El fiscal general Guillermo Pérez de la Fuente solicitó ayer prisión perpetua para los tres policías acusados por el homicidio de Lucas González, ocurrido en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas. Además, pidió penas que van de los 4 a los 11 años de prisión para otros 10 policías por llevar adelante un plan destinado a encubrir las acciones de los agentes que dispararon contra el juvenil de Barracas Central y sus tres amigos. Por otra parte, requirió 17 años de prisión para un oficial de la Policía de la Ciudad no solo por el encubrimiento sino por haber torturado a dos de los adolescentes.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25, el representante del MPF consideró que estaba probado que el oficial Juan José Nieva, el oficial mayor Fabián Andrés López y el inspector Gabriel Alejandro Isassi, integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, persiguieron, acorralaron y dispararon contra el auto donde iban Lucas y sus amigos Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez. 

Por este motivo, entendieron que debían ser responsables del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego; por alevosía, por placer y por odio racial; por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por ser un miembro de una fuerza policial” en relación a Lucas. Además, los señaló por la tentativa de homicidio contra los otros tres jóvenes y por los delitos de “falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”.

Con respecto al comisario inspector Daniel Alberto Santana -jefe de la comuna 4 de la Policía de la Ciudad; el comisario Rodolfo Alejandro Ozan -a cargo de la Comisaría Comunal 4 A-; los comisarios Fabián Alberto Du Santos y Juan Romero; y los subcomisarios Ramón Jesús Chocobar y Roberto Inca, la fiscalía los consideró responsables de haber privado ilegalmente de la libertad a los adolescentes “actuando de forma arbitraria y sin las formalidades previstas en la ley”. Además, los encontró responsables de las vejaciones que sufrieron las víctimas y por el encubrimiento de los tres acusados de homicidio, al haber alterado “los rastros y pruebas del delito” para ayudarlos a “eludir o sustraerse” de la investigación y aparentar que se había tratado de un “enfrentamiento armado”. Por ello, requirió 11 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial.

En esa línea, por el encubrimiento de las acciones de los tres integrantes de la brigada, acusó además los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Rubén Espinosa –todos integrantes de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad-. Para Martínez y Arévalos, solicitó seis años de prisión mientras que para Espinosa pidió cinco años. Con respecto al oficial Baidón, al señalarlo también como responsable del delito de “torturas” contra dos de los adolescentes, pidió una pena de prisión de 17 años.

Con respecto a la situación del principal Héctor Cuevas -integrante de la comisaría Vecinal 4D-, si bien lo acusó de los mismos delitos que le endilgó a los comisarios y subcomisarios, el fiscal general pidió cuatro años de prisión ya que fue el único de los policías que habló de lo sucedido aquella mañana y de las maniobras que se habían llevado adelante. En su indagatoria, Cuevas había asegurado haber visto quién “había plantado” el arma de juguete en el auto en el que iban las víctimas.

La secuencia del homicidio

“Nos encontramos en esta causa que quienes mataron a Lucas e intentaron matar a sus amigos ese día eran policías. Los quisieron matar porque podían hacerlo, porque querían, porque pensaban que salían impunes y porque actuaron con prejuicios de clase y sociales”, remarcó el representante del Ministerio Público Fiscal al inicio de su exposición.

De acuerdo con el alegato, el 17 de noviembre de 2021 cerca de las 09:30, los cuatro adolescentes iban en un auto modelo Suran: el que manejaba era Julián, el acompañante era Lucas y atrás iban Joaquín y Niven. Todos habían salido de un predio del club Barracas Central, ubicado en las calles Luna y Río Cuarto.

Cuando llegaron a la intersección de Luna y la Avenida Iriarte, el vehículo se detuvo y Lucas bajó a comprar un jugo. Luego de ello, retomaron por la avenida y allí fueron interceptados por un auto modelo Nissan que no tenía ninguna identificación policial ni tampoco contaba con la patente trasera. De allí descendieron tres hombres que les apuntaron. Ante esto, y de acuerdo a lo relatado por los jóvenes en el juicio, intentaron esquivar la situación al considerar que se trataba de un robo.

En ese momento, los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente. Con el joven herido, dos de los chicos siguieron en el auto buscando ayuda mientras que el tercero huyó corriendo de la situación. “Los tres procesados efectúan los disparos hacia el interior del auto, con el conocimiento de que había personas allí dentro: lo hicieron sin tener ninguna identificación de policía y cuando el auto no tenía ni sirena ni baliza ni la chapa patente trasera”, especificó el fiscal general Pérez de la Fuente.

En ese momento, y con la colaboración del fiscal auxiliar Francisco Brom, recordaron en la audiencia los audios con las modulaciones que hizo Isassi y donde da cuenta de un supuesto “enfrentamiento armado” y que uno de los acompañantes del auto “había esgrimido un armada de fuego”. Luego, los representantes del MPF mostraron una compilación de videos de cámaras de seguridad donde se observa como el auto donde iban los policías cruzó al vehículo de los jovenes cuando Lucas se había bajado a comprar un jugo. También se observa allí como los integrantes de la brigada pasan nuevamente por al lado y después se adelantan para esperar el paso de los chicos.

“Los ven en dos oportunidades distintas, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué determina que los sobrepasaran, los cruzaran y luego mataran?”, se preguntó el fiscal y agregó: “eran cuatro chicos de 17 años, circulaban conforme a las reglas de tránsito, no había nada llamativo, no tenían siquiera sustento legal para detenerlos o requisarlos”.

“Nunca quisieron un procedimiento legal: no activaron ni alarma sonora ni lumínica a pesar de que había en el auto ambas cosas, no se identificaron tampoco como policías”, puntualizó. “Esto conduce a una situación horrorosa: lo que pretendieron esa mañana fue matar a Julián, Joaquín, Niven y Lucas. Esa mañana las cuatro víctimas dejaron de ser personas a detener para ser personas a quienes matar”, aseguró el fiscal. 

“Los procesados no son improvisados, eran predadores, esperaban el momento en que las víctimas intentaran huir y dispararon sabiendo que solo podía tener un resultado: matar”, agregó. A eso le sumó que ninguno de los chicos presentó partículas compatibles con el uso de armas de fuego, que no se encontró ninguna vaina servida y que el auto de los policías no tenía improntas de balas, lo que terminaba de descartar cualquier tipo de “enfrentamiento armado”.

“¿Por qué quisieron matarlos? Un motivo debió existir y solo puedo encontrarlos en los prejuicios”, dijo el fiscal general y explicó: “vieron a los cuatro salir de un asentamiento, con un color de tez que a los policías no les gustó”.

“Por algo se convencieron de que eran delincuentes y debían morir, todos esos prejuicios negativos actuaron: raciales, de clase, de edad, de vestimenta”, enumeró el fiscal Pérez de la Fuente y aseguró que se trató a lo chicos con una “discriminación institucionalizada”. “Se les dio el trato mas injusto posible a chicos de 17 años: se buscó matar y de eso no tengo la más mínima duda”, afirmó. Además, marcó que no solo “mataron e intentaron matar” sino que trataron de estigmatizar a los jóvenes y quisieron tildarlos de delincuentes. 

Encubrimiento, vejaciones y torturas

“Los policías no hicieron lo que tenían que hacer, no actuaron conforme a la ley, protegieron a los autores. En esta causa no existieron policías buenos”, aseveró el fiscal al momento de analizar la conducta de los otros 11 involucrados en el juicio. Marcó que todos vieron que los impactos de bala estaban únicamente en el vehículo de las víctimas, que no había armas allí ni tampoco réplicas y que tendrían que haber advertido que la modulación de Isassi era falsa y que no se produjo un enfrentamiento

“Se hace imposible de aceptar que personas que han adquirido conocimientos y jerarquías nos puedan decir que creen en esa modulación”, acusó para luego señalar las omisiones que habían tenido. “No les importo donde estaba la persona mortalmente herida, ni los impactos de bala, ni que la modulación fuera falsa, ni que el enfrentamiento no hubiera existido”, enumeró. Al mismo tiempo, cuestionó que nadie advirtiera que Julián y Joaquín estaban allí detenidos y esposados, cuando ello iba en contra de la ley.

Hizo foco en la declaración indagatoria de Cuevas, que durante el juicio dio cuenta de las maniobras que hubo para proteger a los miembros de la brigada y que, de acuerdo a la fiscalía, deja en evidencia la actuación del resto y como estaban al tanto todos de que nunca había existido un enfrentamiento. “Fue tal la desesperación y la incapacidad para hacer el mal que fueron en moto hasta una comisaría y trajeron una réplica, un arma de juguete”, marcó.

Luego, comenzó a analizar la situación de cada uno de los involucrados y repasó los audios que existen en la causa donde Ozán y Du Santos hablan de la situación, a la que califican de “mocazo” y donde afirman que Santana debe ir a la escena para “emprolijar la cagada. “Describen la conducta de la brigada que mató a un chico e intentó matar a otros tres como una desproljidad”, dijo el fiscal y resaltó la responsabilidad que tenían los comisarios y subcomisarios.

Por otra parte, aseguró que los oficiales Comisaría Vecinal 4D no hablaron en el expediente sobre lo que había sucedido por “miedo”, a pesar de que en distintos audios y mensajes en los momentos posteriores al hecho hablaban de como “se habían ido a la mierda los polis” y que “le quisieron tirar un arma a los chicos que no tenían”.

“Nunca se pudo ocultar la maniobra porque fue muy burda y primitiva. ¿Cómo esta gente puede ser policía de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo pueden estar a cargo de la vida y los bienes de las personas?”, se preguntó.

Con respecto a Baidón, reconstruyó la escena donde Julián y Joaquín terminan esposados boca abajo en el suelo mientras ese oficial les gritaba “negros de mierda” y que debían pegarles un tiro a ellos también, mientras les preguntaba por un arma y les decía que seguramente no eran futbolistas. “Lo que buscó Baidón fue infligir sufrimientos graves a los dos chicos, que llegaron a ese lugar aterrorizados tras lo que había pasado con su amigo y que buscaban personal policial para protegerse”, aseveró el fiscal Pérez de la Fuente.

Si bien sostuvo que no podía endilgarle a nadie la quemadura de cigarrillo que Lucas tenía en su mano, el representante del MPF aseguró que también se trataba de una tortura que vivió el chico de 17 años que en ese momento agonizaba. “Lo hicieron porque querían, porque podían por esa sensación de impunidad que llevó a los tres a matar y a los otros a ocultar”, concluyó.