03 de diciembre de 2021
03 de diciembre de 2021 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Cincuenta inspecciones a establecimientos de todo el país en menos de un año y medio
Detrás de las rejas: el informe de la Procuvin sobre el monitoreo a lugares de encierro
La Procuraduría a cargo de Abel Córdoba publicó un trabajo que resume las tareas llevadas adelante en penales y otros establecimientos con un total de 412 intervenciones para resguardar derechos. Hubo participación de funcionarios que por primera vez pisaron una cárcel. Las medidas promovidas y el modo de actuar antes, durante y después de la inspección.

Hubo 412 intervenciones en cincuenta inspecciones a las cárceles llevadas a cabo en menos de un año y medio por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) a través de su Área de Encierro. Seis de cada diez inspecciones fueron a establecimientos federales y el 66 por ciento de los lugares visitados alojaba a hombres. Participaron 20 funcionarios y funcionarias de la Procuvin, que totalizaron 151 participaciones. En 41 de esas inspecciones, estuvieron 119 asistentes de otras instituciones, la mayoría integrantes del Ministerio Público, y en la gran parte de los casos se trató de agentes que ingresaban por primera vez a un establecimiento de encierro.

Los datos corresponden al informe que la Procuvin presentó la semana pasada sobre las tareas de monitoreo en lugares de encierro de todo el país desde abril de 2013 a agosto de este año, que incluye un balance sobre el resultado de lo constatado en las cincuenta visitas y las respuestas promovidas frente a las problemáticas que se presentaron.

Las tareas de monitoreo y control de estos establecimientos por parte del Ministerio Público Fiscal son un imperativo previsto en los tratados internacionales, en la Constitución y en la legislación local, y uno de los principales objetivos trazados por la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, cuando encomendó esta labor a la Procuvin mediante la Resolución PGN 455/2013.

"A través de las inspecciones realizadas se verificaron una multiplicidad de situaciones que configuran graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que importan acumulación de padecimientos de distinta índole tanto para sí como para quienes integran sus vínculos cercanos; al mismo tiempo que se vivenciaron experiencias de desamparo e incluso riesgo inminente para la vida de personas detenidas", señala el informe, cuyos resultados fueron adelantados por Fiscales cuando los miembros de la Procuvin, encabezados por su titular, Abel Córdoba, lo expusieron en la Procuración General de la Nación.

Los casos que se originan en inspecciones a unidades penitenciarias -412 hasta agosto de este año- constituyen casi la mitad del total con el que trabaja el área de Encierro de la Procuvin, a cargo de Roberto Cipriano García. El resto se origina en denuncias presenciales y telefónicas o por correo electrónico.

Las medidas adoptadas

De acuerdo con el trabajo de la Procuvin, tras las inspecciones se formularon informes a los jueces, defensores y fiscales a cuya disposición se encuentran las personas detenidas y entrevistadas; se presentaron habeas corpus individuales y colectivos; se formularon denuncias penales ante la comisión de delitos constatados; se interpusieron acciones de amparo por la obstrucción de acceso a un centro de detención; en un caso se retiraron elementos de tortura hallados durante la inspección, el conocido episodio de las cadenas en un penal de Córdoba; se participó en mesas de trabajo junto a diferentes agencias estatales formadas en el marco de habeas corpus colectivos; y se requirió la cesación inmediata de situaciones inhumanas y degradantes que derivaban de la falta de provisión de agua y alimentos, atención médica, vestimenta y acceso a la justicia.

La Procuvin también promovió la clausura de pabellones durante inspecciones realizadas conjuntamente con funcionarios judiciales; supervisó el cumplimiento de medidas judiciales relativas al cupo de cada establecimiento, como la prohibición de ingreso de detenidos que residan a más de 500 kilómetros de distancia del penal federal de Resistencia (Chaco); produjo informes interdisciplinarios de salud mental realizados a través de su equipo de profesionales; y bregó por la relocalización inmediata de detenidos en dependencias acordes a los estándares de derechos humanos.

Cómo se hace una inspección

En el extenso trabajo que se puede descargar al pie de esta nota, la Procuvin da cuenta de los pasos que siguen los funcionarios del Ministerio Público Fiscal para el abordaje de las situaciones de encierro.

La Procuvin establece tres etapas, definidas por el antes, el durante y el después de cada inspección. En la primera, dirigida a la planificación, establece la elaboración de "un informe previo del lugar a controlar, describiendo las particularidades y antecedentes con los que se cuenta", lo cual permite planificar "detalladamente los lugares a los que concurrir y los aspectos específicos a relevar".

El desarrollo de la inspección es la segunda etapa, que está signada por el factor sorpresa: "En ningún caso, se anticipa a la institución a controlar sobre la inspección a desarrollarse".

Una vez adentro, la inspección debe dirigirse "hacia las dependencias donde hay personas alojadas, ingresando a los pabellones y celdas". También se accede a los espacios comunes, como las áreas de sanidad, la cocina, los espacios educativos y laborales, las salas de efectos, los patios y las salas de permanencia de requisa. En esos contextos, se realizan entrevistas confidenciales con las personas sometidas a encierro.

"Toda inspección se registra con medios audiovisuales con la finalidad de documentar las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas, integrando ese soporte el acta que se confecciona en cada oportunidad", establece la Procuraduría.

En cada inspección en la que se detectan violaciones a los derechos humanos, "se insta la cesación" y se promueve el desbloqueo al acceso de derechos esenciales, "tomando en el momento intervenciòn en situaciones de inminente afectación de derechos o integridad psicofísica de las personas".

Finalmente, las actividades posteriores a las inspecciones incluyen la confección de informes en base a los cuales se define e impulsan las acciones judiciales y administrativas que correspondan. Esta fase incluye la traza de un esquema de monitoreo periódico "a fin de realizar un seguimiento de lo relevado en cada inspección o los aspectos nuevos que surjan de las mismas".