Los fiscales ad hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) José Nebbia y Fernando Vallone ratificaron en el Juzgado Criminal de Instrucción N°7 la situación de las personas privadas de la libertad en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en el palacio de Tribunales.

Luego el juez Omar Aníbal Peralta ordenó al titular de la Alcaidía que traslade a 12 internos que permanecían hacía más de una semana en el lugar que, según la acordada 33 del 2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no cuenta con "estructura edilicia adecuada, sin ventilación ingreso de luz natural". Además, el magistrado resolvió el envío de oficios a los juzgados que cuentan con plazas ocupadas en el centro de detención judicial para que intimen al Servicio Penitenciario Federal a instrumentar los movimientos necesarios para descomprimir la condiciones en las que se encontraban alojados los presos.

El juez Peralta, a pedido del presentante de la acción, resolvió además la extracción de testimonios para analizar la posible comisión de delitos y responsabilidades penales por el agravamiento de las condiciones de detención y el incumplimiento de la acordada de la Corte Suprema el 24 de septiembre de 2013 que ordenó tomar "medidas eficaces" para resolver la sobrepoblación de la Unidad y el extenso tiempo de permanencia.

Las medidas fueron consecuencia de un habeas corpus presentado ayer a viva voz por parte de Vallone, luego de una inspección sorpresiva en el lugar de detención, a favor de los detenidos que se encontraban alojados en la Unidad 28 del SPF hacía más de dos días, contrariando la decisión de los ministros del máximo tribunal que ordenaron "evitar el pernocte de internos por más de una noche". Durante la inspección, la Procuvin halló entre 25 y 30 personas que dormían en el piso sin colchón, permanecían hacinados y encerrados las 24 horas, con problemas de suministro de alimentos y varias personas descompensadas por el sufrimiento padecido. Del total de las personas alojadas, 12 de ellos habían pernoctado entre 3 y 7 noches en el lugar.

Las personas privadas de la libertad que se encontraban en la Alcaidía de Tribunales acababan de ser judicializados y habían declarado hacía pocos días ante los juzgados o las fiscalías a cargo de las causas. Sin embargo, luego de concluir los trámites de rigor quedaban a la espera de que el Servicio Penitenciario Federal disponga el traslado a otro lugar de encierro.

A pesar del éxito y la rapidez de la intervención de la Procuvin, Nebbia y Vallone subrayaron la necesidad de realizar nuevos monitoreos ya que en el mismo momento en el que el SPF trasladaba a los internos a otros centros de detención, se identificaron, trás una nueva inspección,  situaciones similares que vulneraban los derechos de nuevos internos que ingresaron en las últimas horas.

A mediados del año pasado, un informe presentado por la Procuraduría especializada había determinado que los detenidos soportaban más de 14 horas de espera para participar de las audiencias convocadas por el servicio de justicia. Sin embargo, la Procuvin concluyó en los últimos días que esa situación se agravó.