09 de agosto de 2022
09 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32 y la Procuraduría de Violencia Institucional
Crimen de Lucas González: ATAJO elaboró un amplio informe social a pedido de la fiscalía y de la PROCUVIN
El documento interdisciplinario fue elaborado por dos trabajadores sociales y una licenciada en psicología. Contiene una descripción de las características socio-ambientales de la villa 21-24 y el NHT Zavaleta, donde la agencia territorial del MPF tiene una sede desde 2014 .

En el marco de la investigación en curso por el homicidio de Lucas González, y a solicitud de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32 y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo de Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim, respectivamente, la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF (ATAJO), que dirige Julián Axat, realizó un amplio informe de tipo comunitario.

El documento interdisciplinario, elaborado por dos trabajadores sociales y una licenciada en psicología, contiene una descripción de las características socio-ambientales de la villa 21-24 y el NHT Zavaleta, zona de la Capital Federal donde se encuentra emplazada desde 2014 una agencia territorial del MPF, que atiende todo tipo de consultas, sean ellas jurídicas o por el efectivo acceso a derechos.

El informe pone de relieve el aspecto comunitario y describe el tejido social de la villa de Barracas, donde se produjo el crimen del joven. Según detalla el documento, “en la recolección de la información y el análisis de la misma se utilizaron diversas técnicas cualitativas tales como recorridas y articulaciones territoriales (diagnóstico barrial), registros de campo y observación participante”.

Entre otras consideraciones, el documento destaca que “en experiencias anteriores en donde se pidió la colaboración de esta Dirección y de PROCUVIN, se pudo observar un resquemor por parte de los vecinos a poder realizar una denuncia en relación a un hecho de violencia institucional basados en la posible represalia de las fuerzas policiales para con los testigos o el barrio, como así también una aseveración de que los casos denunciados no llegan a una resolución judicial que repare el daño provocado”.