El Tribunal Oral Federal de General Roca dio inicio ayer al juicio en el que se juzga a cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) por el homicidio de Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, ocurrido el 25 de noviembre del 2017 en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, en el marco de un desalojo. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal general Rafael Vehils Ruiz.

De acuerdo con la acusación fiscal, al prefecto Sergio Guillermo Cavia se le imputa como autor del homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego con exceso en la legítima defensa. Al resto de los efectivos -Francisco Javier Pintos, Juan Ramon Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García- se los acusa de haber sido partícipes necesarios de la misma conducta.

Por problemas tecnológicos, la audiencia, que se realizó a través de un sistema mixto que combinó presencialidad y virtualidad -la intervención de los imputados fue por medios remotos-, comenzó pasadas las 9.00 con la lectura del requerimiento fiscal. Al respecto de la modalidad del debate, Vehils Ruiz solicitó, para el resto de las audiencias, la presencia física de los imputados en la sala de debate “por una cuestión de necesidad de las partes por derecho y por igualdad de armas”. Sin embargo, el tribunal -integrado por los jueces Alejandro Silva, Simón Branco y Pablo Díaz Lacava- rechazó el planteo por unanimidad.

Durante el juicio habrá alrededor de cien testigos, entre prefectos, policías e integrantes de la comunidad mapuche, que ofrecerán su testimonio en las audiencias, previstas para los martes y los miércoles.

Requerimiento fiscal

Según describe la pieza acusatoria, el 23 de noviembre de 2017, en el kilómetro 2006 de la ruta nacional 40, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Huapi, se desplegó, bajo la orden del juez federal Gustavo Villanueva y a raíz de una denuncia de Parques Nacionales, un desalojo de los integrantes de la comunidad mapuche, que meses antes habían ocupado la zona al reclamarlos como propios. Aquella vez algunos miembros de la comunidad fueron detenidos, mientras que otros se adentraron en el territorio para resistir al desalojo.

Dos días después, el 25 de noviembre, los prefectos del grupo Albatros de la PNA reingresaron al predio ubicado en la parte alta de la montaña para realizar un patrullaje de reconocimiento de la zona y verificar que el lugar no hubiera sido ocupado nuevamente. De acuerdo con la acusación, durante el rastrillaje los integrantes “fueron agredidos por un grupo de personas -probablemente entre 10 y 15-, quienes emplearon piedras, lanzas, ondas de revoleo y armas de fuego cortadas”.

El requerimiento fiscal describe que “el acometimiento se produjo, pese a que los funcionarios estaban correctamente identificados e impartieron la voz de alto a los agresores, tal como incluso reconocieron dos de los involucrados al momento de ser indagados”. Como respuesta, los prefectos dispararon, primero con marcadores de pintura y luego con armas cargadas de balas de plomo. Según la acusación, se efectuaron 130 disparos, uno de los cuales alcanzó a Rafael Nahuel y le provocó la muerte.

“No existe discusión en torno a que el disparo efectuado por Cavia con su arma reglamentaria impactó en la cadera de Rafael Nahuel y como consecuencia de las distintas lesiones que produjo en su trayecto causó una hemorragia interna que le produjo un shock hipovolémico, a causa del cual aquel perdió su vida”, se indica en la pieza leída ayer en el inicio del debate, donde se considera que “la defensa empleada por los funcionarios fue excesiva” y que “los efectivos no adoptaron los recaudos que les eran exigibles para que su reacción resultara menos lesiva de lo que fue”.