El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 condenó a prisión perpetua a tres policías por el homicidio de Lucas González, ocurrido en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas. Además, condenó a otros cinco policías a penas de entre cuatro y seis años de prisión por encubrir las acciones de los agentes que dispararon contra el juvenil de Barracas Central y sus tres amigos. También, se le fijó una condena de ocho años de prisión a un oficial por torturas contra dos de los adolescentes.

En el debate, intervino la Fiscalía General Nº18 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, representada por el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente junto con el auxiliar fiscal Francisco Brom. Los jueces Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero y la jueza Ana Dieta de Herrero establecieron que debía reconocerse tanto a Lucas como a sus amigos Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez y a sus padres como víctimas de violencia institucional.

Por otra parte, el Tribunal absolvió a cinco de los acusados en el juicio y ordenó su inmediata libertad. En otro tramo del veredicto, ordenó que se extraigan testimonios y se investigue la posible comisión de un delito de acción público por parte de un abogado que representó a uno de los policías que resultó absuelto. Los fundamentos se conocerán el próximo 23 de agosto.

Las penas y los delitos
Al oficial Juan José Nieva, el oficial mayor Fabián Andrés López y el inspector Gabriel Alejandro Isassi, integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad se los consideró coautores de “homicidio quintuplemente agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o mas personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”.

Además, consideraron que eran responsables por la tentativa de homicidio (con las mismas agravantes) cometida contra los tres amigos de Lucas; por la “privación ilegitima de la libertad agravada por haberse dado con abuso de funciones o sin formalidades prescritas por ley” y por el delito de “falsedad ideológica”.

Con respecto al comisario Rodolfo Alejandro Ozán -a cargo de la Comisaría Comunal 4 A-; los comisarios Fabián Alberto Du Santos y Juan Romero; y el subcomisario Roberto Inca, el Tribunal los halló responsables del delito de encubrimiento por haber ayudado a Isassi “a alterar pruebas de un delito agravado por tratarse el hecho precedente un delito especialmente grave y por ser el autor un funcionario publico realizado en el ejercicio de sus funciones” y por la “privación ilegitima de la libertad agravada por abuso de sus funciones o sin formalidades prescritas por ley”. Por ello, les fijó una pena de seis años de prisión y una inhabilitación de diez años para ocupar cargos públicos.

Con respecto al oficial Sebastián Baidon, se lo condenó a ocho años de prisión por torturas. A Héctor Cuevas -integrante de la comisaría Vecinal 4D- se lo señaló también como responsable del encubrimiento y de la privación ilegal de la libertad y se lo condenó a cuatro años de prisión como había requerido la fiscalía en su alegato. Cuevas es quien habló de lo sucedido la mañana del 17 de noviembre y aseguró haber visto cómo la policía “había plantado” el arma de juguete dentro del auto en el que iban las víctimas.

El comisario inspector Daniel Alberto Santana -jefe de la comuna 4 de la Policía de la Ciudad; el subcomisario Ramón Jesús Chocobar y los oficiales Jonathan Alexis Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Rubén Espinosa –todos integrantes de la Comisaría Vecinal 4D- fueron absueltos.

La acusación
“Nos encontramos en esta causa que quienes mataron a Lucas e intentaron matar a sus amigos ese día eran policías. Los quisieron matar porque podían hacerlo, porque querían, porque pensaban que salían impunes y porque actuaron con prejuicios de clase y sociales”, remarcó el representante del Ministerio Público Fiscal cuando expuso su alegato, el 22 de junio pasado.

De acuerdo con su exposición, el 17 de noviembre de 2021 cerca de las 09:30, los cuatro adolescentes iban en un auto modelo Suran: el que manejaba era Julián, el acompañante era Lucas y atrás iban Joaquín y Niven. Todos habían salido de un predio del club Barracas Central, ubicado en las calles Luna y Río Cuarto.

Cuando llegaron a la intersección de Luna y la Avenida Iriarte, el vehículo se detuvo y Lucas bajó a comprar un jugo. Luego de ello, retomaron por la avenida y allí fueron interceptados por un auto modelo Nissan que no tenía ninguna identificación policial ni tampoco contaba con la patente trasera. De allí descendieron tres hombres que les apuntaron. Ante esto, y de acuerdo a lo relatado por los jóvenes en el juicio, intentaron esquivar la situación al considerar que se trataba de un robo.

En ese momento, los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente. Con el joven herido, dos de los chicos siguieron en el auto buscando ayuda mientras que el tercero huyó corriendo de la situación. “Los tres procesados efectúan los disparos hacia el interior del auto, con el conocimiento de que había personas allí dentro: lo hicieron sin tener ninguna identificación de policía y cuando el auto no tenía ni sirena ni baliza ni la chapa patente trasera”, especificó el fiscal general Pérez de la Fuente.

Recordó también que los jóvenes pidieron ayuda a otros policías pero que terminaron detenidos y esposados durante horas. También había explicado que el grupo de integrantes de la Policía de la Ciudad intentó encubrir a los autores del asesinato y que para ello “plantaron” una réplica de un arma que fueron a buscar a una de las comisarías de la Comuna 4.

Durante el alegato, el fiscal mostró una serie de videos donde se observa como los policías se cruzan en dos oportunidades al auto donde iban las víctimas. La edición de ese material fue realizada por el Laboratorio de Multimedia Forense de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal para el avance de la investigación (DATIP), quién también había llevado adelante el cotejo fílmico que se recabó en la investigación.

En ese sentido, durante la etapa de instrucción, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32 contó con la colaboración de diferentes áreas de la DATIP: el Laboratorio de Análisis de Telecomunicaciones realizó 17 peritajes con distintas complejidades sobre dispositivos móviles mientras que el Cuerpo de Investigadores obtuvo información de relevancia para la investigación a partir del análisis de la información obtenida de los teléfonos celulares.