El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Ángel Palazzani, y el coordinador del Área de Violencia Policial, Maximiliano Medina, presentaron esta mañana una denuncia penal para que se investigue la posible participación de funcionarios públicos en relación a hechos cometidos contra niños, niñas y adolescentes por personal de Gendarmería Nacional Argentina abocado al Operativo Cinturón Sur, entre septiembre de 2013 y octubre de 2014.

La denuncia de la Procuvin fue presentada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, tras la realización de una investigación preliminar en la que se identificaron al menos 18 hechos que habrían constituido privaciones ilegítimas de la libertad, incumpliendo con la normativa y protocolos vigentes en materia de derechos humanos. Palazzani y Medina señalaron que la denuncia, además de la identificación de los autores materiales, tiene también por objeto la determinación de quienes “por su responsabilidad jerárquica, puedan llegar a ser también coautores o partícipes del delito o de algún otro tipo penal”.

La investigación preliminar de la Procuvin comenzó tras una serie de comunicaciones remitidas por la Defensoría General de la Nación e incluyó informes realizados por la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) y testimonios primero recabados en la Dirección de Orientación y Acompañamiento a la Víctima (DOVIC) y luego reiterados en la sede de Procuvin. De esos elementos, se desprende que la privación ilegal de la libertad se produjo al detener a niños, niñas y adolescentes en los barrios porteños de Villa Lugano y Villa Riachuelo y trasladarlos, en algunos  casos durante horas, a lugares descritos como “garitas” o “playones” no habilitados para tal fin, en lugar de conducirlos directamente al Centro de Admisión y Derivación “Inchausti (CAD)”.

Palazzani y Medina resaltaron en la obligación por parte de los uniformados de alojar a los menores de edad en el CAD sin excepción e insistieron en que el objeto de la denuncia es "la determinación de las responsabilidades no sólo de aquellos que tuvieron el control de la situación material respecto de los niños, niñas y adolescentes, sino de todo aquel funcionario público que permitió a través de la violación de sus deberes institucionales, la consecución de los hechos delictivos identificados como una práctica recurrente en el ámbito del dispositivo conocido como Operativo Cinturón Sur, vinculadas al incumplimientos de las normativas referidas al traslado inmediato de los menores de edad al Centro de Admisión y Derivación".

“Más allá de la responsabilidad penal concreta por los apremios ilegales, torturas y/u otros tratos crueles inhumanos o degradantes” por la que intervienen diversas fiscalías, la Procuvin hizo hincapié en que “estas graves violaciones a los derechos humanos” revisten “carácter institucional”, porque de acuerdo a las denuncias son “también muchos los funcionarios que sin ejecutar materialmente los hechos de violencia omiten la interrupción de dichos actos”, explica la presentación. “Es dable formular la hipótesis -que entendemos delictiva y que denunciamos- que existe pleno conocimiento de estos delitos entre los propios funcionarios de la fuerza y las autoridades de Gendarmería Nacional que actuaron en el marco del operativo Cinturón Sur en el período señalado”, agregaron Palazzani y Medina.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal agregaron que las instalaciones, conocidas como “garitas”, “cuentan con oficinas administrativas y vestuarios para los gendarmes que cumplen funciones en los distintos puestos”. Al respecto, precisaron que están ubicadas en: Villa 21-24 y Núcleo Habitacional Transitorio Zavaleta, Barracas, Comuna 4: Iriarte y Zavaleta; Plaza Kevin; Manzana 4, Loma Grande; Iriarte Monoblocks; Iguazú 1500/1501. Villa 20, Lugano, Comuna 8: Albariño y Corvalán; Chilavert y Larrazabal. Villa 1-11-14, Bajo Flores Comuna 7: Riestra y Charrúa, que luego se trasladó a Bonorino y Ristra; Riestra y Camilo Torres, que se trasladó al Barrio Juan XXIII; Varela y Castañares; Perito Moreno y Cruz; Cobo y Curapaligue. Además, se advirtió la existencia de una dependencia en Mariano Acosta entre Janer y Plumerillo/Barros Pazos, llamada “Espartano”.

“A los chicos los llevaban a la garita y le realizaban apremios ilegales, desde físicos hasta psicológicos, como por ejemplo hacerles hacer saltos ranas, en calzoncillos, cantar el himno nacional, a Sarmiento, si se equivocaban les pegaban, en algunas ocasiones con personal femenino presente, amenazas, inclusive, con que los iban a tirar al río, además de malos tratos por el color de piel, entre otras cosas”, dio cuenta uno de los testimonios incorporados a la denuncia realizada ante la Cámara del Crimen.  Y agregó: “Las garitas no eran de las antiguas, sino como un predio enorme, como un playón (…) A veces los trasladados eran con la cabeza hacia abajo para que ellos no puedan ver a donde iban”.

Por su parte, el Área de Bases y Registros de la Procuvin determinó la cantidad y tipo de hechos denunciados, las dependencias intervinientes, la edad y sexo de las víctimas. De ese informe, surge que el promedio de edad de los menores de edad afectados es de 15 años, “identificándose situaciones extremas de tres víctimas de 13 años y dos de 14 años de edad”, y que “los tramos que niños, niñas y adolescentes pasaron privados de la libertad sin ser remitidos al CAD van desde 1:20 hs. hasta un máximo de 15:55 hs”.