La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció a la Policía de la Ciudad por la represión ejercida por esa fuerza el 9 de abril de este año, sobre los docentes que se encontraban instalando la “Escuela Itinerante” sobre la Plaza de los Dos Congresos como forma de protesta en reclamo para que se convoque a una paritaria nacional. El operativo incluyó el uso de gas pimientas y golpes a las personas que allí se encontraban, y culminó con dos detenidos.

El escrito lleva la firma del titular de la Procuvin, Félix Crous, y fue radicada ante la Cámara del Crimen luego de una investigación preliminar sobre los hechos. La presentación sostiene que no se vislumbra “motivo alguno que haya justificado el uso de gas pimienta, los empujones, las patadas y los golpes propinados con los escudos y bastones”, en tanto “no hubo un ataque a los bienes del estado, afectación al libre tránsito o al personal policial allí apostado”. “La desconcentración o desalojo de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas -los propios manifestantes o terceros- ante peligros reales y, a la vez, si ellos se vieran verificados, debe necesariamente contemplar las medidas de desconcentración menos lesivas para quienes ejercer el derecho”, explica la denuncia.

La presentación valoró las declaraciones testimoniales de varios docentes, pero también lo informado por la Policía de la Ciudad. Así, el secretario de Relaciones Internacionales de CTERA señaló que alrededor de las 18 el titular de la Comisaría 6ª, comisario Marcelo Galluzzi, se comunicó telefónicamente con él para informarle “que desde el Ministerio de Espacios Públicos se le había ordenado desarmar la estructura y decomisar todos los elementos”. Para las 19:00, se presentaron personalmente Galluzzi y el comisionado mayor Carlos Pereira, “quienes reiteraron la orden impartida de decomisar el material para el armado de la estructura y de impedir la instalación de la misma. Al ser preguntados acerca de la existencia de alguna orden de desalojo, reiteraron que se trataba de una orden verbal que provenía de Presidencia, y que les daban dos minutos para retirarse del lugar”, narra la presentación de la Procuvin. Cuando el representante de los maestros “se disponía a comunicar la situación a quienes integran la Junta Ejecutiva de CTERA, que se encontraban en el lugar, la columna policial comenzó a avanzar en dirección a los/as docentes, propinándoles patadas, golpes con los bastones y escudos, y arrojando gas pimienta indiscriminadamente”.

Por su parte, funcionarios policiales de la fuerza de seguridad involucrada relataron lo sucedido en el marco de la causa 23327/2017, iniciada contra los manifestantes detenidos por supuesta “resistencia a la autoridad”. Todos coincidieron en que se recibió una orden de desalojo. La directiva habría provenido de la Dirección General de Operaciones “para que los efectivos del DOUCAD ‘procedan a desalojar a las personas’ que rodeaban la estructura”. La orden fue impartida también como “el barrido de los manifestantes”, lo que para la procuraduría especializada “permite advertir la connotación que para un funcionario policial puede tener esa palabra en el contexto de un operativo de contención ante una concentración masiva de personas”.

Así, para la Procuvin, la única circunstancia que hubiere justificado una intervención en el legítimo ejercicio del derecho de protesta -garantizar el respeto y la protección de los derechos de los participantes-, “con el solo basamento en la formalidad del requisito de una respuesta expresa al aviso efectuado en poso de un permiso administrativas, terminó con la consecuencia de la afectación no ya de derechos esenciales a la vida democrática, como son el de reunión, expresión libre y petición a las autoridades; sino también a la integridad física de los manifestantes”.

Finalmente, Crous enumeró los elementos que ya obran en la investigación y sugirió una serie de medidas para incorporar nuevas pruebas. “Por todo lo expuesto, entendemos que debe investigarse la cadena de mandos de la fuerza -y eventualmente ascender a los funcionarios públicos que conformaron y emitieron la orden-, en el marco del operativo policial desplegado el día que ocurrieron los hechos que  se denuncian”, para lo que deberá delimitarse las funciones y deberes institucionales de cada uno de ellos, “y -eventualmente- la violación a ellos”, resume la denuncia de la Procuvin.