En línea con lo solicitado por el fiscal general Rafael Vehils Ruiz y el auxiliar fiscal Juan Manuel García Barrese, el Tribunal Oral Federal de General Roca impuso ayer penas de hasta 5 años de prisión a cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA) por el homicidio agravado con exceso en la legítima defensa del integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre del 2017 en la localidad de Villa Mascardi, Bariloche, en el marco de un desalojo.

Luego de las últimas palabras por parte de los imputados y de un cuarto intermedio, los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava hicieron la lectura del veredicto a las 11.00. Los jueces determinaron, por unanimidad, la imposición de la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial de 8 años para el prefecto Sergio Cavia, al considerarlo autor material responsable, y de 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial de 7 años para los prefectos Francisco Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Sosa y Sergio Damián García, al considerarlos participes necesarios. Todos fueron condenados por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido mediante la utilización de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa.

El tribunal les impuso a los condenados, hasta que quede firme la sentencia, la obligación de no hacer abandono del país ni de ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, salvo previa autorización judicial.

Durante el debate oral y público, que comenzó en agosto pasado, declararon alrededor de cien testigos, entre prefectos, policías e integrantes de la comunidad mapuche. En la jornada que alegó el Ministerio Público Fiscal, tras finalizar su exposición, el fiscal general Vehils Ruiz recibió agresiones –con intentos de golpes de puño-, amenazas de muerte y un escupitajo por parte de los manifestantes que se encontraban aquella vez afuera del recinto en apoyo de la familia de la víctima.

El homicidio

El 23 de noviembre de 2017, en el kilómetro 2006 de la ruta nacional 40, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, se desplegó, bajo la orden del juez federal Gustavo Villanueva y a raíz de una denuncia de la Administración de Parques Nacionales, un desalojo de los integrantes de la comunidad mapuche, que meses antes habían ocupado la zona al reclamar los terrenos ocupados como propios. Aquella vez algunos miembros de la comunidad fueron detenidos, mientras que otros se adentraron en el territorio para resistir al desalojo.

Dos días después, el 25 de noviembre, los prefectos del grupo Albatros reingresaron al predio ubicado en la parte alta de la montaña para realizar un patrullaje de reconocimiento de la zona y verificar que el lugar no hubiera sido ocupado nuevamente. De acuerdo con la acusación, durante el rastrillaje los agentes “fueron agredidos por un grupo de personas -probablemente entre 10 y 15-, quienes emplearon piedras, lanzas, ondas de revoleo y armas de fuego cortadas”.

Luego de identificarse e impartir la voz de mando, los prefectos dispararon, primero con marcadores de pintura y luego con armas cargadas de balas de plomo. Según la acusación, se efectuaron 130 disparos, uno de los cuales alcanzó a Rafael Nahuel y le provocó la muerte. Aquel disparo fue efectuado por Cavia, con su arma reglamentaria, e impactó en la cadera del joven y le causó, como consecuencia de las distintas lesiones que produjo en su trayecto, una hemorragia interna que le produjo un shock hipovolémico que terminó con su vida.