El titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, los fiscales de Ejecución Penal, Guillermina García Padín y Diego García Yomha, y el fiscal de instrucción Sandro Abraldes encabezaron el 2 de septiembre pasado una inspección en el Centro de Detención Judicial, Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, donde constataron graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas alojadas.

En la inspección también participaron el coordinador del Área de Encierro de la Procuvin, Roberto Cipriano García, las prosecretarías del organismo, Ana Laura López, Bárbara Franco y Mara López Legaspi, y el subsecretario letrado de la Procuración General de la Nación, Gustavo Plat.

La comitiva del Ministerio Público Fiscal dejó asentado en un acta la situación de hacinamiento, insalubridad y falta de atención a los detenidos y detenidas.  

Después de la inspección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene su sede en el mismo edificio donde está situado el denominado Centro de Detención Judicial, dictó la acordada 33/2013, el 24 de septiembre pasado, por la cual ordenó al Servicio Penitenciario Federal la adopción de medidas “a fin de evitar el pernocte de internos por más de una noche” y “garantizar las debidas condiciones de detención”.

Antes de ingresar, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal mantuvieron un breve encuentro con el director a cargo de la alcaidía, Juan Ferreiro, en el que se le indicó sobre la modalidad de la inspección según lineamientos establecidos por la Procuvin.

Recorrido por la Alcaidía

La Unidad se divide en tres sectores: uno de mujeres, otro de hombres y por último el de celdas individuales. Por ese motivo el equipo de inspección se dividió en tres grupos.

El que ingresó al de aislamiento individual de hombres observó que “las celdas no tienen ventilación ni luz natural ni artificial, ni tampoco baños ni sanitarios en su interior. Sólo poseen un camastro de material pero no tienen colchones ni mantas o ropa de cama”.

Además, los fiscales constataron que “las celdas individuales son extremadamente pequeñas”, de 0,90 metro por 1,5 metro, y que considerando que el espacio ocupado por el camastro es de 0,50 metro, apenas quedan 40 centímetros para que la persona se desplace, con el agravante de que permanece todo el día allí encerrada sin realizar ningún tipo de actividad ni recreación y prácticamente inmóvil.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal realizaron entrevistas individuales y confidenciales con cada uno de los detenidos, en las que constataron que viven el encierro con desesperación. Uno de ellos dijo: “Estoy acá, en el sarcófago, ni aire tengo, parecen nichos”. Otro relató que “somos cinco y tenemos un solo colchón, dormimos en el piso rodeados de mugre”. Además, un detenido contó que sufrió maltrato por parte del personal de la Comisaría 45°, así como también insultos, amenazas y golpes.

Varios detenidos pusieron énfasis en las dificultades que tienen en comunicarse con sus abogados defensores y con los juzgados donde tramitan sus causas, y en que los que tienen problemas de salud no reciben atención médica adecuada para sus afecciones. Y agregaron que al grave problema de hacinamiento que sufren se le suma que no les proveen elementos de higiene personal como papel higiénico, desodorante, cepillo de dientes o pasta dental ni toallas.

El grupo de funcionarios que ingresó en el sector de Pabellones Colectivos informó que el nivel de hacinamiento es crítico ya que el espacio disponible para cada detenido es de 1,20 metro cuadrado; y que permanecen aislados en ese lugar sin acceder a ningún tipo de patio o ambiente diferenciado. Al igual que en las celdas individuales, todas las personas detenidas tienen que dormir sobre un banco de cemento o en el piso, y tampoco poseen colchones ni mantas.

Además, los integrantes de la comitiva que realizó la inspección asentaron que “la ventilación es inexistente y que se dificulta respirar en virtud de la humedad reinante que se incrementa por el uso de la ducha, que al igual que el mingitorio y el inodoro no tiene la más mínima privacidad”.

En el informe también está reflejado el relato de un detenido en el que cuenta que “no puede ver”, ya que la Policía Metropolitana, al detenerlo, le propino golpes de puño y patadas, y que le rompieron sus anteojos. También narró que sufre dolores en las costillas de ambos lados, en la espalda y en el esternón; y que pese a que solicitó atención médica, no se la brindaron”.

Además, la mayor parte de los entrevistados reclamaban no tener acceso a un teléfono para comunicarse con sus familiares; e incluso algunos aseguraron que desde la detención no se les permitió realizar nunca un llamado para comunicar a sus familiares su situación.

Asimismo plantearon sus reclamos por las dificultades y escaso tiempo que tienen para recibir visitas. Refirieron que “sólo están permitidas una vez por semana y durante 15 minutos, tiempo escaso para poder conversar con sus seres queridos”.

Los detenidos se quejaron de que pasaban hambre en el lugar, que “el mate cocido es asqueroso”, y que sólo les habían entregado dieciocho panes pequeños para los veintidós, lo que provocó discusiones sobre quién comía y quién no”.

El sector de mujeres

El tercer grupo de funcionarios del Ministerio Público Fiscal se dirigió al sector en el que, en ese momento, alojaba a diez mujeres.  Al ingresar observaron –y asentaron en el acta labrada al final de la inspección- que “la dependencia cuenta con ocho celdas individuales de muy pequeñas dimensiones en las que las detenidas deberían permanecer en carácter transitorio al sólo hecho de ser trasladadas, por lo cual el alojamiento extendido en el tiempo desvirtúa su función, ya que mantiene a las mujeres incomunicadas, sin contacto con luz natural y ventilación, sin alimentos ni elementos de higiene personal”.

“Varias personas –constataron los fiscales- deben pernoctar allí por orden judicial, siendo las condiciones edilicias y de habitabilidad inadecuadas para esto”. Sólo disponen de un sanitario que no prevé condiciones mínimas de intimidad y reserva; y que a su vez cuenta con un solo inodoro pequeño en pésimo estado, que pierde agua por la parte inferior y emana un fuerte y desagradable olor.

Al momento de la inspección dos mujeres se encontraban detenidas en las celdas individuales, una estaba embarazada y la otra con lesiones recientes de arma blanca originadas en su lugar de alojamiento del complejo penal de Ezeiza.

Cabe destacar que las celdas individuales presentan dimensiones muy pequeñas, de 1 por 2 metros aproximadamente, resultando sumamente incómodas en cuanto carecen de luz natural, agua, ventilación y mobiliario.

Contiguo a ese recinto hay una celda colectiva femenina que tiene una dimensión de aproximadamente doce metros cuadrados y en la que estaban alojadas ocho mujeres a la espera de tener la orden judicial de traslado o audiencia.

Algunas de ellas permanecían allí desde hacía dos días. En todos los casos provenían de comisarías donde habían estado otro lapso de tiempo en pésimas condiciones materiales, y había quienes no habían ingerido alimento alguno en ese tiempo dentro de las dependencias policiales.

Las ocho detenidas sólo tenían dos colchones que estaban dispuestos en el piso en el que dormían 4 mujeres mientras que las restantes estaban acostadas en los cuatro bancos de cemento ubicados en las paredes laterales de la celda, con una frazada encima del banco en algunos casos y en otros directamente sobre el concreto. 

En uno de los laterales internos de la celda colectiva se ubica un pequeño sanitario que consta de un inodoro y en la parte externa se emplaza una pileta de manos. Según refirió el personal penitenciario, la ducha no funcionaba allí desde hacía mucho tiempo, lo cual derivaba en la imposibilidad para las detenidas de bañarse y/o ducharse, aun cuando varias mujeres permanecen allí alojadas durante días. 

En todas las entrevistas con las detenidas el dialogo se alternó con acciones tendientes a pisar y a ahuyentar cucarachas que circulaban por alrededor. En ese contexto, dos de las mujeres efectuaron denuncias de mal trato por parte de los oficiales de policía que la detuvieron.

En un tercer caso, el accionar policial llegó al extremo de quitarle la ropa e ingresarla a la unidad semi-desnuda, sólo con una remera, sin pantalones, calzado ni ropa interior y con bajas temperaturas ambientales, situación de humillación y exposición que se prolongó desde que fue ingresada por la madrugada hasta las 11.00 aproximadamente, cuando se ingresó a la inspección.

Además, la mujer presentaba una hemorragia que configuraba aún más vejatoria la situación de desnudez. Frente a las consultas de los fiscales, el personal penitenciario manifestó que no tenía prendas ni nada que hacer al respecto y deslindó responsabilidades en función de haberla recibido de tal modo por parte de la comisaría. Tampoco habían informado al juzgado de esta situación. A partir de esto se dispuso de parte de Procuvin la compra de una muda de ropa que fue entregada a la detenida, quien al vestirse manifestó: “ahora me siento persona”.