados.

Por otro lado, la banda había implementado un sistema de multas por supuestas “infracciones” cometidas por parte de las víctimas tales como llegar tarde, no limpiar la casa o excederse del tiempo correspondiente en los “pases”. Todas las penalizaciones rondaban los 300 pesos.

Las víctimas poseían libretas sanitarias y se realizaban análisis y controles ginecológicos a pedido del líder de la banda en un lugar que él mismo “recomendaba” y por los cuales se les cobraba 400 pesos. Como muchas de ellas no contaban con ese dinero, se traducía como “deuda”. Además, las víctimas debían concurrir a la comisaría de la zona para realizar un trámite que las mujeres definieron como “antecedentes” o “buena conducta”. Allí, les habrían tomado las huellas digitales y se consignaban los datos en un registro.

Origen de la causa

El 20 de marzo de 2010, una mujer denunció en una comisaría de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y que ese día le había enviado un mensaje de texto en el que la advertía a su madre de una situación sospechosa. Durante la investigación, la Fiscalía Federal de esa ciudad estableció que no solamente esa joven podía ser víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que habría otras que también habrían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para explotarlas en Black and White.

Paralelamente, el 7 de abril de 2010 se había recibido en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) información del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre un anuncio publicado en el diario Clarín el 4 de octubre de 2009 que daba aviso de la búsqueda de “señoritas para cabarets en Ushuaia” con un teléfono para comunicarse. A partir de ese momento, la Procuraduría a cargo de Marcelo Colombo dispuso una investigación preliminar, ya que podía tratarse de una oferta laboral engañosa.

Cuando Protex advirtió que ambas causas podían ser parte de la misma organización criminal, envió su investigación preliminar a la Fiscalía Federal de Ushuaia para unificarlas y solicitó una serie de medidas para colaborar en el caso. De esta manera, se estableció que la banda contaba con una conocida página web que recibía una gran cantidad de visitas diarias y donde se publicitaban los “servicios” que ofrecía el prostíbulo, con el detalle de la cantidad de mujeres de diferentes partes del país que se podía “elegir”.

A partir de las pruebas recolectadas, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, consideró que había indicios suficientes para considerarlo un caso de trata de personas y aportó nuevos elementos probatorios como escuchas telefónicas y la constatación, a través de información de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, de otros cuatro avisos publicados en el mismo diario entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

Finalmente, el 27 de abril de 2012 se realizaron cinco allanamientos.