El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba emitió una resolución declarativa para "exigir la urgente investigación de las denuncias a violaciones a los derechos humanos en los establecimientos vinculados al Servicio Penitenciario de la provincia", luego de la inspección que realizara el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, que derivó en el hallazgo de cadenas utilizadas como elementos de tortura en el penal de Barrio San Martín.

La unidad académica expresó también su "rechazo categórico (a) las declaraciones de la ministra de Justicia y Derechos Humanos", Graciela Chayep, quien denunció penalmente a los funcionarios del Ministerio Público de la Nación y, frente a las denuncias de torturas, cuestionó la competencia de aquellos para ingresar en el penal. La ministra, además, prohibió el ingreso de los funcionarios federales en el penal de Bouwer, lo cual también fue expresamente "repudiado" por las autoridades de la Facultad.

La resolución del Consejo Directivo fue seguida de una misiva a la ministra para "solicitarle enfáticamente una investigación rigurosa", al tiempo que pone "a su disposición los recursos especializados y profesionales con los que cuenta para realizar la investigación requerida, esperada con expectativa por la opinión pública de Córdoba y de todo el país".

La carta, firmada por el decano Diego Tatián y la vicedecana Beatriz Bixio, destaca que la situación carcelaria forma parte de las preocupaciones de Facultad de Filosofía y Humanidades desde hace más de 13 años, en los que ha "sostenido un compromiso educativo" en los penales de San Martín y Bouwer.

En los considerandos, la resolución declarativa del órgano académico reseña que los funcionarios de la Procuvin hallaron en el penal de San Matín "dos camastros de hierro y diecisiete cadenas de unos setenta centímetros cada una, elementos que -según denunciaron varios de los allí detenidos- eran utilizados por los guardias 'para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas' y en las cuales, además, eran sedados para su 'contención'".

La resolución también recuerda que "los instrumentos de sujección y tortura fueron suprimidos hace ya 200 años por la asamblea Constituyente y Soberana del año XIII".

Asimismo, revela que el Programa Universitario en la Cárcel de esa Facultad recibió denuncias el año pasado "sobre malos tratos y torturas durante traslados de estudiantes de cárceles del interior de la provincia al penal de Barrio San Martín, en instancias destinadas a clases o exámenes en el Aula Universitaria". Esas denuncias, precisa, fueron elevadas al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba.

La resolución del Consejo recuerda finalmente el contenido de la ley 26811, que instituye el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional y que contempla "para cada uno de los parajes donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional una señalización que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron".