Por pedido del responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, Leonel Gómez Barbella, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, a cargo de Vanesa Peluffo, procesó con prisión preventiva a otro policía en el marco de la causa por el homicidio de Lucas González, ocurrido en noviembre de 2021.

El integrante de la Comisaría Vecinal 4D de Barracas fue procesado por los delitos “encubrimiento doblemente agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave” y por haber privado de la libertad a Lucas y a dos de sus amigos, de forma agravada por tratarse de un funcionario público que realizó esa acción bajo “abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley”.

El encubrimiento y el rol asignado al policía detenido
En la resolución del Juzgado, se repasaron primero algunas de las circunstancias previas que ocurrieron en el expediente. Se indicó que los integrantes de la brigada Juan José Nieva, el oficial mayor Fabián Andrés López y el inspector Gabriel Alejandro Issasi están acusados de haber matado a Lucas y de la tentativa de homicidio contra los tres amigos que iban con él en el auto la mañana de 17 de noviembre de 2021.

Además, se recordó que se encuentran en juicio oral otros once integrantes de la Policía de la Ciudad acusados de haber llevado adelante maniobras de encubrimiento para mejorar la situación de los tres policías de la brigada. Uno de esos efectivos, en el marco de su declaración indagatoria en el juicio, señaló al policía ahora investigado como parte de esa situación.

En el debate oral, el principal Héctor Cuevas sostuvo que cerca de las diez y media de la mañana del 17 de noviembre observó cómo el imputado, que manejaba unas de las motos, se encontraba llevando a Issasi, que en ese momento descendió del vehículo y se acercó a un subcomisario, que le dio la orden de “poner eso”. Inmediatamente después, y de acuerdo a lo relatado por Cuevas, el hombre (que se encontraba de civil por ser miembro de una brigada) se acercó al auto y arrojó allí un arma aprovechándose de que la puerta trasera estaba abierta.

Al momento de solicitar el procesamiento, la fiscalía hizo foco en la cantidad de elementos que probarían la participación del imputado en el hecho y mencionó que varias de las filmaciones donde se lo ubicó existían en la causa desde hacía tiempo.

En esa línea y tras repasar la declaración de Cuevas, la jueza afirmó que si bien la defensa del nuevo imputado tenía razón al respecto de que no hay en las indagatorias una obligación de decir la verdad, “lo cierto es que los dichos de Cuevas encuentran correlato en parte de la prueba que ya se encontraba en el legajo, como las cámaras de vigilancia recabadas por personal de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina que, hasta ahora no permitían una determinante correlación con el verdadero entramado, ni tampoco permitían la identificación de los tripulantes de ese motovehículo (por su nitidez), que sólo se logró con el dato aportado por el imputado en el marco de la ampliación de su declaración durante el debate”.

“Fue a instancias de los dichos de Cuevas que se pudo acreditar con certeza que fue T. quien trasladó a Gabriel Alejandro Isassi al lugar donde se logró la detención de los adolescentes -información que hasta el pasado 7 de junio se desconocía-”, puntualizó, en línea con lo planteado por el fiscal. Además, señaló que el policía ahora procesado, a pesar de tener conocimiento de la causa, se mantuvo en silencio durante un año y medio.

“Queda claro que al conocer la imputación y los extremos de la investigación debió representarse que las autoridades judiciales encargadas de reconstruir históricamente lo que ocurrió, tenían que saber del traslado de Isassi a la escena de la detención, ya que ello resultaba -y resulta al día de hoy- indispensable para esclarecer el hecho que se investiga, pues ninguno de los acusados reconoció haber visto al jefe de la brigada en Alvarado y Perdriel, pese a que queda claro que el ingreso de una persona vestida de civil a esas arterias -zona completamente blindada según describieran los testigos que prestaron declaración- no pudo pasar por alto al resto de los involucrados en este sumario”, recalcó la jueza Peluffo.

También hizo foco en una filmación aportada por la Fiscalía General Nº18 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales donde se observa todo el recorrido que el imputado hizo con Isassi como acompañante desde la zona de los hechos hasta la comisaría y luego nuevamente hasta el lugar donde fueron detenidas las víctimas.

Recordó lo expresado por el policía en su declaración ante el Juzgado donde aseguró que se había dicho por modulación ese día que no se había encontrado un arma. “Sus dichos, terminan de confirmar la sospecha ya asentada al dictarse el procesamiento de los restantes imputados en autos, ya que no quedan dudas a esta altura que a pocos minutos de la balacera, había comunicaciones informales por las cuales se les informaba a la Brigada acerca de la ausencia de armamento en poder de los adolescentes ilegalmente detenidos, ello, con el único objetivo de encarar un plan de acción para dejarlos mejor posicionados frente a las autoridades judiciales que entenderían en el caso ya que de la reproducción de las modulaciones no surge la falta de armamento en poder de los adolescentes”, se resaltó en el procesamiento.

“Parece evidente que fue en ese marco que el aquí imputado se ofreció a trasladar al jefe de la brigada a la seccional, y que ello fue con el único propósito de tomar el arma de utilería de su casillero para entregársela al nombrado”, consideró y descartó la posibilidad esgrimida por la defensa de que solo habrían ido a buscar “cinta de peligro”.

Sobre ese punto, la fiscalía había señalado que no es justamente un elemento pequeño, sino que se trata de un rollo de significativas dimensiones. “Ningún vídeo ni testigo obrante en la causa, permiten acompañar ese relato, sino todo lo contrario, las filmaciones de la vía pública demuestran una versión diametralmente diferente en la que se visualiza a ambos sin ningúna cinta en su poder”, recalcó Gómez Barbella en línea con lo afirmado por la jueza.

En el fallo donde se dictó el procesamiento, se señaló al imputado no sólo como responsable de las maniobras de encubrimiento sino también de la detención de los jóvenes, que fueron tratados como imputados y sometidos a la justicia de Menores hasta que se determinó que habían sido víctimas en el proceso.

Prisión preventiva
“Tengo en consideración la escala penal prevista para los delitos que se le atribuye, en tanto constituye un indicador concreto y objetivo de peligro de fuga”, sostuvo el fiscal Gómez Barbella en su dictamen al momento de postular que debía dictarse la preventiva. Además, hizo foco en una posible presión a las víctimas o sus familiares “sobre todo si se tiene en cuenta la relación de poder, recursos y condiciones” debido a que el imputado integra una fuerza de seguridad.

En coincidencia con el MPF, la jueza señaló que el imputado “difícilmente cumplirá con las obligaciones del proceso en caso de recuperar la libertad pues, como quedara dicho en el marco de la valoración de la prueba, recién se puso a disposición del Tribunal al hacerse pública la versión de Cuevas (un año y medio después de que ocurrió el hecho), pese a que tenía cabal conocimiento de la sustanciación de este proceso”.

Indicó que existe peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación y que debía tenerse en cuenta especialmente su condición de funcionario policial y las circunstancias y naturaleza del hecho que se le atribuye. “Esto habilita a considerar una seria posibilidad de que, en caso de acceder al derecho solicitado, pueda ocultar, alterar, modificar y/o destruir pruebas fundamentales para la investigación, sobre todo si se tiene en cuenta, como lo destacó el Superior en varios incidentes sustanciados en esta causa, la relación de poder, recursos y condiciones que deriva de que los imputados integren una fuerza de seguridad”, argumentó.

El juicio
Cabe recordar que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 está llevando adelante el juicio oral donde se acusa al oficial Juan José Nieva, al oficial mayor Fabián Andrés López y al inspector Gabriel Alejandro Issasi, en su calidad de integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, de haber iniciado una persecución a bordo de un auto no identificable sobre la avenida Iriarte y Vélez Sarsfield contra el auto donde estaban Lucas, Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez.

En esa circunstancia, los policías intentaron interceptar a los jóvenes y bajaron del auto sin identificarse, dirigiéndose hacia ellos con sus armas. Los cuatro chicos creyeron que se trataba de un asalto e intentaron huir. Ante esto, los integrantes de la brigada dispararon contra el auto y una de esas balas hirió de gravedad a Lucas en su cabeza, que falleció al día siguiente como consecuencia de ello. El auto donde iban los adolescentes fue detenido a pocas cuadras de allí por otras dos policías, en la intersección de Luzuriaga y Perdriel. Los tres adolescentes fueron detenidos y tratados como imputados hasta que el fuero de Menores determinó que no habían cometido ningún delito. Issasi, Nieva y López fueron acusados por el homicidio del adolescente y la tentativa de asesinato de los otros tres ocupantes del vehículo.

En ese juicio, están también imputados el comisario inspector Daniel Alberto Santana -jefe de la comuna 4 de la Policía de la Ciudad-; el comisario Rodolfo Alejandro Ozan -a cargo de la Comisaría Comunal 4 A-; el comisario Fabián Alberto Du Santos, el subcomisario Ramón Jesús Chocobar, el principal Héctor Cuevas, los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Rubén Espinosa –todos integrantes de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad-; el comisario Juan Romero; y el subcomisario Roberto Inca, quien estaba a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. A todos ellos se los procesó por haber alterado "los rastros y pruebas del delito” que habrían cometido los policías que dispararon contra Lucas y sus amigos, y por intentar fraguar el operativo para aparentar que se había tratado de un “enfrentamiento armado”