06 de febrero de 2023
06 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Para el Complejo Penitenciario Federal del NOA
Solicitaron la indagatoria de 38 funcionarios del SPF por corrupción en la contratación de alimentos
Los fiscales Eduardo Villalba y Miguel Palazzani, junto al fiscal ad-hoc Fernando Vallone, señalaron que se estableció una modalidad ilegal de contratación que favoreció a la empresa Servicios Integrales de Alimentación S.A. e incluiría sobrefacturación y actualización arbitraria de los costos. Sostuvieron además que la deficiente alimentación se tradujo en un “régimen de hambre” que generó graves padecimientos a los detenidos.

El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Salta y coordinador de ese Distrito, Eduardo José Villalba; el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad de esa dependencia, Fernando Vallone, pidieron que se cite a prestar declaración indagatoria a 38 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) -entre quienes se cuentan los directores nacionales desde el 2012 a la fecha, las máximas autoridades de administración,  contrataciones y auditoría del organismo-, y siete directores de la empresa encargada de brindar el servicio de alimentación de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal del NOA. Los representantes del Ministerio Público sostuvieron ante el Juzgado Federal N°2 de Salta, que encabeza Miguel Antonio Medina, que se estableció un “régimen de hambre” que generaba graves padecimientos en los detenidos producto de la deficiente alimentación, y que tenía como causa la mala prestación del servicio de catering por parte de la firma Servicios Integrales de Alimentación S.A.

Villalba, Palazzani y Vallone consideraron que hay motivos suficientes para sospechar que los imputados habrían incurrido en la comisión del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones”. En ese sentido, precisaron -en base a un análisis de documentación secuestrada en allanamientos-, que el servicio se dio en el marco de un régimen “irregular y excepcionalísimo” de contratación pública denominado legítimo abono, por el que se pagó la suma de $42.799.317,87 a Servicios Integrales de Alimentación S.A.

La maniobra detectada

En la presentación, se resaltó que ese mecanismo de contratación, que según los denunciantes viola las normas de contratación pública, se hizo habitual. Incluso, hasta ocupar el 68% de lo gastado para las compras de alimentos facturadas para ese establecimiento durante el año 2015. En esa línea, consideraron demostrado que existió una maniobra para demorar los trámites licitatorios y así dar paso a esa forma paralegal de contratación, que se habría ejercido de forma encriptada en el interior del Servicio Penitenciario Federal en beneficio de la empresa.

"Esta situación -resaltaron los fiscales-, provocó el direccionamiento de las contrataciones a favor de Servicios Integrales de Alimentación S.A. por sumas millonarias y la imposibilidad de activar los mecanismos legales para transparentar los procesos de compra y generación de criterios de eficiencia para obtener un adecuado servicio de alimentación".

Irregularidades

Al cotejar las raciones facturadas durante septiembre de 2013 a diciembre de 2015 con la cantidad de población que poseía el Complejo Penitenciario, se advirtió que existió sobrefacturación por $1.957.725,5 en beneficio de SIAL: las raciones facturadas superaban a la cantidad de internos que había en esa institución penitenciaria. Además, los costos del servicio se actualizaban “arbitrariamente”, incluso por encima de todos los índices de inflación.

Por último, los fiscales indicaron en la presentación que la empresa beneficiada “diferenciaba el servicio que le daba a los internos y al personal penitenciario”, en tanto se acreditó que en reiteradas ocasiones a éstos últimos se les entregaba asado, “llegando a contabilizarse una suma total de setecientos ochenta y nueve kilogramos (789 kg) entre dicho corte, chinchulines, chorizo, morcilla y vacío”, informaron.  Ese contraste con “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” tiene relación, a juicio de los fiscales, con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”.