Con la homologación de 16 medidas tendientes a revertir el grave cuadro de violencia institucional, finalizó la mesa de diálogo por la situación de las personas detenidas en la Unidad Penal N°7 de Resistencia, una instancia abierta en el marco de un habeas corpus donde el Servicio Penitenciario Federal, fiscales, defensores, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) se sentaron frente a frente para acordar soluciones ante el juez Federal de Resistencia, Carlos Skidelsky.

Tras la última de seis audiencias, el juez homologó las medidas acordadas por las partes, que incluyen el cese del uso de "celdas secas", es decir, sin agua, en el pabellón de castigo; la reubicación de personal penitenciario con procesamiento firme por atentar contra la vida o la salud de las personas privadas de libertad; la realización de requisas por parte de agentes "debidamente identificados", incluso mediante un acta, a quienes estará vedado ingresar "corriendo" y "utilizando silbatos"; la "suspensión del uso de escopetas", salvo en casos de "extrema violencia" y "peligro contra la vida", y la "prohibición de ingreso de más de un escopetero -que deberá ser identificado en acta- para la realización de las requisas de rutina", como también "la utilización de armas de menor cuantía de poder de fuego" dentro del penal.

También, se estableció que se deberá exhibir la lista de internos de cada pabellón "a la hora de alojar un interno nuevo", lo cual debe constar en un acta; el deber del director del penal de notificar de inmediato a todos los organismos "la existencia de hechos violentos"; obligación de filmar las requisas mediante un sistema que no pueda ser alterado; y la obligación para el SPF de que los internos puedan contar con sus efectos personales luego de requisados.

Además, se dispuso que se deberá garantizar una hora de recreo en patio a todos las personas detenidas, todos los días; y "un diagrama de horarios de salida respetuoso de los horarios de trabajo, educación y visitas".

Las medidas asimismo incluyen el "establecimiento del cupo máximo real de la unidad teniendo en cuenta distintos parámetros que garanticen el resguardo físico y psíquico de los alojados", y la ya puesta en práctica "prohibición de trasladar a todos los internos con arraigo a más de 500 kilómetros de distancia" de la Unidad 7.

En ese contexto, el SPF estará ogligado a "poner en práctica las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas".

El coordinador del Área de Encierro de la (Procuvin), Roberto Cipriano García, evaluó que "todas las medidas son muy trascendentes, a fin de lograr el cese de las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos que se registraron en la Unidad".

"Pero sin duda, la prohibición de ingreso de detenidos provenientes de Ciudad de Buenos Aires o bien del Conurbano Bonaerense y la imposibilidad de aislar detenidos en celda seca (sin baño ni agua) constituyen dos medidas muy importantes que Procuvin viene planteando como indispensables para las Unidades Federales de máxima seguridad de Chaco, Rawson y Neuquen", destacó el funcionario.

En ese sentido, explicó que "la degradación e inhumanidad de tener que utilizar bolsas de nylon y botellas plásticas para satisfacer necesidades fisiológicas y el alojamiento a cientos de kilómetros de sus familias que no pueden visitarlo,  comunicarse o proveer de alimentos y medicación, provocan un deterioro sostenido en las personas afectadas y su grupo familiar".

Cipriano García explicó que ambas resoluciones fueron propuestas por la Procuvin y que "constituyen en avance que debe ser aplicado a las restantes unidades del interior del país".

La mesa de diálogo se reunió seis veces en los últimos seis meses: el 13 de marzo, el 3 de abril, el 10 de junio, el 8 de julio, el 7 de agosto y el 11 de septiembre.

La instancia fue presidida por el juez Skidelsky y en ocasiones por su subrogante, Hugo Haedo, e integrada por la Fiscalía Federal de primera Instancia de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, la Fiscalía General ante la Cámara Federal de esa jurisdicción, cuyo responsable es Carlos Amad, la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, a cargo de Federico Carniel, el titular de la Procuvin, Abel Cordoba, junto a Cipriano García, las defensorías oficiales a cargo de Gonzalo Molina y Juan Manuel Costilla, el representante de Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, y el Servicio Penitenciario Federal.

El fiscal Sabadini aseguró a Fiscales que las audiencias tuvieron un saldo "positivo" porque "se ha logrado incidir sobre las condiciones edilicias de la prisión con la clausura y modificación de pabellones, pericia para establecer cupo carcelario, pericia sobre las armas que se utiliza en situaciones de conflicto, disminuir el nivel de violencia, no a cero, pero sí una marcada disminución, y mantener el cupo carcelario, e instalar el tema como preocupación, esta vez con casi todas las partes involucradas".

Sabadini adelantó que "las medidas adoptadas serán permanentemente monitoreadas por las partes" y valoró como "indispensable el aporte efectuado por Procuvin, no sólo en los debates llevados a cabo en la mesa sino en el compromiso materializado en el resultado de las conclusiones a las que se llegó".