En la causa iniciada a raíz de la denuncia formulada por la madre de Facundo José Astudillo Castro, relacionada con su desaparición y la sospecha de que pudo haber habido una conducta abusiva por parte de agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal avanza en el dictado de medidas investigativas.

En relación al móvil policial secuestrado, se ordenó la realización de una pericia para que se lleve a cabo la inspección ocular del vehículo y levantamiento de muestras físicas (rastros)  y biológicas (ADN, manchas hemáticas, etc.), fotos y filmación. La medida fue notificada a las partes querellantes.

También por solicitud del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado interviniente libró oficios a las compañías Facebook e Instagram requiriendo información.

Por otra parte, Rafael Martin Pacheco, en su carácter de Secretario de Protección Ciudadana del partido de Villarino, envió una nota por correo electrónico, poniendo a disposición el teléfono de utilización diaria por parte de los efectivos que se encuentran afectados al Destacamento ubicado en Tte Origone, solicitándose ayer el libramiento de una orden de presentación y secuestro en relación a dicho dispositivo telefónico, medida que se dispuso y cumplimentó en el día de la fecha.

Asimismo, se está analizando la localización vehicular automatizada, relacionada con la geolocalización de los móviles policiales el día del hecho. Esa información se le solicitó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Además, habiéndose tomado conocimiento sobre la declaración de incompetencia de la justicia ordinaria para continuar entendiendo en la IPP nro. PP-02-00009503-20/00 relacionada con la averiguación de paradero de Astudillo Castro, sin perjuicio de que hasta el momento no se ha corrido vista al Ministerio Público al respecto, se ordenó a las fuerzas federales intervinientes que, en forma conjunta y coordinada, profundizaran las tareas de campo tendientes a dar con el paradero de Astudillo Castro.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las medidas de prueba adoptadas, se torna dificultoso arribar inmediatamente a una conclusión, por lo cual, se debe esperar al desarrollo de las mismas, rigiendo el secreto sumarial impuesto por el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación.

Finalmente, en el día de la fecha arribó a la ciudad de Bahía Blanca, una comisión designada por la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, que se encuentra analizando las actuaciones con el objeto de proponer medidas investigativas y llevar a cabo parte de las mismas, por sí o con el auxilio de las restantes fuerzas de seguridad federales, cuya intervención fue oportunamente requerida por la Fiscalía.

Cómo empezó la investigación en el fuero federal

La causa quedó radicada, en los términos del artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación, ante la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca, a cargo por subrogancia legal de Santiago Ulpiano Martínez, con intervención del Juzgado Federal N° 2, a cargo de María Gabriela Marrón.

El pasado 29 de junio, Cristina Adriana Castro Alaniz, madre de Facundo, denunció que el 30 de abril del corriente año fue el último contacto telefónico que mantuvo con su hijo, en ocasión en que personal policial de la Provincia de Buenos Aires le estaba labrando un acta por presunta infracción al artículo 205 del Código Penal de la Nación.

La Fiscalía a cargo de la instrucción de la investigación inició la pesquisa tendiente a establecer o corroborar la hipótesis delictual incriminada por el artículo 142 ter del Código Penal, esto es, la posible concurrencia de los extremos típicos contenidos en la citada norma legal que requiere para determinar autoría la “autorización”, “aquiescencia” o “apoyo” del estado para la ejecución del hecho descripto, teniendo en miras las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en el marco de las ratificaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 24.820) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Ley 26.200).

Cristina Adriana Castro Alaniz y la Comisión Provincial por la Memoria quedaron constituidas como partes querellantes en el expediente.

Como se informara el miércoles, la Fiscalía solicitó colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) –todas ellas en el ámbito del MPF-, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Asimismo, a requerimiento de la Fiscalía, se ordenó un allanamiento en la Subestación Policía Comunal Mayor Buratovich, secuestrándose los libros de guardia, registros y novedades, el móvil policial nro. 23360 -camioneta Hilux- y celulares de efectivos policiales que habrían tenido contacto con Astudillo Castro.